Por: Trilby Browne
En la segunda parte de su investigación sobre los aspectos más oscuros de la industria del juego en Australia, Trilby Browne, de la Unidad de Investigaciones Especiales de iGF, analiza el impacto de la adicción a las máquinas tragamonedas, los junkets y un régimen regulatorio que presenta importantes deficiencias.
“Y desearía encontrar las palabras adecuadas para hacerte sentir mejor y que puedas salir de este lugar”, cantaba Tim Freedman, líder de la banda The Whitlams, en su éxito de 1999 Blow Up the Pokies.
Las pokies —como se conoce en Australia a las máquinas tragamonedas o tragamonedas electrónicas— forman parte del paisaje cotidiano del país. Están presentes en pubs, clubes y casinos de todos los estados y territorios.
Según el Australia Institute, Australia alberga el 18 % de todas las máquinas tragamonedas del mundo, pese a contar con menos del 1 % de la población mundial.
Las pokies no son simplemente un pasatiempo marginal en la Tierra de los Canguros; son el principal motor de la enorme afición nacional por el juego. Y ese apetito desmedido comienza a mostrar síntomas preocupantes.
En mayo del año pasado, Mounties, uno de los gigantes de la industria de las tragamonedas, fue acusado por AUSTRAC, el organismo australiano encargado de combatir el lavado de dinero, de permitir que apostadores movieran alrededor de AUD$140 millones (£74 millones) de dinero ilícito.
Desde entonces, el regulador inició acciones civiles contra el grupo con sede en Sídney, alegando en documentos judiciales que la organización había atendido a “innumerables clientes sin controles adecuados”.
En esta segunda parte de la investigación de iGamingFuture sobre el panorama del juego en Australia, analizaremos los profundos problemas de corrupción que afectan a la industria.
Junkets, corrupción y crimen organizado
Australia lleva décadas enfrentando problemas de corrupción vinculados a sus casinos físicos y a las actividades económicas que los rodean.
Hace seis años, una importante investigación de AUSTRAC reveló que más de 1.000 programas de junkets operaban en todo el país, con casi dos de cada tres casinos trabajando junto a operadores de este tipo.
El informe advirtió que muchas de estas operaciones habían sido infiltradas por organizaciones criminales, incluyendo redes del crimen organizado asiático y sindicatos internacionales dedicados al lavado de dinero.
Los operadores de junkets organizan paquetes turísticos que llevan clientes a casinos y otros centros de entretenimiento. A cambio de atraer jugadores de alto poder adquisitivo, reciben comisiones basadas en la actividad de juego.
En muchos casos, además, administran y custodian directamente los fondos de los jugadores, permitiéndoles concentrarse exclusivamente en apostar.
Lavado de dinero
Este modelo genera importantes vulnerabilidades para el lavado de activos, ya que los fondos y las transacciones suelen agruparse bajo el nombre del operador del junket, mientras que los casinos tienen escasa visibilidad sobre los acuerdos financieros existentes entre el operador y cada cliente.
El informe de AUSTRAC detectó casi AUD$382 millones (£203,5 millones) en transacciones sospechosas solo durante 2020, de las cuales cerca de la mitad presentaban indicios de lavado de dinero.
Sin embargo, no todos los casos estuvieron relacionados con los junkets.
En 2023, Crown Resorts recibió una multa de AUD$80 millones (£59 millones) tras aceptar ilegalmente tarjetas bancarias chinas en su casino de Melbourne. El uso de tarjetas bancarias para apostar está estrictamente prohibido por la legislación australiana, en parte como medida para reducir tanto el lavado de dinero como la ludopatía.
Pruebas con sistemas sin efectivo y reforma regulatoria
Ante la creciente preocupación por los daños asociados al juego y el lavado de dinero, el estado de Nueva Gales del Sur comenzó en 2024 a probar sistemas de juego sin efectivo en determinados establecimientos.
El objetivo era claro: reducir las transacciones anónimas en efectivo y aumentar la trazabilidad de las apuestas realizadas en las máquinas tragamonedas.
Los documentos oficiales y diversos informes de expertos presentaron estos sistemas como una posible herramienta para mejorar la transparencia y disminuir el riesgo de delitos financieros.
Sin embargo, el ensayo estatal de doce meses fue calificado como “un fracaso absoluto”, ya que de los 243 participantes solo 14 fueron considerados usuarios activos genuinos de las máquinas electrónicas.
La legendaria Gold Coast de Australia, con sus numerosos casinos, se ha convertido en un destino predilecto para los llamados junkets o viajes organizados de juego, una actividad que conlleva importantes riesgos de lavado de dinero.
Desde el 31 de marzo de este año, Australia puso en vigor la Ley de Enmienda contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2024, una reforma diseñada para responder a las crecientes críticas de que el país no cumplía con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
Las nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo incluyen el denominado “juego obligatorio con tarjeta” (mandatory carded play) en las máquinas electrónicas, lo que obliga a los jugadores a registrarse antes de poder apostar. Estas medidas son ahora obligatorias para todos los casinos físicos australianos y son supervisadas por AUSTRAC.
