Un tribunal federal regional en Brasil autorizó a CDA Gaming a reanudar de inmediato sus operaciones a pesar de la prohibición en vigencia sobre el mercado de apuestas deportivas y los juegos online.
En una decisión sorpresiva, que alienta esperanzas de futuros fallos judiciales favorables a la industria, la corte TRF‑3 otorgó una media cautelar que suspendió los efectos de la Medida Provisional (MP) 1.394/2026 para la empresa operadora CDA Gaming, protegiendo su tarifa de concesión de R$ 30 millones (US$5,5 millones de dólares) y sentando un precedente crucial de seguridad jurídica en Brasil.
La decisión de la jueza federal Adriana Pileggi ordena la restauración inmediata de los dominios web y los sistemas esenciales de pago y operaciones financieras para las marcas Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online.
La justificación económica presentada por el tribunal destacó que, al momento de la entrada en vigor de la medida el 25 de septiembre, el operador aún conservaba 39 meses de su autorización vigente, lo que representa aproximadamente R$ 9,2 millones por año perdido.
CDA Gaming había obtenido su licencia emitida por la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, pagando una tasa de R$ 30 millones por una concesión válida por 5 años.
El fallo de la jueza enfatizó la omisión del gobierno de permitir la indemnización o reembolso por los períodos de licencia no utilizados, estableciendo que el interés público no puede desmantelar arbitrariamente relaciones jurídicas preexistentes, establecidas mediante importantes consideraciones financieras.
Ella evaluó también el daño desproporcionado causado por el abrupto plazo de salida de diez días, sumado a la inminente amenaza de multas diarias de R$ 200.000, que equivaldrían al pago total de la concesión en tan solo 150 días.
En suma, el fallo establece que la falta de reembolso de la tasa pagada por la licencia equivale a una confiscación.
Si bien la medida cautelar se aplica estrictamente a CDA Gaming, se espera que el fallo sienta un precedente importante sobre las expectativas legítimas que otros operadores con licencia podrán ejercer para proteger sus inversiones de capital.
El fallo coincidió con la audiencia pública que realizó el martes el magistrado Luiz Fux en el Tribunal Supremo Federal (STF) sobre la prohibición decretada por el Presidente Lula da Silva.
Si bien el gobierno ha presentado al fenómeno de las apuestas como un problema de salud, quedó en evidencia en la audiencia el tremendo impacto económico que la prohibición ya está causando, con miles de despidos y la devastación de los ingresos millonarios de los clubes de fútbol que dependen de los patrocinios y la publicidad de los operadores de apuestas.
Representantes de los clubes y entidades del fútbol brasileño, el sector más golpeado por la medida drástica, pidieron un período de transición para adaptar sus finanzas y evitar el descalabro.
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) reiteraron los argumentos de sus recursos que piden la suspensión de la medida sobre los cuales le toca al magistrado Fux decidir.
Documentos de la prohibición bajo sigilo
En una noticia aún no explicada, se conoció esta semana que el gobierno de Lula restringió durante cinco años el acceso a los documentos utilizados para justificar la prohibición de las apuestas, una acción que se aprobó un día antes de la firma de la medida provisional (MP) 1.394.
Saber qué protege exactamente esta medida de sigilo y los motivos para restringir esta información se convirtió en una cuestión central en la disputa judicial entre el gobierno y los operadores con licencia que impugnan la prohibición ante el STF y se preparan para reclamar la devolución de unos R$2.500 millones pagados por sus licencias.
Dos ministerios, de Deportes y de Hacienda, del cual depende la Secretaría de Premios y Apuestas, afirman que no realizaron estudios de impacto antes de que el presidente Lula firmara la prohibición, lo cual podría constituir una ilegalidad de parte del gobierno.
La sospecha es que la reserva se diseñó para impedir que los operadores utilicen los documentos ahora bajo sigilo como pruebas en los litigios en curso y en futuras reclamaciones de indemnización.
Lo claro es que el gobierno autorizó las operaciones de apuestas por cinco años, recibió el pago de las licencias y luego puso fin a la actividad antes de que venciera ese plazo.
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