A comienzos de agosto, el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia suspendió la distribución de ayudas sociales a casi 1,5 millones de familias inscritas en el Programa de Alimentos Básicos, en el marco de una amplia ofensiva contra el juego online. La medida se produjo después de que el cruce de datos con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) identificara cuentas bancarias vinculadas a transacciones de apuestas online.
Y en una actualización publicada la semana pasada llegó una revelación aún más preocupante: de los 1,5 millones de registros vinculados a transacciones de juego, “los niños representaban el mayor número de transacciones de juego online: más de 1 millón”.
El ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, confirmó que 1.494.652 familias beneficiarias habían sido identificadas tras el cruce de datos con el PPATK.
De ellas, 794.475 familias también reciben el Programa de Esperanza Familiar (PKH), un sistema de transferencias monetarias condicionadas dirigido a algunos de los hogares más pobres de Indonesia.
Por el momento, sus ayudas han sido suspendidas mientras las autoridades llevan a cabo una investigación, dejando a familias vulnerables sin este apoyo.
“Hay 1.494.652 familias beneficiarias identificadas por juego online, según los datos que recibimos del PPATK.
“Es posible que ya no cumplan con los criterios para recibir asistencia social. Hay evidencia de que las ayudas están siendo utilizadas para el juego online.
“Estamos investigando el asunto en mayor profundidad, lo que también forma parte de nuestro proceso de actualización de datos”, declaró el ministro de Asuntos Sociales, Saifullah, a Bisnis.com.
Con alrededor de 23,36 millones de indonesios viviendo por debajo del umbral nacional de pobreza, esta ofensiva afecta a una población que ya se encuentra en una situación económica extremadamente vulnerable. Todas las formas de juego son ilegales en este país de mayoría musulmana.
Un millón
La historia tomó un giro considerablemente más oscuro cuando el Ministerio de Asuntos Sociales publicó una actualización el pasado miércoles (19 de agosto) sobre las cuentas identificadas.
Las autoridades indonesias determinaron que más de un millón de los 1,49 millones de registros de asistencia social vinculados al juego online correspondían a niños.
Desde entonces, el Gobierno ha abierto un proceso de apelación.
Las familias pueden solicitar una revisión a través de sus gobiernos locales o trabajadores sociales. Las autoridades comprobarán si la transacción fue efectivamente realizada por el beneficiario registrado o si su identidad o cuenta fue utilizada por otra persona.
Sin embargo, si la investigación determina que la asistencia social fue utilizada efectivamente para jugar online, los pagos serán suspendidos.
Brasil
Indonesia no es el primer país que vincula las ayudas sociales con el juego online.
Una situación similar tuvo lugar en Brasil en 2024, cuando el Banco Central descubrió que alrededor de cinco millones de personas pertenecientes a familias beneficiarias de Bolsa Família habían transferido aproximadamente R$3.000 millones (£390 millones) a plataformas de apuestas solo durante agosto.
Pero Brasil adoptó un enfoque diferente.
En lugar de congelar las ayudas, el Gobierno optó por impedir que el dinero destinado a asistencia social fuera utilizado para apostar, incluyendo restricciones sobre los métodos de pago basadas en los números de identificación CPF de los beneficiarios.
Mismo problema. Diferentes soluciones.
La comparación resulta relevante porque el enfoque actual de Indonesia plantea una pregunta difícil: cuando los beneficiarios de ayudas sociales podrían estar apostando a través de cuentas compartidas o cuentas utilizadas por otros miembros de la familia, ¿qué tan fácil es determinar quién realizó realmente la apuesta?
La enorme economía informal de Indonesia, las cuentas bancarias compartidas y un sistema de registro familiar que a menudo puede resultar complejo hacen que el nombre asociado a una cuenta no necesariamente refleje toda la realidad.
Las cuentas pueden ser compartidas, mientras que los monederos digitales y los sistemas de pago modernos pueden añadir otra capa de complejidad. Las tarjetas familiares también pueden incluir a parientes que ya no viven juntos. Además, los datos personales pueden ser utilizados de manera indebida.
El Gobierno parece reconocer esta situación, de ahí la puesta en marcha del proceso de apelación.
Pero la revelación de que se encontraron más de un millón de transacciones de juego vinculadas a niños entre los beneficiarios de ayudas sociales apunta hacia un problema mucho mayor.
Indonesia lleva años enfrentando una crisis relacionada con el juego entre menores de edad, y las autoridades de protección infantil ya habían advertido que cada vez más jóvenes están siendo atraídos hacia el juego online a través de videojuegos, redes sociales y las cuentas de adultos de su entorno.
Hasta ahora, los datos de este tipo procedentes del archipiélago indonesio habían sido escasos, por lo que encontrar niveles tan elevados de juego entre menores dentro de familias que reciben asistencia alimentaria resulta profundamente preocupante.
Problemas dentro del Ministerio
El problema del juego parece extenderse mucho más allá de las 1,5 millones de familias que actualmente están bajo escrutinio del Ministerio.
Tan rápidamente como esta ofensiva puso el foco sobre algunos de los sectores más pobres del país, también terminó poniendo el espejo frente al propio Ministerio, al revelar que, según datos del PPATK:
“Hasta 1.900 empleados del Ministerio de Asuntos Sociales eran sospechosos de participar en juegos de azar online (judol)”.
Legal o ilegal, la compleja relación de Indonesia con el juego demuestra tener raíces mucho más profundas.
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