IGF se volvió a cruzar con Tatiana María Vásquez Pastrana, abogada especialista en regulación de juegos de azar y exasesora de Coljuegos en Colombia, durante el SBC de Lisboa.
En una charla sobre lo que significa prohibición de las apuestas en Brasil, Vásquez Pastrana analiza el impacto de la medida sobre el mercado de apuestas, sus consecuencias jurídicas y el posible efecto en la inversión y la regulación de la industria en América Latina.
¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo actualmente en Brasil y cuáles consideras que son sus principales implicaciones jurídicas y para la industria?
Lo que está ocurriendo compromete algo esencial para cualquier mercado regulado: la confianza en las decisiones del Estado. Las empresas en Brasil invirtieron bajo un marco legal, pagaron los altos costos de la licencia, contrataron personal y destinaron recursos a tecnología, certificaciones y cumplimiento, e invirtieron en publicidad y patrocinios. Los proveedores también comprometieron recursos y desarrollaron relaciones comerciales sobre esa base. Un cambio de esta magnitud afecta a toda esa estructura.
El Gobierno ha fundamentado la medida en la protección de la salud y en el endeudamiento de las familias, que sin duda son preocupaciones que merecen una respuesta seria. Precisamente por eso, debemos preguntarnos si una prohibición general es la herramienta más eficaz y proporcional, qué alternativas regulatorias se evaluaron y cómo se protegen las situaciones que el propio Estado autorizó.
Desde mi perspectiva jurídica, el debate tiene tres ejes: la justificación de la medida, la suficiencia de la transición y la protección de la confianza legítima. El Estado puede modificar su política pública, pero debe justificar cómo lo hace y cómo distribuye las consecuencias de ese cambio. La coherencia estatal importa especialmente cuando se han promovido inversiones y exigido compromisos de largo plazo.
También me preocupa el efecto de esta decisión sobre la canalización, entendida como la capacidad de atraer y mantener la demanda de juego dentro de la oferta legal y supervisada. Una prohibición no garantiza que esa demanda desaparezca; al cerrar la oferta autorizada, se elimina precisamente el canal a través del cual el Estado puede supervisar la actividad, exigir trazabilidad de los recursos y proteger al jugador. Por eso, el éxito de una política pública debe evaluarse también por su capacidad de lograr que una mayor proporción del juego se desarrolle dentro del mercado regulado. La pregunta es si esta medida protege mejor a las personas o termina favoreciendo que la demanda sea captada por la oferta ilegal.
Desde lo legal, Es previsible, que se inicien las controversias sobre las autorizaciones extinguidas, los recursos pagados y la protección de las inversiones realizadas, incluidas las extranjeras.
En conclusión, mi posición es que una decisión de esta trascendencia debe evaluarse por sus resultados previsibles, por su proporcionalidad y por sus efectos sobre la confianza institucional. La protección del consumidor y la seguridad jurídica deben sostenerse conjuntamente.
¿Cómo podría cambiar la situación de Brasil el panorama regulatorio y de inversión para la industria a nivel regional?
Brasil cambia la conversación regional porque pone el “riesgo político” en el centro de la evaluación de los mercados. Su medida no modifica automáticamente las leyes de otros países, pero sí puede influir en las decisiones de inversión y en los debates sobre el futuro de la actividad.
Para evaluar un mercado hay que mirar sus reglas, sus condiciones económicas y también el entorno político y la consistencia de las políticas públicas que lo sostienen. Mi lectura es que los inversionistas van a exigir mayor previsibilidad: instituciones sólidas, reglas claras y una perspectiva razonable de continuidad. Esto puede traducirse en proyectos aplazados, mayor cautela o una revisión de las estrategias de expansión. No asumiría que los recursos que dejan de invertirse en Brasil necesariamente llegarán a otro país; también pueden dejar de invertirse en la región.
