La modernización de la legislación mexicana de juegos y sorteos vuelve a avanzar. Un año después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciara que trabajaba en una reforma, la tituar Rosa Icela Rodríguez confirmó el 3 de septiembre que la revisión interna de la propuesta está prácticamente concluida y que será sometida al Gabinete de Seguridad antes de continuar su camino hacia el Congreso.
Para una industria que lleva años escuchando hablar de una nueva legislación, la diferencia está en el momento. Ya no se trata solamente de reconocer que una ley publicada en 1947 necesita actualizarse. Segob señala que está por concluir la revisión interna con las dependencias federales involucradas y coloca nuevamente el tema dentro de la agenda del Gobierno.
Todavía no conocemos el proyecto. Tampoco existe una iniciativa del Ejecutivo presentada ante el Congreso. Por eso sería prematuro anticipar cuáles serán las reglas definitivas para operadores, permisionarios y proveedores. Pero los acontecimientos de los últimos meses permiten identificar algunos de los asuntos que probablemente estarán presentes en la discusión.
Una primera señal tiene que ver con el control del mercado. Rodríguez informó que durante esta administración se han producido sanciones y cierres de establecimientos por presuntos vínculos con lavado de dinero y defraudación fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. La funcionaria señaló que la cifra pública es de 13 casinos, aunque estimó que alrededor de 20 establecimientos han enfrentado problemas, sin precisar una cifra definitiva.
Su mensaje hacia los permisionarios también ha sido directo: advirtió sobre consecuencias ante intentos de corrupción y señaló que Segob no cuenta con representantes ni intermediarios para gestionar asuntos con la industria. Pero modernizar el sector implica algo más que fortalecer la supervisión.
Mientras el proyecto gubernamental avanzaba internamente, en el Congreso se han presentado iniciativas sobre asuntos específicos que muestran la necesidad de adaptar el marco vigente a nuevas modalidades y riesgos. En diciembre de 2025, el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, de Morena, presentó una iniciativa para exigir la verificación de mayoría de edad en tiempo real antes del registro y acceso a plataformas digitales de juegos con apuestas.
El 15 de abril de 2026, el diputado federal Pedro Miguel Haces Barba, también de Morena, presentó otra iniciativa en materia de máquinas tragamonedas. La propuesta busca regular, supervisar y sancionar la operación de estos equipos en establecimientos no autorizados y establece responsabilidades para quienes participen en su distribución, instalación, operación o financiamiento, además de contemplar decomisos y sanciones.
Ninguna de estas iniciativas debe confundirse con el proyecto que prepara Segob. Pero juntas muestran algo relevante: mientras una reforma más amplia ha seguido su proceso dentro del Ejecutivo, el Congreso también ha comenzado a abordar aspectos específicos del marco vigente.
Complexidad moderna
Ahí se encuentra probablemente una de las mayores oportunidades de la reforma.
El juego online actual funciona mediante un ecosistema mucho más complejo que el contemplado originalmente por la legislación. Además de permisionarios y operadores, intervienen plataformas tecnológicas, proveedores de juegos, sistemas de pagos, herramientas de identificación, afiliados, publicidad digital, mecanismos antifraude y soluciones de juego responsable.
Una legislación actualizada tendría la oportunidad de establecer con mayor precisión las responsabilidades dentro de esa cadena. ¿Cómo deben verificarse la identidad y la mayoría de edad de un jugador remoto? ¿Qué controles corresponden a pagos, publicidad, autoexclusión y protección del consumidor?
También existe una cuestión competitiva. Aumentar las obligaciones sobre las empresas reguladas sin mejorar simultáneamente la capacidad para identificar y actuar contra operadores no autorizados puede ampliar la diferencia de costos entre quienes cumplen y quienes permanecen fuera del sistema.
Por eso la certeza jurídica no debe entenderse como una petición para reducir supervisión. Es parte de una regulación efectiva: permite establecer quién responde por cada actividad, cuáles son las reglas y qué consecuencias existen cuando se incumplen.
El anuncio del 3 de septiembre no significa que México tendrá próximamente una nueva ley. La propuesta todavía deberá pasar por la revisión anunciada del Gabinete de Seguridad antes de avanzar hacia el Congreso.
Pero deja una señal distinta: el proyecto sigue vivo y Segob afirma que su revisión interna está prácticamente concluida.
Después de décadas operando sobre una ley de 1947 complementada por un Reglamento que ha debido adaptarse a la evolución del mercado, México tiene la oportunidad de hacer algo más que actualizar una norma. Puede construir un marco más claro y coherente para regular su industria de juegos y apuestas en la era digital.
