La política del auge de los juegos de azar en línea en Sudamérica


Con­tin­uan­do con nues­tra cober­tu­ra con sabor lati­noamer­i­cano esta sem­ana, la cor­re­spon­sal espe­cial de iGF, Tril­by Browne, se escapa a Río y ofrece un agu­do análi­sis políti­co de los tres prin­ci­pales mer­ca­dos de iGam­ing de Sudaméri­ca: Colom­bia, Brasil y Argenti­na.

Impul­sa­da por una inno­vación tec­nológ­i­ca que se acel­era ráp­i­da­mente y, de man­era cru­cial, por amplias refor­mas reg­u­la­to­rias a niv­el estatal, la indus­tria sudamer­i­cana del iGam­ing se ha trans­for­ma­do con rapi­dez en los últi­mos cin­co años, con­vir­tien­do a la región en un impor­tante cen­tro para oper­adores glob­ales.

Y, según Sta­tista, se espera que el mer­ca­do de apues­tas de LATAM crez­ca en unos US$2.500 mil­lones (£1.850 mil­lones) durante el próx­i­mo lus­tro.

Pero el auge del juego en Sudaméri­ca existe den­tro de una enorme diver­si­dad de con­tex­tos políti­cos y reg­u­la­to­rios, lo que mold­ea direc­ta­mente la veloci­dad con la que los mer­ca­dos se for­mal­izan, la efi­ca­cia con la que son grava­dos fis­cal­mente y, de for­ma críti­ca, has­ta qué pun­to los oper­adores off­shore ilíc­i­tos mantienen cuo­ta de mer­ca­do.

En este análi­sis espe­cial sobre Sudaméri­ca, iGam­ing Future explo­ra los con­tex­tos políti­cos de los tres prin­ci­pales sec­tores del juego sudamer­i­cano: Colom­bia, Argenti­na y Brasil.

Colom­bia: ¿Una his­to­ria de éxi­to reg­u­la­to­rio?

El juego tiene una larga his­to­ria en Colom­bia, evolu­cio­nan­do des­de prác­ti­cas infor­males hacia una reg­u­lación for­mal con su legal­ización en 1943.

Hoy, la nación —el segun­do país más pobla­do de Sudaméri­ca— es el “pio­nero indis­cutible” de la indus­tria reg­u­la­da de la región.

En 2016, Colom­bia fue el primer país en reg­u­lar el mer­ca­do online medi­ante su Ley de eGam­ing, imple­men­ta­da por el reg­u­lador autor­iza­do por el Esta­do, Coljue­gos. Para 2024, los ingre­sos netos del iGam­ing alcan­zaron COP 2,9 bil­lones (£545 mil­lones / US$740 mil­lones).

Entre los hitos reg­u­la­to­rios más impor­tantes fig­u­ran la creación de ETESA en 1993, su pos­te­ri­or dis­olu­ción y la creación de Coljue­gos en 2011, que actual­mente actúa como prin­ci­pal autori­dad reg­u­lado­ra.

Guer­ril­las

Des­de 2022, Colom­bia está gob­er­na­da por una coali­ción de izquier­da lla­ma­da Pacto Históri­co, encabeza­da por el pres­i­dente Gus­ta­vo Petro, exguer­rillero de izquier­da del movimien­to M‑19 durante la dev­as­ta­do­ra insur­gen­cia del país, uno de los con­flic­tos arma­dos más pro­lon­ga­dos del mun­do.

Y, en línea con la agen­da social­ista del gob­ier­no, los ingre­sos fis­cales prove­nientes del juego han sido dirigi­dos direc­ta­mente al sis­tema de salud que atiende a los 52,9 mil­lones de habi­tantes del país.

Des­de que llegó al poder, la admin­is­tración Petro ha des­ti­na­do más de £740 mil­lones (US$1.000 mil­lones) de ingre­sos trib­u­tar­ios del juego recau­da­dos por Coljue­gos direc­ta­mente a la salud públi­ca, superan­do ampli­a­mente el gas­to social de gob­ier­nos colom­bianos ante­ri­ores.

