Tatiana María Vásquez Pastrana es abogada especialista en regulación de juegos de azar y asesora a empresas operadoras de casinos, operadores de juego online nacionales e internacionales, fabricantes de máquinas y a la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos). Además, se desempeñó como asesora de Coljuegos durante tres años, adquiriendo una amplia experiencia en materia regulatoria y de cumplimiento.
En una entrevista con iGaming Futuro (IGF), analiza la evolución del marco regulatorio del juego online en Colombia y Ecuador, poniendo el foco en los desafíos legales, tributarios y de cumplimiento que enfrenta la industria. A lo largo de la conversación aborda temas como la regulación, AML, KYC, el juego responsable, la seguridad jurídica, el combate a la ilegalidad, la innovación tecnológica y la inversión extranjera, explicando cuáles serán los factores determinantes para construir mercados sostenibles y competitivos. Asimismo, ofrece su visión sobre cómo deberían evolucionar los marcos regulatorios de la región y qué distinguirá, de cara a 2030, a los operadores que logren consolidar negocios basados en la confianza, el cumplimiento y la sostenibilidad.
Colombia es considerada uno de los mercados regulados más maduros de Latinoamérica, mientras que Ecuador avanza hacia un nuevo escenario para el juego online. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales lecciones que Ecuador debería tomar del modelo colombiano y qué aspectos debería evitar?
Ecuador se encuentra en un momento muy distinto al que vivió Colombia cuando inició la regulación de los juegos operados por internet. Y precisamente ahí radica una de sus mayores ventajas: tiene la posibilidad de construir su modelo aprendiendo de la experiencia acumulada por otros mercados de la región, aprovechando aquello que ha demostrado funcionar y evitando algunos de los desafíos que inevitablemente han surgido durante el proceso de maduración regulatoria.
Desde esa perspectiva, considero que una de las principales lecciones que puede tomar de Colombia es la importancia de construir una institucionalidad sólida desde el comienzo. Contar con un proceso de licenciamiento transparente, con reglas claras, mecanismos tecnológicos de supervisión, sistemas robustos de prevención del lavado de activos y herramientas efectivas de protección al consumidor genera confianza para la inversión y fortalece el desarrollo del mercado legal.
Ahora bien, la experiencia colombiana también demuestra que la regulación no puede entenderse como un proceso estático. Las decisiones regulatorias y tributarias deben construirse sobre análisis técnicos y evaluaciones de impacto que permitan anticipar sus efectos sobre la competitividad del mercado, el comportamiento de los consumidores y la sostenibilidad de la industria. La estabilidad regulatoria y tributaria resulta esencial para atraer inversión de largo plazo, especialmente en un sector donde los operadores realizan importantes inversiones tecnológicas y desarrollan modelos de negocio con horizontes de varios años.
Ecuador enfrenta actualmente discusiones regulatorias y tributarias relevantes, como el tratamiento del IVA, la retención en la fuente y otros aspectos que inciden directamente en la competitividad del mercado. Precisamente por ello, considero fundamental que las decisiones que se adopten respondan a una visión integral del modelo y no únicamente a objetivos fiscales de corto plazo. La experiencia comparada demuestra que un mercado legal competitivo termina generando mayor valor público para el Estado que un esquema que, aunque incremente la carga tributaria, termine desplazando a los consumidores hacia ofertas ilegales. Por esa razón, el diseño del modelo tributario debe contribuir a fortalecer la sostenibilidad del mercado regulado y no convertirse, inadvertidamente, en un incentivo para la migración hacia operadores no autorizados.
También creo que Ecuador tiene una oportunidad muy importante para mirar el mercado con una visión de largo plazo. Hoy la regulación se concentra en los pronósticos deportivos y es natural que el desarrollo del mercado responda al marco jurídico y constitucional vigente, que establece unas condiciones particulares frente a otras jurisdicciones de la región. Precisamente por ello, resulta conveniente que el diseño regulatorio conserve la flexibilidad suficiente para adaptarse a la evolución del mercado y a las decisiones que, dentro del marco constitucional aplicable, el país pueda adoptar en el futuro. La regulación debe permitir evolucionar cuando el contexto jurídico lo haga posible, sin necesidad de reconstruir el modelo desde cero.
