Mientras que los críticos dicen que el juego es una amenaza a la salud social, en Colombia la industria de apuestas y juegos de azar realiza una considerable contribución al sistema de salud pública del país a través de impuestos y transferencias regulatorias recaudadas de los operadores autorizados de casinos, loterías, apuestas deportivas y plataformas online.
En el año 2025 recién pasado, los juegos de azar aportaron a la salud de los colombiano $1,06 billones de pesos (US$ 289 millones), según cifras oficiales entregadas por el presidente de regulador nacional Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.
“Los juegos de suerte y azar representan un porcentaje significativo del PIB dentro del segmento del entretenimiento, mostrando un dinamismo notable en la economía nacional”, afirmó Hincapié, quien advirtió que los operadores ilegales sin autorización, la mayoría localizados offshore, siguen siendo un desafío crítico, principalmente por los recursos que dejan de entrar al sistema subsidiado de salud.
Los operadores de juegos de azar con licencia en Colombia están sujetos a impuestos sobre los ingresos brutos del juego (GGR) y a otras tasas, una parte de las cuales está expresamente destinada a los fondos de salud y servicios sociales. Estos recursos se canalizan a través de Coljuegos hacia mecanismos de financiación de la salud pública como ADRES y el régimen subsidiado, que cubre a la población de menores ingresos. El papel del sector del juego legal como fuente de financiación vital para el sistema de salud y está reconocido dentro del modelo de seguridad social colombiano.
Pese a la contribución de estos fondos que financian la atención médica de millones de colombianos, y con una tendencia al alza en los aportes, el sector del juego quedó muy inconforme con la imposición del impuesto IVA de 19% a los depósitos de los apostadores por el gobierno como parte de un paquete de medidas tributarias ampliadas. Los operadores alegaron que la medida del IVA a los depósitos hacía inviable a sus empresas y aumentaría el mercado ilegal.
No obstante, Hincapie señaló que “el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Gustavo Petro afecta exclusivamente a los 14 operadores de juegos en línea autorizados por Coljuegos. Este grupo transfirió al tesoro nacional un estimado de $1,35 billones de pesos por concepto de IVA, recursos destinados a atender la crisis humanitaria en la región del Catatumbo”.
El decreto que impuso el IVA a los depósitos en 2025, con la oposición del Congreso, venció a fin de año. Pero a partir del 1 de enero entró en vigor un nuevo decreto temporal (no es ley) de emergencia económica, hasta el 31 de diciembre de este año, que vuelve a poner el IVA del 19% pero esta vez sobre el GGR en vez de los depósitos de apostadores. Actualmente, hay una revisión del decreto en la Corte Constitucional que decidirá si el decreto sigue firme o si es inconstitucional y debe caer.

Cabe destacar que, a pesar de esta carga impositiva, el sector mantuvo sus aportes constantes al sistema de salud subsidiado y se ha consolidado como uno de los que más aporta al desarrollo y a la paz en territorios vulnerables, señala Coljuegos. “Por ello, trabajamos en regulaciones que protejan a esta industria y aseguren su rentabilidad futura”, dijo Hincapié.
Las polémicas sobre impuestos y sobretasas no han disminuido la dinámica de apuestas online en Colombia
“Al contrario: durante 2025, el volumen de apuestas aumentó mes a mes. En diciembre se registró un incremento del 25% respecto al mismo mes de 2024, pasando de $4,57 billones de pesos (US$1.245 millones de dólares), a más de $5,73 billones (US$1.562 millones de dólares). Nunca antes se había apostado tanto en el país. Proyectamos que, con la llegada del Mundial de Fútbol 2026, esta tendencia se acentúe, lo que se traducirá en mayores recursos para el régimen subsidiado de salud”, dijo Hincapié al periódico El Nuevo Siglo.
Añadió que Colombia es hoy un referente en América Latina, contando con un marco normativo sólido que garantiza una recaudación eficiente y un control transparente de la actividad, distanciándose de otros mercados regionales donde la regulación es aún fragmentada o incipiente.
Durante la feria de ICE Barcelona 2026 la semana pasada, Coljuegos firmó un acuerdo de cooperación con la Policía Nacional de España para combatir el juego ilegal transnacional, buscando cerrar brechas regulatorias, proteger la legalidad y fortalecer la confianza de los apostadores en el sistema formal.









