Si bien el Presidente Lula da Silva prohibió tajantemente a las apuestas deportivas y juegos online, comienzan a surgir opiniones diversas, incluso dentro de su propio partido gobernante, el Partido de los Trabajadores, cuyo presidente nacional Edinho Silva defendió la creación de un período de transición para minimizar el impacto financiero sobre el fútbol brasileño.
En una entrevista con el medio digital Poder360, Silva afirmó que el debate debe tener en cuenta ese impacto de la salida de las casas de apuestas en la financiación de los clubes y las competiciones deportivas. Dijo que era una opinión personal, ya que el partido no ha formulado una postura sobre este tema que divide a la sociedad brasileña.
El líder del PT dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente de prohibir las apuestas en línea en Brasil. Pero, recalcó que la medida favorecerá el crecimiento de plataformas clandestinas de apuestas que atraerá al crimen organizado.
“La prohibición de las apuestas podría abrir espacio para que las apuestas en línea se desarrollen de forma clandestina e ilegal, y estas podrían terminar siendo apropiadas por el crimen organizado y utilizadas como instrumento para el lavado de dinero”, declaró.
La prohibición contenida en la Medida Provisional 1.394 del 25 de septiembre interrumpió con pocos días de aviso la financiación de los clubes de fútbol que dependen de los ingresos millonarios de los patrocinios y avisaje de los operadores de apuestas, creando una crisis en el deporte.

Silva argumenta que la salida de las empresas del fútbol debe plantearse gradualmente, teniendo en cuenta los efectos económicos de la medida en el sector.
El sector de las apuestas defiendió la existencia de un mercado de apuestas legal y regulado ante la Corte Suprema (STF) en una audiencia pública realizada el martes por el magistrado Luis Fux.
Grupos del sector y organizaciones deportivas argumentaron que una regulación más estricta ofrecería mayor protección que la prohibición de las apuestas que simplemente va a llevar a los apostadores a migrar para plataformas no autorizadas y sin control.
Celso Mori, representante del Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), advirtió que revertir abruptamente la regulación devolvería las apuestas a operadores clandestinos e irregulares, y solicitó a la corte la suspensión de la medida hasta que el Congreso pueda debater la prohibición y decidir si lo aprueba, lo rechaza o lo modifica.
Al final del día, es el Congreso que va a resolver el asunto conflictivo. Y la tendencia luego de las elecciones generales de octubre que eligió una mayoría parlamentar de derecha es que el Congreso se oponga a mantener la prohibición como fue decretada por Lula.
Representantes de los Ministerios de Justicia, Salud y Hacienda, junto con la Fiscalía General de la República, afirmaron que la prohibición era necesaria para abordar los efectos sanitarios, financieros y sociales del juego: el endeudamiento de familias y la ludopatía.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a través de su representante, el abogado Igor Mauler Santiago, detalló las cifras millonarias que el deporte genera en ingresos y en impuestos, mientras emplea a 630.000 personas.
La prohibición llegó en plena negociación de los contrato de patrocinios que tienen la mayoría de los clubes. Frente a la repentina interrupción de ingresos, los clubes van a verse obligados a vender jugadores y otros activos, y todo el ecosistema del fútbol en Brasil va a perder valor, advirtió el abogado.
“La CBF confía en que los poderes públicos lleguen a una solución razonable que deberá construirse. Un horizonte razonable un periodo de adaptación de tres temporadas”, afirmó Mauler Santiago.
La idea de una transición fue apoyada por los representantes de los clubes que declararon en la audiencia:
Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vitória y Guarani.
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