Finalmente, Ecuador tiene la posibilidad de incorporar desde esta etapa herramientas que otros mercados han venido desarrollando con el tiempo, como mecanismos más robustos para combatir la ilegalidad, el fortalecimiento de los controles sobre la cadena de proveedores tecnológicos, el bloqueo de medios de pago y una mayor coordinación entre las diferentes autoridades del Estado. En mi opinión, los mercados regulatorios más exitosos no son necesariamente los que regulan primero, sino aquellos que saben aprender de la experiencia comparada y construyen un modelo capaz de evolucionar junto con la industria.
Durante los últimos años, los reguladores de la región han incrementado las exigencias en materia de cumplimiento. ¿Cómo cree que evolucionarán las obligaciones relacionadas con AML, KYC, protección del jugador y monitoreo transaccional durante los próximos tres a cinco años?
Creo que la tendencia es clara: las obligaciones de cumplimiento seguirán fortaleciéndose, pero también cambiará la forma en que se entienden y se supervisan. Pasaremos de modelos centrados principalmente en el cumplimiento formal de requisitos a esquemas mucho más dinámicos, apoyados en tecnología, analítica de datos y gestión integral del riesgo.
En materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, veremos procesos de debida diligencia mucho más sofisticados, donde el análisis del comportamiento transaccional tendrá un papel tan importante como la verificación inicial de identidad. El monitoreo dejará de ser un ejercicio periódico para convertirse en un proceso continuo, soportado en herramientas tecnológicas capaces de identificar patrones de riesgo y generar alertas tempranas. La evolución regulatoria que hemos visto recientemente en países como Brasil, Perú y Ecuador, donde los operadores han pasado a ser sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos, refleja claramente esa tendencia regional hacia sistemas de cumplimiento cada vez más robustos.
Algo similar ocurrirá con la protección del jugador. Cada vez será más importante utilizar la información disponible para identificar comportamientos de riesgo, fortalecer las medidas preventivas y desarrollar estrategias de intervención oportunas. En mi opinión, el juego responsable dejará de entenderse únicamente como una obligación regulatoria para convertirse en un elemento esencial de la sostenibilidad del negocio y de la confianza que reguladores, inversionistas y consumidores depositan en los operadores autorizados.
No obstante, también considero importante que esta evolución responda a un principio de proporcionalidad. El verdadero desafío no consiste en aumentar indefinidamente las obligaciones de cumplimiento, sino en asegurar que esas obligaciones respondan al nivel de riesgo que se pretende gestionar y contribuyan efectivamente a proteger la integridad del mercado. Un sistema de cumplimiento eficiente no es necesariamente el que exige más controles, sino el que permite identificar mejor los riesgos y actuar oportunamente frente a ellos.
Adicionalmente, creo que veremos una evolución muy importante en la forma en que los propios operadores entienden el cumplimiento. Ya no será un asunto exclusivo de las áreas de Compliance o Jurídica, sino un componente transversal de la cultura organizacional. Cada vez más operadores incorporarán estándares de autorregulación, integridad y buen gobierno corporativo que incluso irán más allá de las exigencias mínimas previstas por la regulación. Esa evolución será positiva para toda la industria, porque un mercado transparente, íntegro y confiable no se construye únicamente a través de la supervisión del regulador, sino también mediante el compromiso de los propios operadores con las mejores prácticas.
En ese escenario, considero que el cumplimiento dejará de ser simplemente un requisito para obtener o mantener una licencia y pasará a convertirse en un verdadero diferenciador competitivo. Los operadores que logren integrar esa cultura de cumplimiento dentro de su estrategia de negocio serán quienes generen mayor confianza para reguladores, inversionistas y consumidores, y quienes estarán mejor preparados para crecer de manera sostenible en mercados cada vez más exigentes.
Desde su experiencia tanto en Coljuegos como asesorando a operadores nacionales e internacionales, ¿cuál es hoy el mayor desafío de cumplimiento para una empresa que busca crecer de forma sostenible en mercados como Colombia y Ecuador?
Desde mi perspectiva, el mayor desafío de cumplimiento para una empresa que busca crecer de forma sostenible no consiste únicamente en cumplir las obligaciones que impone la regulación, sino también en desarrollar su actividad dentro de marcos regulatorios que ofrezcan un grado razonable de seguridad jurídica y previsibilidad. En una industria donde las inversiones son de largo plazo y los operadores deben realizar importantes desarrollos tecnológicos, estructurar equipos especializados y asumir exigentes obligaciones regulatorias, contar con reglas claras y relativamente estables resulta fundamental para planificar el crecimiento.
