Las marcas de apuestas Betano, Bet365, Superbet, Sportingbet, Esportes da Sorte, Onabet, Blaze, Betnacional, Estrelabet, 7K, Cassino, 7Games, Betão, Vaidebet, H2 Bet, Pixbet, Novibet, Bullsbet, Betfair y KTO se encuentran entre las compañías alcanzadas por una demanda presentada por el Gobierno de Brasil, que reclama una compensación por daño moral colectivo y los costos asociados al sistema público de salud, según reportaron medios brasileños.
La Abogacía General de la Unión (AGU) presentó una demanda contra 17 empresas de apuestas, en la que reclama al menos US$191 millones en concepto de indemnización por el supuesto impacto social relacionado con la ludopatía, además del reembolso de los costos derivados del tratamiento de las personas afectadas a través del sistema público de salud.
El Gobierno sostiene que el monto que las casas de apuestas están obligadas legalmente a destinar al sistema sanitario resulta insuficiente para cubrir los US$496 millones que el Ministerio de Salud estima que serían necesarios para atender los casos relacionados con la adicción al juego.
La demanda también solicita la restitución por el doble de los montos apostados por personas que padecen ludopatía. La acción judicial se produce en medio de una profunda reconfiguración regulatoria en Brasil, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsara el cierre de las operaciones de apuestas online alcanzadas por la medida, mientras las asociaciones de la industria cuestionan la decisión ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Los sectores que se oponen a la prohibición advierten que el cierre del mercado regulado podría provocar una migración de los apostadores hacia plataformas ilegales.
Los últimos acontecimientos representan otro giro en el convulsionado escenario de las apuestas en Brasil, que comenzó el 25 de septiembre de 2026, cuando Lula introdujo una medida provisional que prohíbe las operaciones de apuestas online contempladas por la normativa, menos de dos años después del lanzamiento del mercado regulado en enero de 2025.
El Gobierno ha señalado la adicción al juego, el endeudamiento de los hogares y las preocupaciones de salud pública como algunos de los motivos detrás de la decisión. Bajo la medida, los operadores deben dejar de aceptar nuevas apuestas, mientras que los usuarios tienen hasta el 5 de octubre para retirar los saldos disponibles que permanezcan en sus cuentas.
El 28 de septiembre, las asociaciones de la industria de apuestas comenzaron a impugnar la medida ante el STF, argumentando que el cierre del mercado regulado podría perjudicar a las empresas legales y fomentar que los usuarios recurran a operadores no autorizados.
La disputa se intensificó entre el 29 y el 30 de septiembre, cuando empresas de apuestas y clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, recurrieron a distintas vías legales para cuestionar las restricciones y solicitar su suspensión, mientras el Gobierno mantenía vigente la medida.
Según la medida provisional, los sitios web y las aplicaciones de apuestas están programados para dejar de estar disponibles a partir del 6 de octubre. Sin embargo, la medida requiere la aprobación del Congreso para continuar vigente más allá de su período de validez constitucional, dejando abierto el futuro del mercado regulado de apuestas en Brasil.
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