Dentro de la división en los Estados Unidos sobre los casinos de sorteos

La lucha de Esta­dos Unidos por los casi­nos de sor­te­os ha abier­to un nue­vo frente en la batal­la de larga data sobre quién debe con­tro­lar el juego: los reg­u­ladores estatales, los oper­adores de casi­nos con licen­cia o las empre­sas que dicen oper­ar jue­gos pro­mo­cionales en lugar de sitios de apues­tas.

Algunos esta­dos ya han toma­do medi­das para cer­rar este sec­tor. Otros se basan en las leyes de juego exis­tentes. Un ter­cer grupo aún no ha toma­do medi­das firmes, dejan­do a los oper­adores bus­car clientes en zonas gris­es legales.

La Amer­i­can Gam­ing Asso­ci­a­tion (AGA), que rep­re­sen­ta a la indus­tria de casi­nos reg­u­la­dos, ha cal­i­fi­ca­do el tema como una de las ame­nazas más graves que enfrenta el mer­ca­do de apues­tas en Esta­dos Unidos.

Una respuesta variada entre los estados

La línea más clara se ha traza­do en cin­co esta­dos. Según la AGA, cin­co esta­dos (Cal­i­for­nia, Con­necti­cut, Mon­tana, Nue­va Jer­sey y Nue­va York) apro­baron nue­va leg­is­lación en 2025 para “pro­hibir explíci­ta­mente las platafor­mas de sor­te­os que imi­tan casi­nos en línea o casas de apues­tas deporti­vas”.

Otros esta­dos no han esper­a­do nuevas leyes. Ari­zona y Luisiana, según la AGA, están entre los que “tomaron medi­das de cumplim­ien­to con­tra sor­te­os basa­dos en leyes pre­ex­is­tentes”. En Luisiana, los reg­u­ladores y la ofic­i­na del fis­cal gen­er­al trataron el tema como ya cubier­to por las leyes de juego. En Ari­zona, el Depar­ta­men­to de Jue­gos de Azar envió órdenes de cese y desis­timien­to a varias platafor­mas de casi­nos de sor­te­os, acusán­dolas de apues­tas ile­gales.

Delaware sigu­ió un camino sim­i­lar. Su División de Apli­cación de Jue­gos de Azar dijo que una inves­ti­gación encon­tró que un oper­ador de sor­te­os “ter­giver­só sus ser­vi­cios como sor­te­os pro­mo­cionales mien­tras per­mitía a los jugadores com­prar mon­edas para jue­gos tipo casi­no, con la posi­bil­i­dad de ganar dinero en efec­ti­vo”.

Mary­land tam­bién llevó a cabo medi­das de cumplim­ien­to, envian­do órdenes de cese y desis­timien­to a oper­adores de platafor­mas de sor­te­os no autor­izadas, mien­tras que un proyec­to de ley para con­fir­mar que los sor­te­os tipo casi­no eran ile­gales fue aproba­do por el Sena­do estatal pero no avanzó en la Cámara de Rep­re­sen­tantes.

Pero la ofen­si­va no fue bien recibi­da por todos. En Cal­i­for­nia, por ejem­p­lo, la oposi­ción a la prop­ues­ta de pro­hibi­ción de sor­te­os vino tam­bién de intere­ses trib­ales más pequeños, quienes argu­men­taron que la leg­is­lación arries­ga­ba pro­te­ger a los oper­adores estable­ci­dos, mien­tras cerra­ba nuevas opor­tu­nidades dig­i­tales. Big Lagoon Rancheria advir­tió que una pro­hibi­ción “elim­i­naría opor­tu­nidades de nego­cio para varias tribus al excluir­las de los sec­tores dig­i­tales emer­gentes, sin ofre­cer ben­efi­cios com­pen­sato­rios. Esto impactará a las tribus que no cuen­tan con el ben­efi­cio geográ­fi­co de poder oper­ar grandes casi­nos.”

La publicidad sigue las lagunas legales

Los datos de pub­li­ci­dad ayu­dan a explicar por qué la pelea se ha inten­si­fi­ca­do. En un informe pub­lic­i­tario sep­a­ra­do de la AGA, los datos mostraron que “la mitad de todos los anun­cios en línea de casi­nos en línea que ven los con­sum­i­dores son de casi­nos off­shore o de sor­te­os.”

El mis­mo informe indicó que los oper­adores off­shore y de sor­te­os “apun­tan a con­sum­i­dores en esta­dos donde no hay acciones de pro­hibi­ción o apli­cación de la ley de sor­te­os”.

La inves­ti­gación de la AGA de julio de 2025 tam­bién desafió la defen­sa cen­tral de la indus­tria, que sostiene que estos pro­duc­tos no son jue­gos de azar. Encon­tró que el 90% de los usuar­ios de casi­nos de sor­te­os con­sid­er­a­ba la activi­dad como apues­tas, mien­tras que el 68% dijo que su prin­ci­pal moti­vo para jugar era ganar dinero real.

Para los casi­nos con licen­cia, el tema tam­bién es económi­co. El juego com­er­cial reg­u­la­do gen­eró $78,600 mil­lones en ingre­sos bru­tos por juego en 2025 y $17,900 mil­lones en impuestos de juego para gob­ier­nos estatales y locales. Los sitios de sor­te­os, argu­men­tan los oper­adores de iGam­ing, están fuera de los sis­temas de licen­cias, impuestos y juego respon­s­able que los esta­dos con­struyeron alrede­dor de los casi­nos, las apues­tas deporti­vas y el iGam­ing.

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