Dos importantes asociaciones que representan a empresas de apuestas brasileñas y multinacionales que operan en Brasil presentaron el lunes una acción ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en que solicitan la suspensión inmediata de la medida adoptada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poner fin a las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea.
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), en coordinación con la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), sostiene que la medida es inconstitucional porque prohíbe una actividad que el propio Gobierno federal reguló durante los últimos dos años.
“La decisión es precipitada y genera una grave inseguridad jurídica”, afirmó el IBJR en un comunicado. “Las empresas recibieron autorización de las autoridades, cumplieron los requisitos regulatorios e invirtieron para operar conforme a las reglas establecidas por Brasil. Cambiar esas reglas de forma abrupta socava la confianza en el país, independientemente de la opinión que cada persona tenga sobre las apuestas”.
En una medida claramente dirigida a captar votos antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, Lula firmó la medida provisional el viernes y cumplió así su amenaza de campaña de cerrar las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea, a los que considera un “cáncer” que corroe a la sociedad brasileña.
Si no se revierte, la prohibición tendrá un impacto devastador en el quinto mercado de apuestas más grande del mundo, que había crecido con fuerza desde que el mismo Gobierno reguló la industria hace menos de dos años. El Congreso podría modificar o derogar la prohibición, o simplemente dejar transcurrir los 120 días previstos para aprobar la medida. En ese caso, perdería vigencia y se volvería a la situación anterior.
Lula ha calificado las apuestas como un “cáncer” en la sociedad brasileña y las ha vinculado con el aumento del endeudamiento de las familias de bajos ingresos y la adicción al juego en el país.
El IBJR reconoció que las preocupaciones por el impacto de las apuestas son legítimas, pero advirtió que la prohibición fomentará el mercado ilegal y debilitará las protecciones existentes.
“A juicio del Instituto, la medida provisional desconoce el marco legal vigente y debilita los mecanismos de control y protección creados por el propio Estado”, señaló el IBJR.
Las asociaciones han celebrado reuniones para definir conjuntamente la mejor vía legal para impugnar la prohibición total de sus actividades.
Los operadores de 188 sitios de apuestas autorizados en la creciente industria brasileña de apuestas deportivas de cuota fija están alarmados, al igual que el fútbol, el deporte más popular del país. Prácticamente todos los principales clubes dependen de patrocinios multimillonarios de operadores de apuestas para pagar a sus jugadores. Tal como están las cosas, el mercado, valorado en 5.270 millones de libras (US$7.000 millones), tiene apenas unos días para cesar sus operaciones.
La Asociación Brasileña de Operadores y Proveedores Internacionales de Juegos (Abrajogo) afirmó que la prohibición de las apuestas perjudica el “entorno de negocios” y supone “una ruptura con el marco regulatorio construido por el propio Estado brasileño”.
José Frederico Manssur, socio del estudio jurídico Natal & Manssur Advogados y especialista en regulación de apuestas deportivas y juegos de azar en línea, señaló que podría presentarse ante el Supremo Tribunal Federal una demanda basada en la inconstitucionalidad de la prohibición.
El Supremo Tribunal Federal ya ha reconocido que el Gobierno federal no tiene competencia exclusiva en materia de juegos de azar y que los estados brasileños también pueden legislar en este ámbito. En su opinión, una medida provisional de alcance nacional sería, por tanto, inconstitucional, y correspondería a cada estado adoptar su propia legislación.
Además, fue el Congreso el que aprobó la ley que legalizó inicialmente las apuestas y los juegos de azar en línea y, posteriormente, la legislación propuesta por el Gobierno de Lula para regular el sector.
Según Manssur, una medida provisional no es el instrumento jurídico adecuado para derogar esa legislación. Para ello, el Congreso tendría que aprobar una nueva ley mediante el procedimiento legislativo ordinario.
Por último, el Gobierno de Lula no ha dicho nada sobre la devolución de las elevadas tasas de licencia que pagaron las empresas para operar.
“Eso es una confiscación”, afirmó el abogado.
