El pasado miércoles, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley que modifica la regulación de los sitios de apuestas online, estableciendo también la prohibición de la publicidad y los patrocinios en este sector, una medida que podría tener un impacto significativo en el mercado.
Este proyecto avanzó luego de que varias comisiones aprobaran dos informes, uno mayoritario y otro minoritario, permitiendo que la propuesta llegue al pleno de la Cámara para su discusión.
En la reunión, los legisladores unificaron diversas propuestas, entre ellas la del diputado Maximiliano Ferraro, quien impulsa la prohibición de la publicidad de juegos de azar en el deporte, así como su difusión a través de cualquier medio, incluidos los servicios de streaming.
Ferraro destacó la urgencia de “poner límites claros a la epidemia de la ludopatía”. El dictamen de mayoría, con 90 firmas, prohíbe la publicidad de apuestas en camisetas deportivas, elimina los bonos de bienvenida en plataformas de juego online y restringe el uso de métodos de pago como tarjetas de crédito y las prestaciones sociales.
Actualmente, el fútbol argentino, especialmente la Primera División, cuenta con un significativo ingreso derivado del patrocinio de sitios de apuestas, lo que involucra a clubes destacados como River Plate y Boca Juniors. La modificación de la ley podría cambiar drásticamente este panorama, limitando una fuente clave de financiamiento para los equipos y la AFA.
Por otro lado, el dictamen de minoría, respaldado por 58 legisladores, propone una prohibición más amplia de la publicidad de apuestas en todos los medios, sin entrar en especificaciones detalladas. La diputada Silvana Giudici, encargada del informe minoritario, cuestionó el enfoque del dictamen mayoritario, señalando que podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la regulación de contenidos en redes sociales.
Una vez que las comisiones firmaron los informes, el proyecto estará listo para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Los responsables del proyecto buscan incluirlo en la agenda antes del 30 de noviembre; de no ser así, su tratamiento se postergaría hasta el próximo año.