Recursos contra prohibición de Lula son revocados por la justicia de Brasil

CDA Gam­ing, empre­sa matriz de platafor­mas Casa de Apos­tas, Bet­sul y Jogo Online, obtu­vo la sem­ana pasa­da un recur­so impug­nan­do la pro­hibi­ción de apues­tas deporti­va y jue­gos online en repenti­na, ale­gan­do que la medi­da súbi­ta de sus licen­cias por parte del gob­ier­no con­sti­tuía una “con­fis­cación” incon­sti­tu­cional de la tasa de R$ 30 mil­lones (US$5,5 mil­lones de dólares) que pagó por su licen­cia y una vio­lación de la seguri­dad jurídi­ca.

Pero el per­miso judi­cial para oper­ar sus mar­cas duró pocos días.

Tras una apelación urgente de la Fis­calía Gen­er­al de la Repúbli­ca (AGU), el juez pres­i­dente del TRF3, Johon­som di Sal­vo, revocó la medi­da caute­lar dic­ta­da por la Adri­ana Pileg­gi del mis­mo tri­bunal region­al fed­er­al TRF3.

El juez di Sal­vo dic­t­a­m­inó que per­mi­tir que cier­tas platafor­mas eludier­an la pro­hibi­ción fed­er­al gen­er­a­ba inesta­bil­i­dad reg­u­la­to­ria y rep­re­senta­ba un grave ries­go para el orden públi­co. Hizo hin­capié en que las excep­ciones para empre­sas indi­vid­uales cre­an desigual­dades jurídi­cas en todo el sec­tor y que los jue­ces indi­vid­uales no deberían anu­lar la políti­ca admin­is­tra­ti­va nacional mien­tras se evalúa la con­sti­tu­cional­i­dad defin­i­ti­va de la pro­hibi­ción de las apues­tas en el Tri­bunal Supre­mo (STF).

En su res­olu­ción, el pres­i­dente del TRF‑3 hizo ref­er­en­cia a un caso idén­ti­co ante­ri­or, que involu­cra­ba a Stake, a la cual la jueza Pileg­gi le había otor­ga­do el dere­cho a reanudar tem­po­ral­mente sus opera­ciones, antes de que di Salvio revo­cara la decisión.

“Como ya se indicó en la decisión ante­ri­or, la cuestión de las ‘apues­tas’ a la luz de la medi­da pro­vi­sion­al está sien­do juz­ga­da por el Tri­bunal Supre­mo Fed­er­al, y sería incon­ve­niente para el orden públi­co que los tri­bunales infe­ri­ores se antic­i­paran a sus inter­preta­ciones”, declaró di Sal­vo.

Per­mi­tir las opera­ciones de apues­tas de CDA Gam­ing sería “ries­go con­cre­to de grave per­juicio al orden públi­co, puesto que el man­ten­imien­to de la pro­tec­ción con­ce­di­da intro­duce un esce­nario de inesta­bil­i­dad nor­ma­ti­va incom­pat­i­ble con la gestión de las políti­cas públi­cas de ámbito nacional”, dijo en su fal­lo.

CDA Gam­ing había reanuda­do opera­ciones de las mar­cas Casa de Apos­ta y Bet­sul antes de que se le revo­cara su recur­so. Jogo da Sorte no llegó a oper­ar antes de que el pres­i­dente del TRF‑3 revo­cara la medi­da caute­lar.

Para con­tener nuevos inten­tos de impug­nar la Medi­da Pro­vi­sion­al 1.394 fir­ma­da por el Pres­i­dente Lula da Sil­ba, el Fis­cal Gen­er­al Paulo Gonet solic­itó a la Corte Supre­ma Fed­er­al (STF) la sus­pen­sión de todos los pro­ced­imien­tos en Brasil que dis­cu­tan la con­sti­tu­cional­i­dad de la medi­da pro­vi­sion­al, has­ta un fal­lo defin­i­ti­vo de la corte, que cele­bró una audi­en­cia públi­ca sobre apues­tas la sem­ana pasa­da.

Echó así por tier­ra las esper­an­zas de empre­sas oper­ado­ras de que las deci­siones de la jueza Pileg­gi abriría camino a futur­os fal­los judi­ciales favor­ables a la indus­tria.

La jus­ti­fi­cación económi­ca pre­sen­ta­da por Pileg­gi destacó que, al momen­to de la entra­da en vig­or de la medi­da el 25 de sep­tiem­bre, el oper­ador aún con­serv­a­ba 39 meses de su autor­ización vigente, lo que rep­re­sen­ta aprox­i­mada­mente R$ 9,2 mil­lones por año per­di­do.

CDA Gam­ing había obtenido su licen­cia emi­ti­da por la Sec­re­taría de Pre­mios y Apues­tas del Min­is­te­rio de Hacien­da, pagan­do una tasa de R$ 30 mil­lones por una con­ce­sión vál­i­da por 5 años.

El fal­lo de la jueza enfa­tizó la omisión del gob­ier­no de per­mi­tir la ind­em­nización o reem­bol­so por los perío­dos de licen­cia no uti­liza­dos, estable­cien­do que el interés públi­co no puede des­man­te­lar arbi­trari­a­mente rela­ciones jurídi­cas pre­ex­is­tentes, estable­ci­das medi­ante impor­tantes con­sid­era­ciones financieras.

Ella eval­uó tam­bién el daño despro­por­ciona­do cau­sa­do por el abrup­to pla­zo de sal­i­da de diez días, suma­do a la inmi­nente ame­naza de mul­tas diarias de R$ 200.000, que equiv­al­drían al pago total de la con­ce­sión en tan solo 150 días.

En suma, el fal­lo establece que la fal­ta de reem­bol­so de la tasa paga­da por la licen­cia equiv­ale a una con­fis­cación.

El fal­lo coin­cidió con la audi­en­cia públi­ca que real­izó el martes el mag­istra­do Luiz Fux en el Tri­bunal Supre­mo Fed­er­al (STF) sobre la pro­hibi­ción dec­re­ta­da por Lula.

Si bien el gob­ier­no ha pre­sen­ta­do al fenó­meno de las apues­tas como un prob­le­ma de salud, quedó en evi­den­cia en la audi­en­cia el tremen­do impacto económi­co que la pro­hibi­ción ya está cau­san­do, con miles de despi­dos y la dev­astación de los ingre­sos mil­lonar­ios de los clubes de fút­bol que depen­den de los patrocin­ios y la pub­li­ci­dad de los oper­adores de apues­tas.

Rep­re­sen­tantes de los clubes y enti­dades del fút­bol brasileño, el sec­tor más gol­pea­do por la medi­da drás­ti­ca, pidieron un perío­do de tran­si­ción para adap­tar sus finan­zas y evi­tar el descal­abro.

La Aso­ciación Nacional de Jue­gos y Loterías (ANJL) y el Insti­tu­to Brasileño de Juego Respon­s­able (IBJR) reit­er­aron los argu­men­tos de sus recur­sos que piden la sus­pen­sión de la medi­da sobre los cuales le toca al mag­istra­do Fux decidir.

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