La regulación del juego en México vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez, el detonante es una iniciativa presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, ante el Congreso de la Ciudad de México, que propone reconocer la ludopatía como una adicción y establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales de apuestas.
La propuesta busca incorporar un artículo 1° Bis y modificar el artículo 3° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Entre otras medidas, contempla advertencias sobre los riesgos asociados al juego, controles de identidad mediante reconocimiento biométrico para impedir el acceso de menores, restricciones a la publicidad de apuestas vinculada con eventos deportivos, la prohibición de determinados bonos de bienvenida y la creación de un registro nacional voluntario de autoexclusión. También plantea prohibir las apuestas relacionadas con acontecimientos políticos, conflictos bélicos, desastres naturales o crisis humanitarias.
Por tratarse de una legislación federal, la iniciativa todavía tiene un recorrido considerable por delante. Primero deberá avanzar en el Congreso de la Ciudad de México y, en caso de ser aprobada, remitirse al Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Más allá de sus posibilidades de convertirse en ley, la propuesta resulta relevante porque se suma a una serie de iniciativas que muestran cómo está cambiando la conversación alrededor del juego en México.
La propuesta de Martínez Urincho incorpora ahora otro elemento a esta conversación: la salud mental y la prevención del juego problemático.
Vistas de manera aislada, estas iniciativas responden a problemas diferentes. En conjunto, sin embargo, revelan una tendencia más amplia. El debate regulatorio mexicano está incorporando progresivamente temas que hace algunos años tenían mucha menor presencia en la agenda legislativa: protección de menores, publicidad, juego responsable, prevención de adicciones, verificación de identidad, lavado de dinero y control del mercado ilegal.
La discusión sobre ludopatía introduce, además, una distinción importante. Participar en juegos de apuesta, presentar conductas de riesgo, desarrollar juego problemático y padecer un trastorno por juego no son situaciones equivalentes. La evidencia especializada apunta hacia modelos de prevención proporcionales al nivel de riesgo, que combinan información, herramientas de autocontrol, detección temprana y acceso a apoyo especializado cuando sea necesario.
Esta diferencia será relevante si la salud mental adquiere un mayor peso dentro de la regulación mexicana. Más que responder únicamente cuando existe un problema, los modelos de juego responsable han evolucionado hacia estrategias preventivas que buscan identificar señales de riesgo antes de que aparezcan consecuencias más graves.
La expansión de la conectividad, los pagos digitales y el uso de dispositivos móviles ha convertido al canal online en uno de los principales motores de crecimiento del sector. De acuerdo con Mordor Intelligence, las apuestas deportivas representaron el 56,41 % de los ingresos del mercado mexicano de juego online en 2025, mientras que los dispositivos móviles y las tabletas concentraron el 63,92 % de la actividad.
Ese crecimiento también está obligando a revisar las responsabilidades de los operadores. Cada vez incluye más cuestiones relacionadas con la identidad del jugador, la edad, los límites de exposición publicitaria, la detección de comportamientos de riesgo y las herramientas de juego responsable.
La digitalización plantea desafíos, pero también ofrece herramientas que antes no existían. Los operadores online pueden incorporar límites de depósito o tiempo, pausas voluntarias, mecanismos de autoexclusión y sistemas capaces de detectar cambios en determinados patrones de comportamiento. La tecnología puede convertirse así no solamente en un motor de crecimiento, sino también en una herramienta de protección al jugador.
La protección de menores, la publicidad, el juego responsable, la identidad digital, el combate al mercado ilegal y la fiscalidad seguirán ocupando espacio en la agenda pública conforme el mercado online mexicano continúe desarrollándose.
México tiene, además, una oportunidad importante. El país cuenta con operadores consolidados, una creciente adopción digital y uno de los mercados de juego más relevantes de América Latina. La modernización regulatoria podría ofrecer mayor certeza tanto a las autoridades como a operadores, proveedores y jugadores.
La pregunta es si esa modernización continuará avanzando mediante reformas independientes para resolver problemas específicos o si finalmente estos temas convergerán en una actualización integral de la legislación.
La iniciativa de Martínez Urincho puede tener todavía un largo camino legislativo por delante. Pero su importancia está en otra parte: muestra que la discusión regulatoria está ampliando sus fronteras. Ya no se trata únicamente de permisos, fiscalización y operación. La protección de menores, la salud pública, el comportamiento digital y el juego responsable empiezan a ocupar un lugar cada vez mayor.
El desafío para México será integrar esas nuevas prioridades dentro de un marco regulatorio coherente con el mercado que existe en 2026, y no con el que existía cuando se promulgó su ley en 1947.
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