Naturalmente, los Estados tienen la facultad de ajustar sus políticas públicas y sus modelos regulatorios o tributarios. Sin embargo, cuando esos cambios se producen de manera frecuente o sin mecanismos adecuados de transición, el desafío para los operadores deja de ser simplemente adaptarse a una nueva obligación; pasa a ser mantener la viabilidad del negocio sin afectar el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias. La seguridad jurídica no implica que las normas no puedan cambiar, sino que esos cambios respondan a objetivos claramente definidos, cuenten con suficiente soporte técnico y permitan una implementación razonable.
Ese desafío se manifiesta de manera distinta en Colombia y Ecuador. Colombia cuenta con un mercado plenamente regulado y un régimen de licencias consolidado, por lo que los operadores han debido adaptar su operación a modificaciones regulatorias y tributarias sobre un modelo ya maduro. Ecuador, por su parte, se encuentra actualmente en la construcción de su marco regulatorio para los pronósticos deportivos online. En ese contexto, el desafío consiste en desarrollar estrategias de negocio sobre un modelo que aún está evolucionando, particularmente en aspectos tributarios y de supervisión, lo que hace aún más importante brindar seguridad jurídica, estabilidad y claridad a los operadores que están apostando por el desarrollo de este nuevo mercado.
Ahora bien, la respuesta a ese desafío tampoco depende exclusivamente del regulador. Las empresas que logran crecer de manera sostenible son aquellas que dejan de entender el cumplimiento como una responsabilidad exclusiva del área jurídica o del oficial de cumplimiento y lo incorporan como un criterio permanente para la toma de decisiones. Esa visión les permite gestionar mejor los riesgos, adaptarse con mayor rapidez a los cambios regulatorios y generar mayores niveles de confianza frente a reguladores, inversionistas y consumidores.
En definitiva, considero que el cumplimiento y la seguridad jurídica no deben entenderse como conceptos independientes. El primero exige un compromiso permanente por parte de las empresas; la segunda constituye una condición indispensable para que esas empresas puedan invertir, innovar y crecer de manera sostenible. Cuando ambos elementos se complementan, el resultado es un mercado más transparente, más competitivo y con mayor capacidad para generar confianza en todos sus actores.
En Colombia se han implementado herramientas para bloquear operadores no autorizados, aunque el desafío continúa. ¿Qué estrategias adicionales considera que podrían ser más efectivas para proteger al consumidor sin afectar la competitividad del mercado regulado?
El bloqueo de operadores no autorizados ha sido una herramienta importante dentro de la estrategia de control de la ilegalidad y debe seguir formando parte de las facultades de los reguladores. Sin embargo, la experiencia demuestra que, por sí sola, no resulta suficiente. La operación ilegal evoluciona con gran rapidez y tiene una enorme capacidad para adaptarse, por lo que la respuesta del Estado debe ser mucho más integral.
En mi opinión, el principal cambio de enfoque consiste en dejar de concentrar los esfuerzos exclusivamente sobre el operador ilegal y comenzar a intervenir toda la cadena de valor que hace posible esa operación. Eso implica fortalecer la cooperación con las entidades financieras para avanzar en mecanismos de bloqueo de medios de pago, desarrollar herramientas de inteligencia y analítica de datos, fortalecer la coordinación entre autoridades administrativas y judiciales y ampliar la cooperación internacional frente a operadores que actúan desde otras jurisdicciones.
También considero que existe una oportunidad muy importante para fortalecer el control sobre los proveedores tecnológicos. Muchos de ellos suministran plataformas, juegos, servicios de agregación y otras soluciones esenciales para la operación del mercado. Por ello, sería conveniente avanzar hacia un registro de proveedores autorizados, administrado por el regulador, que permita verificar el cumplimiento de determinados requisitos técnicos y de integridad y que, además, establezca como principio que dichos proveedores únicamente puedan suministrar sus productos y servicios a operadores debidamente autorizados. De esa manera, el control deja de concentrarse exclusivamente en el operador final y comienza a extenderse a toda la infraestructura que sustenta el mercado.
Ahora bien, proteger al consumidor también implica fortalecer el mercado legal. Un consumidor bien informado debe poder identificar con facilidad cuáles son los operadores autorizados y cuáles no ofrecen garantías de protección, transparencia o cumplimiento. En ese sentido, la educación del consumidor, la divulgación de los operadores autorizados y una regulación equilibrada de la publicidad también cumplen una función muy importante de canalización hacia el mercado regulado.