Es por ello que considero que sobre ese escenario, el papel de los gremios de la industria cobra todavía más relevancia. Su participación debe ser permanente, tanto en la construcción de la regulación como en la discusión de las políticas públicas relacionadas con salud, publicidad, tributación y prevención de la ilegalidad. Esa interlocución contínua permite aportar evidencia, advertir consecuencias y mantener una discusión informada con los gobiernos. También es una forma de defender la institucionalidad y de evitar que el sector solo tenga voz cuando ya enfrenta una crisis.
A los gobiernos hay que exigirles coherencia. Cuando un Estado decide regular una actividad, invita a las empresas a formalizarse y les exige inversiones importantes, asume una responsabilidad frente a las condiciones que ha creado. Los problemas del mercado requieren respuestas sustentadas, proporcionales y con una evaluación seria de sus efectos.
Una prohibición puede cerrar las empresas visibles sin conseguir que la actividad desaparezca. La demanda puede continuar en la clandestinidad, donde es mucho más difícil ejercer control. Por eso considero más sólido establecer reglas claras, corregir las fallas del modelo y perseguir eficazmente la oferta ilegal. También hay que preservar condiciones económicas que hagan viable operar dentro de la ley.
La industria, por su parte, tiene una responsabilidad concreta: demostrar con resultados el valor de la formalidad y del juego responsable. La prevención del acceso de menores, la detección de comportamientos de riesgo y la respuesta efectiva al jugador deben poder verificarse.
La lección regional es que la sostenibilidad exige compromiso de ambos lados: empresas que cumplan y Estados que actúen con consistencia. Una política pública sólida debe poder trascender los ciclos electorales.
¿Cuáles fueron tus sensaciones tras participar en el SBC Lisboa y cuáles fueron las principales preocupaciones que percibiste entre los asistentes respecto a Brasil?
Brasil fue uno de los temas que más marcaron esta edición del SBC Lisboa. En las conversaciones en las que participé percibí la preocupación y desconcierto normales que genera una decisión tan drástica y tan impensada, pero a su vez percibí mucha unión entre los empresarios brasileños y una solidaridad muy clara del resto de la industria con ellos.
Es comprensible por la dimensión de Brasil y por el lugar que ocupa en los planes de expansión regional. Pero también porque detrás de cada decisión regulatoria hay personas, empresas y proyectos que han comprometido años de trabajo. Hablamos de recursos destinados a autorizaciones, tecnología y cumplimiento, de equipos de trabajo y de relaciones comerciales construidas con una expectativa de continuidad.
La pregunta que aparecía constantemente era qué va a pasar. Entre las personas con las que conversé había un cuestionamiento muy fuerte a la coherencia de la medida, una lectura extendida sobre el peso del contexto electoral y una expectativa compartida de que la prohibición no se consolide durante el debate en el Congreso. Esa fue la percepción que recogí en la feria; jurídicamente, el desenlace sigue abierto.
También escuché una inquietud recurrente: si ya existe una oferta ilegal importante, ¿cómo se espera resolver ese problema cerrando precisamente a quienes están identificados y sujetos a controles? Esa pregunta resume buena parte de la preocupación del sector.
Para mí, como abogada dedicada a esta industria, fue especialmente significativo ver el lugar que ocupó la seguridad jurídica en las conversaciones. La innovación, la tecnología y el crecimiento necesitan reglas e instituciones que permitan planificar. Lo que sucede en Brasil hace que todos nos preguntemos por la estabilidad de los mercados en los que trabajamos.
También me llevo una reflexión sobre nuestra responsabilidad: debemos explicar mejor qué implica operar legalmente y demostrar, con hechos, el valor de la regulación y de la protección al jugador. El trabajo gremial y el diálogo con las autoridades deben ser continuos y estar respaldados por información.
Me llevo la imagen de un sector unido y consciente de lo que está en juego. La confianza para invertir y construir proyectos de largo plazo depende de reglas consistentes, cumplimiento efectivo y resultados que la sociedad pueda reconocer.
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