El presidente filipino Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ha firmado la Ley de la República 12312, también conocida como la Ley Anti-POGO de 2025, que prohíbe oficialmente a los controvertidos Operadores de Juegos Offshore de Filipinas (POGOs), y revoca todas las licencias restantes con efecto inmediato.
Todas las actividades de juego en el extranjero ahora están clasificadas como “ilegales” bajo la Ley Antilavado de Dinero del país.
El proyecto de ley, firmado “en cámara” el 23 de octubre, se hizo público el 29 de octubre.
Las penas para los infractores incluyen multas y penas de prisión. Para los infractores por primera vez, esto podría significar de seis a ocho años de prisión y multas de ₱300,000 a ₱15 millones. Los reincidentes corren el riesgo de hasta 12 años de prisión y sanciones de ₱50 millones.
Si el infractor es un residente extranjero, se le prohibirá permanentemente volver a Filipinas.
La Ley formaliza el cierre de la industria POGO, que alguna vez fue lucrativa —estimada en generar ₱166.5 mil millones en ingresos anualmente— ordenado por primera vez por el presidente Marcos Jr. en noviembre de 2024.
Hay una amplia oposición a los POGOs, ya que se han vinculado con el crimen organizado, el delito financiero, el trabajo ilegal y la explotación generalizada.
Auge y caída de los POGOs
La industria de los POGOs se legalizó en 2007 bajo la Ley de Juegos Offshore de Filipinas — Ley de la República 9487.
Pero realmente despegó en 2021 cuando el entonces presidente Rodrigo Duterte aprobó la RA 11590, que otorgó licencia y gravó a las plataformas bajo la Corporación de Entretenimiento y Juegos de Filipinas (PAGCOR), provocando un auge que transformó el sector de la noche a la mañana.
En su apogeo, había alrededor de 400 POGOs regulados, con cientos de proveedores de servicios que facilitaban sus operaciones. El sector empleaba a unas 40,000 personas.
Pero para diciembre de 2024, un mes después de la orden ejecutiva del presidente Marcos Jr. para que todos los POGOs cesaran operaciones, solo quedaban siete.
Con los POGOs fuera, lo que queda es la categoría de licencias de Operadores de Juegos en Tierra de Filipinas (PIGOs), para casinos y plataformas en línea dirigidas a jugadores nacionales, lanzada en 2020.
En el último recuento en marzo de 2025, PAGCOR informó que se habían emitido 61 licencias de PIGO.
Reacciones
Los legisladores filipinos han celebrado el desarrollo legal, con el senador Sherwin Gatchalian, un oponente vocal clave de la industria de los POGO, diciendo: “Los POGOs no han traído más que un aumento en la criminalidad que incluye secuestros, trata de personas y prostitución, entre otros. Esta ley no es solo un problema económico sino un imperativo moral”.
El representante de la Cámara, Eddie Villanueva, uno de los autores de la versión de la Cámara de la ley y fundador del Partido Ciudadanos en la Lucha contra la Corrupción, calificó su aprobación como “una victoria moral y social largamente esperada”.
Tensión creciente
La Ley Anti-POGO surge en medio de una creciente presión de facciones gubernamentales, como el Departamento de Economía, Planificación y Desarrollo, para endurecer el control sobre el juego en línea, o incluso prohibirlo por completo.
Medidas recientes, incluyendo un umbral mínimo de depósito y la prohibición de la integración de billeteras electrónicas, introducidas en agosto, han, según PAGCOR, contribuido a una fuerte caída en los ingresos y empujado a los jugadores hacia operadores no regulados, que, a pesar de la prohibición, permanecen activos.
Durante una audiencia del Comité de la Cámara de Juegos y Diversión el miércoles pasado (22 de octubre), que se convocó para discutir medidas más estrictas y una posible prohibición, la vicepresidenta asistente del Departamento de Licencias de Juegos Offshore de PAGCOR, Jessa Fernandez, dijo a los asistentes que los ingresos del regulador se habían reducido en un 49 por ciento desde agosto.
Dado que los ingresos de PAGCOR provienen de impuestos, la disminución indica una reducción sustancial en el gasto de los jugadores nacionales.
Fernández dijo que el requisito de depósito mínimo de ₱500 hizo que los jugadores abandonaran el mercado legal, agregando que antes del umbral mínimo, muchos depositaban entre ₱100 y ₱500, destacando el impacto significativo de la política en el mercado.
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