Finalmente, considero que el éxito de la política contra la ilegalidad no debería medirse únicamente por el número de páginas bloqueadas o por la cantidad de operativos realizados. El verdadero indicador debe ser cuánto logra crecer el mercado legal, cuánto se reduce la participación de la oferta ilegal y cuántos consumidores migran hacia operadores que ofrecen garantías, cumplen la regulación y contribuyen al financiamiento de la salud. Al final, la mejor estrategia para combatir la ilegalidad consiste en hacer cada vez más fuerte el mercado legal. Cuando el consumidor identifica la oferta regulada como la opción más segura, transparente y confiable, la protección del consumidor, la competitividad del sector y los objetivos del Estado dejan de ser intereses contrapuestos y pasan a reforzarse mutuamente.
Ecuador está despertando un creciente interés entre operadores internacionales. Desde el punto de vista legal y regulatorio, ¿qué características deberá tener el mercado para atraer inversión de largo plazo y evitar los problemas que han enfrentado otras jurisdicciones de la región?
Los inversionistas que participan en industrias altamente reguladas no buscan necesariamente los mercados con menos obligaciones. Lo que realmente buscan son reglas claras, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y autoridades capaces de aplicar esas reglas de manera técnica, transparente y predecible. Esas son las condiciones que permiten planificar inversiones de largo plazo y desarrollar operaciones sostenibles.
En el caso de Ecuador, considero que existe una oportunidad muy importante. Después de la consulta popular de 2011, el contexto tecnológico y la industria del entretenimiento digital han evolucionado de manera profunda. Hoy el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad de analizar el ecosistema del juego online en su conjunto y evaluar, dentro del marco jurídico y constitucional vigente, cuáles son las herramientas regulatorias más adecuadas para construir un mercado transparente, íntegro y responsable, capaz de generar recursos para el Estado, proteger a los consumidores y ofrecer confianza tanto a los operadores como a los inversionistas. Los pronósticos deportivos representan un avance importante dentro de ese proceso, pero también una oportunidad para reflexionar sobre la evolución del ecosistema digital en su conjunto y sobre los mecanismos jurídicos y regulatorios que permitan acompañar esa evolución de manera ordenada, siempre dentro del marco institucional del país.
Para lograrlo, considero fundamentales cinco elementos. El primero es la seguridad jurídica, entendida como la existencia de reglas claras y suficientemente estables que permitan a los operadores planificar sus inversiones. El segundo es una política tributaria equilibrada y sostenible, que garantice el recaudo sin afectar la competitividad del mercado regulado ni incentivar la migración hacia la oferta ilegal. El tercero es una regulación eficiente, con procedimientos de autorización, supervisión y respuesta ágiles, que acompañen la evolución del mercado. El cuarto es una estrategia integral contra la ilegalidad que combine supervisión, tecnología, cooperación interinstitucional y herramientas que permitan intervenir toda la cadena de valor de la operación ilegal. Y el quinto es mantener un diálogo técnico y permanente entre reguladores e industria, porque las mejores regulaciones se construyen escuchando a todos los actores y comprendiendo cómo evoluciona el mercado.
Creo, además, que Ecuador tiene una ventaja muy importante frente a otros países de la región: llega en un momento en el que puede aprovechar la experiencia comparada. Puede identificar aquellas medidas que han demostrado ser exitosas y, al mismo tiempo, evitar decisiones que en otros mercados han generado incertidumbre regulatoria, inestabilidad tributaria o barreras innecesarias para el desarrollo del mercado legal.
En definitiva, la mejor forma de atraer inversión de largo plazo no consiste en ofrecer menos regulación, sino en ofrecer una regulación de calidad. Un mercado con reglas claras, instituciones sólidas y una visión de largo plazo no solo atraerá operadores responsables, sino que también permitirá construir un ecosistema de juego transparente, íntegro y sostenible, capaz de generar valor público para el Estado y confianza para todos los actores del mercado.
Desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles son hoy las zonas grises o desafíos regulatorios que más preocupan a la industria y que, en su opinión, deberían resolverse para brindar mayor seguridad jurídica a operadores e inversionistas?
Más que hablar de zonas grises, creo que hoy el principal desafío consiste en lograr que la regulación evolucione al mismo ritmo que la industria. La tecnología, los nuevos modelos de negocio y las preferencias de los consumidores cambian con enorme rapidez, mientras que los procesos regulatorios suelen ser mucho más lentos. Esa diferencia genera uno de los mayores retos para operadores, reguladores e inversionistas.