Aunque los defensores de una mayor regulación consideran que se trata de un avance positivo, todavía está por verse la verdadera eficacia de estas nuevas medidas legislativas.
Bajo presión
El debate regulatorio sobre el juego y la corrupción no se ha limitado únicamente a los casinos.
Entre junio de 2023 y marzo de 2025, varios políticos australianos recibieron aproximadamente AUD$245.000 (unas £130.000) en entradas para partidos de la Australian Football League (AFL) y de la National Rugby League (NRL), como parte de una campaña de presión destinada a frenar nuevas reformas sobre el juego.
Esta generosa hospitalidad no fue casual.
Se produjo poco después de la publicación del histórico Informe Murphy, presentado en junio de 2023, que analizó en profundidad los daños derivados del juego.
En aquel momento, el gobierno federal estudiaba implementar una prohibición integral de la publicidad de apuestas online recomendada por dicho informe. Sin embargo, la iniciativa legislativa terminó estancándose.
El senador David Pocock calificó el nivel de presión ejercido sobre los legisladores como “profundamente preocupante”.
Asimismo, consideró “lamentable” que no se hubieran impulsado reformas significativas tras la publicación del Informe Murphy.
Lobby legal
Políticos de los dos principales partidos australianos recibieron cientos de entradas gratuitas durante ese período.
Este tipo de lobby no es ilegal en Australia, aunque los obsequios que superan determinado valor deben ser declarados en el registro parlamentario.
El primer ministro Anthony Albanese, del Partido Laborista, quien este año anunció nuevas restricciones parciales a la publicidad del juego, defendió su postura afirmando:
“Estamos encontrando el equilibrio adecuado. Permitimos que los adultos apuesten si así lo desean, pero no queremos que nuestros niños crezcan creyendo que el fútbol y las apuestas son inseparables.”
Según el registro parlamentario, Albanese recibió más de AUD$29.000 (£15.140) en entradas, principalmente para finales y partidos del South Sydney Rabbitohs, el equipo australiano del que es aficionado.
En medio de este intenso debate regulatorio, las encuestas muestran que el 76 % de los australianos apoya una prohibición total de la publicidad relacionada con las apuestas.
El crecimiento del mercado gris
Los operadores ilegales ya representan el 36 % del mercado australiano de juego online.
Un informe de Responsible Wagering Australia reveló que el mercado offshore se ha duplicado desde 2019 y actualmente concentra más de un tercio de toda la actividad de iGaming del país.
En 2024, este mercado alcanzó los AUD$3.900 millones (£2.040 millones) y las previsiones indican que llegará a los AUD$5.000 millones (£2.600 millones) para 2029.
El llamado mercado gris del iGaming —compuesto por plataformas offshore y operadores sin licencia que ofrecen servicios a jugadores australianos al margen del marco regulatorio nacional— continúa expandiéndose.
Aunque los casinos online están prohibidos por la Ley de Juego Interactivo de 2001 y desde marzo entró en vigor un nuevo régimen de prevención de lavado de dinero, las autoridades siguen limitadas principalmente al bloqueo de sitios web y la interrupción de servicios, sin capacidad real para controlar directamente a los operadores extranjeros.
El resultado es un auténtico juego del gato y el ratón.
No cabe duda de que la regulación doméstica se ha endurecido. Sin embargo, la demanda simplemente se ha desplazado hacia la amplia oferta disponible en plataformas offshore, mucho más difíciles de rastrear, supervisar y controlar.
¿Fuera de control o fuera de alcance?
En conjunto, las evidencias muestran un sistema sometido a una presión constante desde múltiples frentes.
Las redes de junkets han dejado al descubierto importantes vulnerabilidades en el segmento de alto valor de los casinos; las plataformas offshore continúan expandiéndose fuera del alcance de los reguladores; y la influencia política se ha instalado en el entorno del deporte y el entretenimiento.
Cada uno de estos sectores está regulado. Sin embargo, la ausencia de un organismo nacional único encargado de supervisar el juego provoca que la regulación sea fragmentada, inconsistente y poco coordinada.
El marco regulatorio australiano permanece dividido, mientras que la protección de los jugadores, la prevención de delitos financieros y la supervisión regulatoria compiten entre sí en lugar de complementarse.
Dentro de este sistema, el dinero, la influencia política y la regulación operan en distintos niveles que siguen siendo, en gran medida, opacos.
Aunque no existe un único punto de fracaso institucional claramente identificable, la estructura fragmentada del sistema regulatorio australiano está fallando tanto a los ciudadanos como a la propia industria del juego y a quienes practican el juego responsable.
Y hasta que los legisladores logren tomar un verdadero control de la situación, los australianos seguirán siendo, en términos colectivos, los mayores perdedores del mundo de las apuestas.
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