Sin embar­go, ha cre­ci­do la oposi­ción a la decisión del Pacto Históri­co —adop­ta­da medi­ante poderes de emer­gen­cia— de impon­er un IVA del 19% sobre todos los depósi­tos de jugadores, medi­da que entró en vig­or a comien­zos de este año.

Y esta dis­pu­ta pone de relieve los límites con­sti­tu­cionales de la exper­i­mentación fis­cal del poder ejec­u­ti­vo den­tro de la reg­u­lación del iGam­ing.

Elec­ciones pres­i­den­ciales

La Corte Con­sti­tu­cional de Colom­bia inter­vi­no pos­te­ri­or­mente, sus­pendió el aumen­to del IVA y restable­ció tem­po­ral­mente el sis­tema ante­ri­or, basa­do en un grava­men del 15% sobre el GGR, mien­tras revisa la legal­i­dad de la medi­da.

Mien­tras tan­to, se ordenó al gob­ier­no Petro devolver estos lla­ma­dos “impuestos de emer­gen­cia”, con­sid­er­a­dos “incon­sti­tu­cionales”.

Las elec­ciones par­la­men­tarias de mar­zo de 2026 dieron lugar a un Con­gre­so frag­men­ta­do, sin una may­oría clara ni para la izquier­da ni para la derecha.

Y ha habido un aumen­to sig­ni­fica­ti­vo de la vio­len­cia políti­ca en la ante­sala de las elec­ciones pres­i­den­ciales del país, que ten­drán lugar este domin­go 31 de mayo.

Aunque la ley pro­híbe a Petro pos­tu­larse nue­va­mente, las encues­tas mues­tran a su pro­te­gi­do políti­co, el senador izquierdista Iván Cepe­da, de 63 años, como favorito.

Hijo de un senador asesina­do, Cepe­da ha prometi­do ampli­ar los pro­gra­mas sociales y con­tin­uar las nego­cia­ciones de paz con gru­pos arma­dos, pese a los resul­ta­dos lim­i­ta­dos.

Si Cepe­da gana —ya sea direc­ta­mente o al frente de una coali­ción de izquier­da— es razon­able asumir que el nue­vo gob­ier­no ren­o­vará su inten­to de impon­er el IVA del 19% o, al menos, man­ten­drá la con­tribu­ción fis­cal del juego al pro­gra­ma nacional de salud.

Brasil: ¿Una mano per­di­da?

Con una enorme exten­sión de 8,5 mil­lones de km², Brasil es, con difer­en­cia, el país más grande de Sudaméri­ca.

Tam­bién alber­ga el quin­to may­or mer­ca­do de iGam­ing del mun­do, y algunos pronós­ti­cos apun­tan a que gener­ará la mitad de los ingre­sos del juego online sudamer­i­cano.

Pero este mer­ca­do reg­u­la­do, tan esper­a­do y lan­za­do ofi­cial­mente ape­nas en enero del año pasa­do, está chocan­do con­tra una especie de muro leg­isla­ti­vo.

Refir­ién­dose a las platafor­mas de iGam­ing en un dis­cur­so tele­visa­do nacional, el pres­i­dente Luiz Iná­cio Lula da Sil­va ame­nazó recien­te­mente:

“Si dependiera de mí, las pro­hibiría todas”.

Sin duda, una declaración impac­tante vinien­do del hom­bre que impul­só orig­i­nal­mente la reg­u­lación del sec­tor medi­ante la aprobación de la Ley 14.790 en 2023.

Un mer­ca­do ilíc­i­to vibrante

Aunque Lula aclaró después que él era solo “un com­po­nente” den­tro de la estruc­tura insti­tu­cional de gob­ier­no —y enfa­tizó la necesi­dad del poder leg­isla­ti­vo en deci­siones de este tipo— sus posi­ciones políti­cas per­son­ales son claras.

Y prob­a­ble­mente influirán en la for­ma en que el país con­tinúe reg­u­lan­do y amplian­do este enorme mer­ca­do recién crea­do.

Antes de la reg­u­lación, Brasil ya era uno de los may­ores mer­ca­dos de apues­tas online del mun­do.