Un primer desafío tiene que ver con la innovación. La aparición de nuevos productos y modelos de negocio, como los mercados de predicción (prediction markets) y otras modalidades digitales que difuminan las fronteras tradicionales entre distintas actividades, obliga a los reguladores a desarrollar marcos de análisis cada vez más sofisticados. El reto no consiste únicamente en decidir si un producto puede o no ofrecerse, sino en contar con herramientas regulatorias que permitan evaluar estas innovaciones de manera técnica, consistente y suficientemente flexible, evitando que cada nuevo desarrollo tecnológico implique comenzar nuevamente el debate regulatorio desde cero.
El segundo desafío es fortalecer la seguridad jurídica. Los inversionistas necesitan reglas claras, coherentes y previsibles. Más allá del contenido de cada regulación, resulta fundamental que exista estabilidad en los criterios de interpretación, coordinación entre las diferentes autoridades públicas y procesos regulatorios que permitan comprender con suficiente anticipación cómo evolucionará el mercado.
Un tercer aspecto que considero especialmente importante es avanzar hacia una mayor armonización regulatoria en la región. Hoy muchos operadores desarrollan actividades en varios países latinoamericanos y deben adaptarse a marcos regulatorios muy diferentes en aspectos como certificaciones, prevención del lavado de activos, protección del jugador o supervisión tecnológica. Sin desconocer la autonomía de cada país, avanzar gradualmente hacia estándares técnicos comunes facilitaría el cumplimiento, reduciría costos regulatorios y fortalecería la competitividad de la región.
Finalmente, considero que la regulación debe evolucionar desde un enfoque centrado exclusivamente en modalidades específicas hacia uno más basado en principios regulatorios. La protección del consumidor, la integridad del mercado, la prevención del lavado de activos y la transparencia seguirán siendo los mismos objetivos, aun cuando los productos y la tecnología continúen transformándose. Un marco construido sobre esos principios tiene mayor capacidad para adaptarse a la innovación sin sacrificar la seguridad jurídica.
En definitiva, creo que la mayor zona gris no está necesariamente en la norma, sino en la velocidad con la que la regulación logra responder a la evolución del mercado. El gran desafío para los próximos años será construir marcos regulatorios suficientemente sólidos para brindar certeza jurídica, pero al mismo tiempo suficientemente flexibles para acompañar la innovación sin frenar el desarrollo de la industria.
Finalmente, si proyectamos el mercado de Colombia y Ecuador hacia 2030, ¿qué cree que distinguirá a los operadores que simplemente obtuvieron una licencia de aquellos que lograron construir negocios realmente sostenibles y confiables para reguladores, jugadores e inversionistas?
Creo que hacia 2030 la licencia dejará de ser el principal factor diferenciador entre los operadores. Obtener una autorización será apenas el punto de partida. Lo que realmente distinguirá a las empresas exitosas será su capacidad para construir confianza.
Esa confianza deberá proyectarse en tres direcciones al mismo tiempo. Frente a los reguladores, mediante una cultura de cumplimiento, transparencia y cooperación permanente. Frente a los jugadores, ofreciendo productos seguros, mecanismos efectivos de protección al consumidor, altos estándares de integridad y una experiencia confiable. Y frente a los inversionistas, demostrando modelos de negocio sólidos, sostenibles y capaces de adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos.
También veremos una diferencia muy importante en la forma en que las empresas incorporan la tecnología dentro de su modelo de negocio. Los operadores más exitosos no la utilizarán únicamente para mejorar la experiencia del usuario o desarrollar nuevos productos. Harán un uso cada vez más intensivo de herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y automatización para fortalecer sus sistemas de prevención del lavado de activos, detectar operaciones inusuales, identificar comportamientos de riesgo, prevenir el fraude, fortalecer las estrategias de juego responsable y optimizar la toma de decisiones. La tecnología dejará de ser solo una herramienta comercial para convertirse en un componente esencial de la gobernanza corporativa y de la gestión integral del riesgo.
Al mismo tiempo, considero que las compañías que lograrán consolidarse serán aquellas que entiendan que el cumplimiento no es un costo ni una obligación aislada, sino una ventaja competitiva. La capacidad para anticipar cambios regulatorios, gestionar riesgos y mantener relaciones de confianza con las autoridades será tan importante como la capacidad para innovar o ganar participación de mercado.
En definitiva, creo que los operadores que liderarán el mercado hacia 2030 serán aquellos que comprendan que la sostenibilidad no depende únicamente del crecimiento económico. Depende de la capacidad para generar confianza. Porque, al final, la licencia permitirá operar, pero será la confianza la que permitirá permanecer, crecer y construir negocios verdaderamente sostenibles.
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