Se intensifica en Chile lucha de casinos y loterías contra las apuestas en línea

El proyec­to de ley 14.838–03 que reg­u­la el juego y las apues­tas deporti­vas en línea en Chile cre­an­do un mer­ca­do de licen­cias com­pet­i­ti­vo, con impuestos y pro­tec­ción para los jugadores, ha avan­za­do poco des­de la aprobación de su tex­to ini­cial en el Sena­do hace más de un año. Aho­ra se ha com­pli­ca­do tras la reac­ti­vación de su dis­cusión en segun­do trámite.

Dos enmien­das pre­sen­tadas la sem­ana pasa­da pro­po­nen pro­hibir de frente las apues­tas deporti­vas y los jue­gos en línea, y una bus­ca penas durísi­mas con­tra el juego ile­gal con has­ta 15 años de cár­cel. Estas enmien­das no han sido debati­das, ni votadas, ni mucho menos aprovadas.

El pres­i­dente de la Comisión de Economía, Senador Gastón Saave­dra, pre­sen­tó un tex­to susti­tu­ti­vo que pro­hibiría las platafor­mas pri­vadas, dejan­do solo a la Pol­la Chile­na de Benef­i­cen­cia, la Lotería de Con­cep­ción, los hipó­dro­mos autor­iza­dos y los casi­nos ter­restres.

La pres­i­den­ta del Sena­do, Pauli­na Núñez, ha ido más allá. Su tex­to pro­pone respon­s­abil­i­dad penal para las empre­sas, mul­tas de has­ta 10.000 unidades trib­u­tarias men­su­ales y penas de prisión de has­ta 15 años en casos para quienes pro­mue­van o pub­liciten casas de apues­tas ile­gales en el país.

La ver­sión de Saave­dra obligaría a los provee­dores de ser­vi­cios de inter­net, las tien­das de apli­ca­ciones y las empre­sas de pago a blo­quear per­ma­nen­te­mente el acce­so, con un perío­do de tran­si­ción de has­ta 24 meses para las platafor­mas que se reg­is­traron este año con la autori­dad trib­u­taria, el Ser­vi­cio de Impuestos Inter­nos (SII), para pagar el IVA.

Actual­mente exis­ten 39 platafor­mas inscritas en el rég­i­men sim­pli­fi­ca­do del SII, además de otras diez someti­das a un mecan­is­mo de reten­ción trib­u­taria medi­ante provee­dores de pagos. Estas últi­mas no nece­sari­a­mente quedarían ampara­das por la tran­si­ción que pro­pone Saave­dra.

Las platafor­mas reg­istradas pueden seguir fun­cio­nan­do por 24 meses, aunque esto no equiv­ale a una licen­cia para oper­ar en el país. Ofre­cería una con­tinuidad tem­po­ral a las platafor­mas reg­istradas, pero no su legal­ización defin­i­ti­va.

La prop­ues­ta de la senado­ra Núñez con­tem­pla su cierre en un pla­zo de 90 días des­de la pro­mul­gación de la ley, y plantea una reestruc­turación pro­fun­da en la per­se­cu­ción penal de esta activi­dad del iGam­ing.

El gob­ier­no del Pres­i­dente José Anto­nio Kast solic­itó más tiem­po y tiene has­ta el lunes 26 de octubre para pre­sen­tar sus propias enmien­das.

Resisten­cia a la era dig­i­tal

Jun­to con las loterías estatales, los casi­nos físi­cos en Chile han bus­ca­do parar el proyec­to de ley que ha esta­do pen­di­ente des­de 2022 en el Con­gre­so y que reg­u­laría las apues­tas online y el iGam­ing. En la prác­ti­ca, opo­nen a la lle­ga­da de la era dig­i­tal del juego que ya les están restando clientes jugadores. Con­sid­er­an las platafor­mas de apues­tas como ile­gales, aunque no hay nada en el códi­go penal chileno que diga que son ile­gales.

La jus­ti­cia chile­na ha toma­do lado con las loterías estatales, orde­nan­do el blo­queo de las platafor­mas de iGam­ing, pero la agen­cia de tele­co­mu­ni­ca­ciones Sub­tel ha lle­ga­do a la con­clusión que blo­quear­las es un pér­di­da de tiem­po por que apare­cen de nue­vo en min­u­tos con direc­ciones URL cam­bi­a­dos.

El proyec­to de la Senado­ra Nuñez pro­pone blo­queos dig­i­tales dinámi­cos a las platafor­mas de apues­tas y jue­gos, con la creación de un pro­ced­imien­to judi­cial expe­d­i­to para el blo­queo per­ma­nente de por­tales web, apli­ca­ciones y canales de difusión. Asimis­mo, se incor­po­rarían mecan­is­mos flex­i­bles para exten­der de for­ma inmedi­a­ta las restric­ciones a nuevos domin­ios desar­rol­la­dos para eludir las órdenes judi­ciales ini­ciales.

Tam­bi­en pro­pone una fis­cal­ización más estric­ta del eco­sis­tema financiero, con restric­ciones oper­a­ti­vas sobre pasare­las de pago y san­ciones penales especí­fi­cas para los actores que finan­cien o pro­mo­cio­nen com­er­cial­mente estas platafor­mas a sabi­en­das de que oper­an sin licen­cia.

“El Esta­do debe actu­ar sobre toda la estruc­tura del nego­cio, no sola­mente sobre su facha­da dig­i­tal”, sub­rayó la senado­ra Pauli­na Núñez, hacien­do hin­capié en la urgen­cia de cor­tar el flu­jo económi­co que ali­men­ta a estas orga­ni­za­ciones.

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