Desde el 13 de noviembre, dos de las plataformas de apuestas deportivas online más grandes del mundo mantienen sus operaciones suspendidas en México, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero del narcotráfico iniciada por el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con autoridades mexicanas.
Hasta el momento no existen señalamientos públicos que indiquen la participación directa de Betano o bet365 en actividades de lavado de dinero. De acuerdo con la información disponible, las entidades con las que ambas plataformas operan en México, pertenecientes al conglomerado Grupo Salinas, fueron incluidas en una lista de casinos investigados por las autoridades mexicanas en un contexto que también involucra diferencias de naturaleza administrativa y tributaria.
El cierre prolongado de Betano y bet365 se ha convertido en uno de los episodios más relevantes de la historia reciente del mercado mexicano del juego. Las plataformas dejaron de estar accesibles para millones de usuarios como parte de una operación más amplia encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cooperación con FINCEN. La medida afectó a un total de 13 casinos físicos y digitales y fue presentada como parte de una investigación relacionada con posibles deficiencias en el cumplimiento de obligaciones regulatorias y financieras.
Cabe subrayar que las investigaciones mencionadas por las autoridades no se aplican de manera uniforme a todos los casinos incluidos en el proceso, y que existen diferencias sustantivas entre los casos con señalamientos penales específicos y aquellos vinculados a procesos administrativos, regulatorios o fiscales, como es el caso de las entidades asociadas a Grupo Salinas.
Bet365 y Betano operan en México a través de las empresas Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, respectivamente, ambas vinculadas a Grupo Salinas. Desde el anuncio oficial del bloqueo, surgieron múltiples interrogantes entre los usuarios y dentro del sector sobre el alcance real de la decisión y sus implicaciones para el mercado.
Las autoridades mexicanas han argumentado que diversas plataformas de apuestas operan sin permisos directos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y que, en algunos casos, utilizan esquemas de licenciamiento intermediario que no contemplan sublicencias para operar en el país. Según la UIF, este tipo de vacíos regulatorios puede facilitar prácticas como la evasión fiscal, la falta de protección adecuada de datos personales y riesgos asociados a actividades financieras ilícitas, incluido el lavado de dinero.
Más allá de México, la industria global de las apuestas en línea se desarrolla en un entorno donde la transparencia, el cumplimiento normativo y la protección del jugador son cada vez más exigidos por los reguladores. En mercados maduros como el Reino Unido o la Unión Europea, los operadores que no alcanzan los estándares establecidos enfrentan sanciones, restricciones operativas o la retirada de licencias.
Interpretaciones y dimensiones del conflicto
Dejando de lado los aspectos técnicos, distintos analistas consideran que este caso también debe analizarse dentro de un contexto político más amplio. Las operaciones de Bet365 y Betano en México, vinculadas a entidades asociadas a Grupo Salinas y a su presidente, Ricardo Salinas Pliego, se desarrollaron en un periodo marcado por tensiones entre el grupo empresarial y el Gobierno federal.
En mercados emergentes como México, donde la interacción entre política, regulación y grandes conglomerados económicos es especialmente visible, la aplicación de medidas administrativas no siempre se percibe como un proceso exclusivamente técnico. Para los operadores internacionales, este episodio pone de relieve que el riesgo regulatorio no se limita al cumplimiento normativo formal, sino que también incluye la capacidad de gestionar entornos institucionales complejos.
Grupo Salinas ha emitido comunicados en los que rechaza las acusaciones y sostiene que sus subsidiarias cumplen con los requisitos legales y normativos aplicables, calificando las medidas como una “persecución de Estado”, según su interpretación. Por su parte, las autoridades mexicanas mantienen que las acciones están alineadas con la ley y buscan proteger la integridad del sistema financiero y a los usuarios.
La batalla legal y el acceso actual
Tras el bloqueo, se han promovido amparos y otros recursos judiciales contra las medidas adoptadas. En algunos casos, jueces federales han concedido suspensiones provisionales relacionadas con el bloqueo de dominios, aunque la Secretaría de Gobernación ha impugnado estas resoluciones para mantener restricciones sobre las cuentas bancarias y la actividad comercial hasta que exista una resolución definitiva.
En la práctica, esto significa que, aunque el proceso judicial continúa, las plataformas no operan con normalidad para los usuarios mexicanos y los servicios de apuestas activas permanecen suspendidos
Perspectivas de regreso al mercado
La posibilidad de que Bet365 y Betano retomen operaciones en México no está descartada, pero dependerá de la evolución de los procedimientos legales y de eventuales ajustes regulatorios. El regreso no se limitaría a levantar bloqueos técnicos, sino que implicaría un proceso de adaptación y negociación que podría extenderse hasta principios de 2026 o incluso más allá.
El caso de Bet365 y Betano en México marca un punto de inflexión para el sector de las apuestas en línea en América Latina. El crecimiento acelerado del mercado exige no solo expansión comercial, sino también mayor madurez regulatoria y transparencia operativa. Los operadores que comprendan que el cumplimiento no es una barrera, sino una condición de entrada, estarán mejor posicionados para aprovechar las oportunidades a mediano plazo. Para México, el desafío también representa una oportunidad de elevar estándares, reducir riesgos reputacionales y construir una industria más sólida y sostenible en el largo plazo.
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