Y solo en su primer año reg­u­la­do, la indus­tria gen­eró aprox­i­mada­mente R$37.000 mil­lones (£5.100 mil­lones / US$7.000 mil­lones) en GGR.

Cuán­to cap­tó el todavía vibrante mer­ca­do clan­des­ti­no sigue sien­do imposi­ble de deter­mi­nar.

Uno de los prin­ci­pales motores de la reg­u­lación del iGam­ing y las apues­tas deporti­vas online fue el poten­cial fis­cal: la capaci­dad máx­i­ma del gob­ier­no para gener­ar ingre­sos medi­ante impuestos y otras fuentes.

El gob­ier­no de Lula incor­poró parte del explo­si­vo mer­ca­do gris brasileño a un mar­co reg­u­la­do, generan­do impor­tantes ingre­sos fis­cales y por licen­cias.

Los ingre­sos trib­u­tar­ios proce­dentes del juego se dis­pararon des­de R$91 mil­lones en 2024 has­ta R$9.900 mil­lones en 2025 (aprox­i­mada­mente £1.400 mil­lones / US$2.000 mil­lones).

Pro­tec­ción al con­sum­i­dor

Las autori­dades tam­bién argu­men­taron que la reg­u­lación aumen­taría la pro­tec­ción al con­sum­i­dor, reduciría activi­dades ile­gales e intro­duciría sal­va­guardas nece­sarias rela­cionadas con la adic­ción y la trans­paren­cia financiera.

Pero parece que algu­nas opin­iones han cam­bi­a­do.

Más de 25,2 mil­lones de brasileños realizaron apues­tas a través de las 79 platafor­mas reg­u­ladas disponibles durante 2025.

Eso rep­re­sen­ta más del 11% de la población de 215 mil­lones.

En diciem­bre de 2025 se lanzó una platafor­ma cen­tral­iza­da de autoex­clusión que recibió 153.000 solic­i­tudes en sus primeros 20 días.

Des­de entonces, la platafor­ma ha reg­istra­do más de 217.000 solic­i­tudes totales.

Ante esta situación, el juego —espe­cial­mente el iGam­ing— se ha poli­ti­za­do ráp­i­da­mente.

El diputa­do Pedro Uczai, del Par­tido de los Tra­ba­jadores, inclu­so pro­pu­so una pro­hibi­ción inte­gral de todas las platafor­mas de iGam­ing.

Bus­ca derog­ar com­ple­ta­mente la leg­is­lación actu­al sobre apues­tas e impon­er una pro­hibi­ción nacional del juego online, inclu­idas apues­tas de cuo­ta fija, pub­li­ci­dad, patrocin­ios y proce­samien­to de pagos.

La ini­cia­ti­va obtu­vo apoyo ini­cial de 68 leg­is­ladores del Par­tido de los Tra­ba­jadores, otorgán­dole cier­ta trac­ción políti­ca.

Sin embar­go, parece poco prob­a­ble que pros­pere cualquier inten­to de pro­hibi­ción total.

Argenti­na: Tan­go enreda­do

Argenti­na posee el mer­ca­do de juego más maduro y com­ple­jo de Sudaméri­ca.

Algu­nas esti­ma­ciones indi­can que el mer­ca­do online del país alcan­zará unos impre­sio­n­antes AR$2,40 bil­lones (£1.360 mil­lones / US$1.720 mil­lones) en 2026.

Pero el sis­tema argenti­no tam­bién está insti­tu­cional­mente frag­men­ta­do.

A pesar de la políti­ca autodefini­da como “anar­co-cap­i­tal­ista” del pres­i­dente Javier Milei —apo­da­do “El Loco”— quien llegó al poder prome­tien­do lib­er­al­ización rad­i­cal, inclu­i­da la elim­i­nación del peso argenti­no y la dolar­ización, el segun­do país más grande de Sudaméri­ca y ter­cera economía region­al sigue sien­do una repúbli­ca fed­er­al alta­mente descen­tral­iza­da.

Mien­tras el gob­ier­no fed­er­al con­ser­va com­pe­ten­cias como políti­ca exte­ri­or, defen­sa y cier­tos ámbitos fis­cales, los gob­ier­nos regionales mantienen una con­sid­er­able autonomía políti­ca inter­na.

