Los operadores de juego online con licencia en España están muy preocupados por el decreto del Consejo de Ministros del gobierno que limita los depósitos que cada apostador pueda hacer.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece por primera vez un tope de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas, al conjunto de operadores en los que un usuario tenga una cuenta. Antes los límites se fijaban por cada operador. Ahora todas las cantidades que deposite un usuario afectará al margen que le quede disponible en otras plataformas en las que tenga cuenta.
Estos topes se pueden modificar o incluso eliminar de forma voluntaria por parte de los propios usuarios, aunque para ello será necesario seguir un procedimiento específico y recibir información reforzada sobre los riesgos asociados al Juego.
El sistema que será supervisado por el regulador español, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), tiene como objetivo proteger a los apostadores con un entorno más seguro para las personas que juegan online y evitar que un usuario pueda superar los límites inicialmente previstos distribuyendo sus depósitos entre varias plataformas.

La asociación que representa a los operadores de juego online con licencia en España advirtió que la introducción de nuevas restricciones que se unen a “la tendencia regulatoria que, desde hace años, viene imponiendo la DGOJ”, puede reducir el atractivo del mercado regulado y fomentar el desplazamiento de consumidores hacia operadores sin licencia no autorizados.
“Según datos de la propia DGOJ, alrededor del 80% de los jugadores online en España solo participa en un único operador, lo que demuestra que el problema que la norma pretende corregir afecta a un segmento muy reducido del mercado”, dijo Jorge Hinojosa, director general de Jdigital, la asociación que representa a los operadores de juego online con licencia.
“Del mismo modo, esta normativa tiene un claro impacto en lo que a competitividad se refiere, beneficiando en último término a los operadores que acaparan la mayor parte de la actividad y que, con este límite conjunto, podrán alcanzar aún mayor concentración”, señaló en un comunicado de Jdigital.
Uno en cada cuatro jugadores acceden a operadores ilegales, de acuerdo con un informe elaborado por EY para Jdigital.
La asociación se quejó, asimismo, de los costes operativos y tecnológicos que implica el nuevo sistema, tanto para los reguladores como para los operadores, y pidió que la entrada en vigor de las medidas contemple adecuadamente el tiempo de adaptación que el sistema nuevo requiere.
“También echamos en falta una justificación basada en evidencia que permita acreditar la necesidad y proporcionalidad de esta intervención. Tras varios años de reformas sucesivas, sigue pendiente una evaluación integral sobre su impacto en el mercado regulado, en la protección efectiva de los consumidores y en la evolución del mercado ilegal”, dijo Hinojosa.










