En un amplio y equilibrado informe de investigación, Trilby Browne, de la Unidad de Investigaciones Especiales de iGF, analiza la eficacia y el impacto de los llamados “impuestos al vicio”. ¿Benefician al bienestar social? ¿O simplemente impulsan el mercado negro? Sigue leyendo.
ANÁLISIS: El nombre lo dice todo: los “impuestos al vicio”, también conocidos como “impuestos al pecado”, son gravámenes adicionales aplicados a bienes o servicios considerados perjudiciales para la sociedad.
Se trata, además, de una estrategia utilizada desde hace siglos por gobiernos y autoridades para generar ingresos adicionales.
Los suntuosos salones del Vaticano del papa León X, por ejemplo, estaban repletos de riquezas durante el Renacimiento, al igual que sus propios bolsillos. Y, en parte, el pontífice financió ese lujoso estilo de vida mediante impuestos aplicados a las trabajadoras sexuales.
Sí, ha leído bien: León obtuvo una auténtica “fortuna papal” gracias al trabajo de las prostitutas de la Ciudad Santa.
Aunque la historia señala que León X disfrutaba de la compañía de trabajadoras sexuales —según los relatos, estas atendían regularmente a los cardenales durante las reuniones papales—, la idea general era que este impuesto permitiría generar ingresos muy necesarios y, al mismo tiempo, desalentar activamente la práctica considerada “pecaminosa”.
Hoy, el alcohol, el tabaco, las apuestas e incluso los alimentos ultraprocesados enfrentan prejuicios similares a los que recaían sobre las trabajadoras sexuales del pasado.
Los think tanks contemporáneos comparten, en cierta medida, la lógica de León X. El impuesto al vicio busca matar dos pájaros de un tiro: el Estado obtiene ingresos adicionales y, al mismo tiempo, genera un beneficio social para la población a la que debe servir.
Beneficio para la sociedad
Sin embargo, cuando se trata de los impuestos aplicados al juego, algunos están mucho menos convencidos de que ese segundo objetivo realmente se cumpla.
Existe un argumento sólido para sostener que los impuestos al “vicio” sobre las apuestas pueden generar importantes beneficios sociales.
Algunos de estos gravámenes se destinan específicamente a financiar programas de bienestar social.
En Colombia, por ejemplo, donde, según la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), la carga tributaria se encuentra “muy por encima de los promedios internacionales”, se han recaudado más de COP4,01 billones —poco menos de £1.000 millones— para financiar la salud pública desde 2022 a través del regulador nacional, Coljuegos.
Por supuesto, no todo ese dinero corresponde a impuestos al “vicio”. Sin embargo, las empresas autorizadas en Colombia pagan un impuesto de concesión de entre el 15% y el 17% sobre el GGR, vigente desde el inicio de la regulación del juego online bajo el marco impulsado por Fecoljuegos en 2016, además de un impuesto nacional al consumo del 16% sobre las apuestas online establecido mediante el Decreto 0240, este último heredado de la administración de Gustavo Petro.
Más recientemente y más cerca de casa, en Reino Unido, el impuesto al juego remoto aumentó en el último Presupuesto de Otoño de 21% a 40% por decisión de la entonces canciller Rachel Reeves. El Gobierno señaló específicamente que el incremento ayudaría a financiar el bienestar infantil. Se trata de una de las mayores reformas fiscales que ha experimentado la industria británica de las apuestas.
La amenaza de la deslocalización
Uno de los argumentos históricos contra los impuestos al vicio en la industria del juego es el riesgo de la deslocalización hacia operadores offshore.
En términos simples, la teoría sostiene que, si las tasas impositivas se elevan demasiado, los apostadores migrarán hacia plataformas no reguladas, eliminando de golpe tanto los ingresos para las economías nacionales como las protecciones destinadas a los jugadores.
Todos sabemos que la deslocalización es indeseable. No solo provoca una pérdida de inversión y de ingresos fiscales a nivel nacional, sino que también perjudica al consumidor. Además, se la ha relacionado directamente con niveles más elevados de juego problemático.
El argumento que vincula los impuestos elevados con la deslocalización ha sido una explicación persuasiva a la que la industria ha recurrido con frecuencia.
Un ejemplo muy citado es el informe de Copenhagen Economics de 2016, encargado directamente por la Asociación Sueca de Comercio para el Juego Online, que proyectaba fuertes pérdidas de canalización —es decir, la proporción de las apuestas que permanece dentro de plataformas autorizadas— ante incrementos impositivos relativamente modestos.
