El Betting and Gaming Council (BGC) ha respondido con dureza al Presupuesto de Otoño presentado ayer, criticando enérgicamente la decisión del ministro de Hacienda, John Healey, de elevar al 25% el impuesto sobre las máquinas de juego (Machine Games Duty, MGD).
El BGC advierte que, según las proyecciones de EY, casi 9.000 personas podrían perder sus empleos y cerca de 1.000 casas de apuestas y casinos podrían cerrar o enfrentarse a un riesgo significativo de cierre. Se trata de la última medida de una larga serie de aumentos impositivos que afectan a la industria británica de las apuestas.
En su respuesta al presupuesto, la asociación comercial, que representa a una parte importante del sector regulado de las apuestas y el juego en Reino Unido, señaló que la medida llega mientras la industria todavía asimila los cambios fiscales del año pasado, que supusieron un incremento de £1.700 millones (US$2.330 millones).
El impuesto sobre el juego online aumentó al 40% en abril de 2026, mientras que está previsto que el impuesto general sobre las apuestas (General Betting Duty) suba al 25% en abril de 2027.
Cierres
Según el BGC, más de 600 casas de apuestas han cerrado o anunciado su próximo cierre desde el Presupuesto de Otoño del año pasado, presentado por la entonces ministra de Hacienda laborista Rachel Reeves. Durante el mismo período, más de 11.000 empleos en los segmentos online y presencial se han perdido o han quedado en riesgo.
La organización sostiene que el aumento impositivo pondrá en peligro casinos y puestos de trabajo, además de debilitar las inversiones previstas, a pesar de las recientes reformas gubernamentales destinadas a impulsar el crecimiento.
El organismo también advirtió que el norte de Inglaterra y Escocia serán algunas de las regiones más afectadas por esta subida de impuestos.
En su respuesta al presupuesto, el BGC destacó las consecuencias para las calles comerciales de las localidades situadas fuera de Londres.
Más de ocho de cada diez empleos en casas de apuestas se encuentran fuera de la capital, en zonas donde las oportunidades laborales alternativas suelen ser limitadas.
Este nuevo aumento de los impuestos al juego también podría afectar al apoyo financiero que la industria proporciona al deporte británico. Entre sus contribuciones anuales se encuentran alrededor de £350 millones (US$466,2 millones) a las carreras de caballos y más de £40 millones (US$53,27 millones) a la English Football League y al fútbol escocés, además de aportes al rugby league, los dardos y el snooker.

El impacto en las personas
Grainne Hurst, directora ejecutiva del Betting and Gaming Council, afirmó:
«Esta es una decisión profundamente perjudicial y un golpe para los miles de trabajadores, empresas y comunidades que dependen de la industria regulada de las apuestas y el juego en Reino Unido.
»El ministro de Hacienda ha ignorado las reiteradas advertencias sobre las consecuencias de esta medida.
»Con un tipo impositivo del 25%, las proyecciones de EY indican que casi 9.000 personas podrían perder sus empleos y cerca de 1.000 casas de apuestas y casinos podrían cerrar o enfrentarse a un riesgo significativo de cierre.
»Estamos hablando de personas y familias reales que se enfrentan a la pérdida de sus ingresos y de su estabilidad económica, en lugares donde encontrar un empleo alternativo puede resultar difícil».
Hurst añadió que los impuestos más elevados sobre la industria regulada también harán que el mercado ilegal del juego resulte más atractivo para los clientes. Según explicó, los operadores ilegales no pagan impuestos en Reino Unido, no contribuyen al deporte británico y no ofrecen ninguna de las medidas de protección exigidas a las empresas con licencia.
«Ya contribuimos con £6.800 millones a la economía británica, generamos más de £4.000 millones en impuestos y respaldamos 109.000 empleos.
»El ministro de Hacienda ha optado por una subida impositiva que destruirá puestos de trabajo, provocará el cierre de empresas y vaciará las calles comerciales, al tiempo que otorgará una ventaja a los operadores ilegales. El Gobierno no puede ignorar las consecuencias de esta decisión».
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