Retóri­ca lib­er­taria

Por ejem­p­lo, no existe un reg­u­lador nacional del juego.

La reg­u­lación ocurre com­ple­ta­mente a niv­el region­al.

Cada provin­cia admin­is­tra de for­ma inde­pen­di­ente licen­cias, impuestos y cumplim­ien­to.

Por ello, pese a la ori­entación ide­ológ­i­ca del gob­ier­no fed­er­al, la reg­u­lación del iGam­ing per­manece pro­te­gi­da a niv­el provin­cial, lim­i­tan­do el impacto direc­to de las políti­cas nacionales.

La retóri­ca lib­er­taria nacional sigue coex­istien­do con mer­ca­dos provin­ciales alta­mente reg­u­la­dos.

Este paisaje reg­u­la­to­rio frag­men­ta­do sig­nifi­ca que el acce­so al mer­ca­do, el cumplim­ien­to nor­ma­ti­vo y las condi­ciones oper­a­ti­vas varían con­sid­er­able­mente entre las 13 juris­dic­ciones y la región autóno­ma de la Ciu­dad de Buenos Aires.

Como resul­ta­do, podría argu­men­tarse que el mer­ca­do argenti­no no fun­ciona como una indus­tria nacional unifi­ca­da, sino como una colec­ción de regímenes provin­ciales.

Este mapa de con­tradic­ciones define inher­ente­mente la posi­ción argenti­na den­tro de la fron­tera sudamer­i­cana del iGam­ing.

Debido a este pan­tano reg­u­la­to­rio, casi el 60% del mer­ca­do nacional per­manece en la zona gris, con la may­oría de las apues­tas real­izán­dose en platafor­mas no reg­u­ladas.

Con­clu­siones

Con nuevos mer­ca­dos como Chile —antes un vacío reg­u­la­to­rio con fuerte resisten­cia políti­ca— avan­zan­do hacia la reg­u­lación; y con Perú sien­do cat­a­lo­ga­do como “uno de los mer­ca­dos nuevos más emo­cio­nantes”, alber­gan­do empre­sas líderes como bet365 y Bet­way; hay algo com­ple­ta­mente claro:

El iGam­ing en Sudaméri­ca ha lle­ga­do para quedarse —y pros­per­ar.

Lo que difiere sig­ni­fica­ti­va­mente entre país­es no es la trayec­to­ria de crec­imien­to, sino las cir­cun­stan­cias y estruc­turas políti­cas que la mold­ean.

Sis­temas reg­u­la­to­rios cen­tral­iza­dos como el colom­biano han pro­duci­do for­mal­iza­ciones más ráp­i­das y coher­entes, inclu­so frente a inesta­bil­i­dad inter­na.

Y sus políti­cas fis­cales cen­tral­izadas han per­mi­ti­do, al menos por aho­ra, un aumen­to del gas­to finan­cia­do con impuestos.

En con­tex­tos alta­mente fed­er­al­iza­dos como Argenti­na, las fuerzas del mer­ca­do per­sis­ten, pero per­manecen sev­era­mente frag­men­tadas y gran parte de la activi­dad con­tinúa fuera del mar­co reg­u­la­to­rio.

Mien­tras tan­to, en Brasil, las cre­cientes pre­ocu­pa­ciones sobre salud públi­ca y adic­ción están ali­men­tan­do una reac­ción políti­ca adver­sa al juego.

Pese a rep­re­sen­tar una impor­tante opor­tu­nidad fis­cal, fig­uras políti­cas y respon­s­ables de políti­cas públi­cas —inclu­so al más alto niv­el pres­i­den­cial— están bus­can­do restric­ciones reg­u­la­to­rias ape­nas un año después de la legal­ización del iGam­ing.

Los mer­ca­dos están mold­ea­d­os y lim­i­ta­dos tan­to por deci­siones políti­cas como por estruc­turas insti­tu­cionales; los grandes oper­adores deben actu­ar en con­se­cuen­cia y expandirse en esta nue­va región tenien­do en cuen­ta tan­to a los pueb­los de Sudaméri­ca como a su políti­ca.

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