Una historia diferente
Sin embargo, los datos independientes cuentan una historia muy diferente.
Un estudio publicado en 2024 puso a prueba esta teoría directamente en 29 mercados europeos y no encontró evidencia sólida de una relación entre las tasas impositivas y la canalización.
De hecho, uno de los modelos encontró exactamente lo contrario: los impuestos más elevados sobre las apuestas se correlacionaban con una mayor retención dentro de los mercados regulados, alcanzando su punto máximo con tasas de entre 28% y 37%, muy por encima del umbral del 15% que el informe de Copenhagen Economics había señalado como un punto de riesgo.
Otros mercados alrededor del mundo muestran resultados similares.
En el estado de Nueva York, por ejemplo, el GGR de las apuestas deportivas online está gravado con una tasa del 51%, la más alta de cualquier estado de Estados Unidos. Sin embargo, continúa siendo el mayor mercado de apuestas online del país tanto por volumen apostado como por ingresos.
Pero, pese al éxito sostenido de este gigantesco mercado del Empire State, algunos mercados parecen haber sufrido cuando las tasas superaron el umbral del 37%.
Uno de esos casos es Países Bajos.
¿Impulso al mercado negro?
El impuesto sobre las apuestas y el juego en Países Bajos pasó del 30,5% en 2024 al 34,2% en enero de 2025, y volvió a subir hasta el 37,8% este año. Sumado a un gravamen adicional del 1,95%, esto elevó efectivamente la carga sobre el GGR hasta casi el 40%.
A comienzos de este año, el regulador neerlandés KSA informó que, aunque esperaba recaudar €108 millones adicionales en 2025 (£93,25 millones), los ingresos adicionales por gravámenes apenas alcanzaron los €2 millones (£1,71 millones).
Este año, cuando las autoridades esperaban obtener €216 millones adicionales (£184,72 millones) en impuestos, finalmente solo se sumaron €57 millones (£48,74 millones) a las arcas públicas.
Fuentes de la industria se apresuraron a afirmar que estos cambios habían provocado que numerosos clientes migraran hacia el mercado negro. Según estas fuentes, la tasa de canalización en Países Bajos cayó por debajo del 50% por primera vez desde que el mercado fue regulado en 2021.
En 2025, al abordar estos cambios en una carta abierta publicada en el sitio web del Betting and Gaming Council del Reino Unido, Rob Wood, director financiero y subdirector ejecutivo de Entain Group, se opuso firmemente a incrementos fiscales similares en Gran Bretaña. Wood advirtió que el país “no debería repetir el error” de sus “primos naranjas” y atribuyó directamente el crecimiento del mercado negro a los nuevos aumentos impositivos.
Pero, según el informe anual de la KSA, la canalización no representaba una preocupación especialmente importante.
Una respuesta compleja
El regulador encontró que la canalización medida por jugadores se mantuvo estable, en torno al 94%.
“Pero la canalización en términos de resultado bruto del juego (GGR, las cantidades apostadas menos los premios pagados) muestra una ligera tendencia a la baja, que también continuó durante la primera mitad de 2025: pasó del 51% a finales de 2024 al 49% a comienzos de 2025”, señaló el informe de la KSA.
Si se deja de lado el enfoque de la industria, la respuesta resulta bastante más compleja.
El rendimiento bruto del juego (GGY) en Gran Bretaña alcanzó los £16.800 millones (US$22.210 millones) durante los 12 meses hasta marzo de 2024, según la Comisión de Juego del Reino Unido. Esto representa un incremento del 7,35%. El juego remoto representó casi el 50% de esos ingresos.
El impuesto del 40% aplicado en Gran Bretaña será la próxima prueba en el mundo real, y los datos correspondientes al período 2025–2026 deberían aportar algunas respuestas.
El modelo de Copenhagen Economics en el que los organismos de la industria se apoyaron durante una década ya ha sido puesto a prueba en decenas de mercados.
Y los resultados son mucho más ambiguos de lo que sugiere la narrativa de “si les cobran más impuestos, se irán”.
Sin embargo, el caso neerlandés ciertamente deja algunos interrogantes sobre la mesa.
Aun así, £1.000 millones (US$1.320 millones) destinados a la sanidad pública y los aumentos impositivos dirigidos a financiar el bienestar infantil difícilmente pueden considerarse resultados catastróficos.
Gravar a una industria basada en conseguir que las personas gasten más de lo que tenían previsto resulta, al menos, una fuente de ingresos más defendible que muchas otras.
Especialmente cuando esa industria continúa siendo uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial.
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