Perú ha logrado avances concretos y medibles en la formalización del mercado de juego y apuestas online desde su legalización 2022 y la reducción del juego ilegal con su reglamentación que entró en vigor hace dos años en una de las transformaciones regulatorias más profundas de la región.
Lo que fue un mercado altamente opaco, informal y sin supervisión ha pasado a ser una industria bien supervisada por las autoridades, con operadores registrados y movimientos financieros claramente trazables.
Las acciones del regulador han reducido la oferta de juego ilegal online en más del 40%, eliminando sitios no autorizados y coordinando bloqueos de pagos. Aproximadamente el 15% de páginas de juego ilegal han salido del mercado.
El sector regulado ya aporta impuestos considerables al gobierno peruano: entre enero y noviembre de 2025, solo los juegos a distancia generaron el equivalente de unos US$ 112 millones en impuestos.
Estudio de Apuesta Legal
El caso peruano es especialmente relevante porque muestra cómo un marco regulatorio para iGaming puede traducirse en beneficios concretos: mayor formalización, trazabilidad y capacidad de fiscalización. De hecho, Perú es un buen ejemplo que aporta contexto útil para otros países de la región que aún no cuentan con un esquema regulatorio integral.
Un reciente estudio elaborado por Apuesta Legal, a partir de datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), encontró que entre 2007 y 2018 las operaciones sospechosas vinculadas a juegos y apuestas ilegales sumaron aproximadamente US$ 216 millones.
Ese tramo histórico corresponde a lo que las autoridades han denominado la “época gris” del sector, cuando la mayoría de plataformas operaba fuera de un marco normativo específico y con capacidad limitada de fiscalización.
El texto incluye una comparación con delitos ambientales, como la madera ilegal y el tráfico de flora/fauna, para entender las dimensiones del impacto histórico del iGaming clandestino y el valor del nuevo marco legal.
En un periodo de diez años comparable en extensión (2014–2024), la extracción ilegal de madera acumuló US$ 136 millones, mientras que el tráfico de flora y fauna silvestre alcanzó US$ 5 millones en reportes enviados a la UIF. Incluso antes del auge digital, las apuestas ilegales ya superaban ampliamente a los delitos ambientales como canal de lavado de activos.
El escenario comenzó a cambiar con la explosión de las apuestas online y la respuesta institucional del Estado. En el 2022, a partir de la Ley N.º 31557, Perú inició un proceso acelerado de formalización que permitió transformar flujos antes opacos en dinero plenamente trazable.
Mercado regulado competitivo
La creación de un esquema tributario claro, con el impuesto del 12% sobre ingresos brutos de juego (GGR) establecieron una fuente de ingresos sostenibles desde el sector online. La existencia de un marco regulatorio claro atrajo a operadores internacionales y nacionales que participan legalmente en el mercado. Esto ha generado un mercado competitivo y en expansión, con estimaciones de que Perú podría convertirse en uno de los mercados de juego regulado más importantes de Latinoamérica.
La regulación exige controles técnicos, cumplimiento financiero y medidas contra el lavado de dinero, incluyendo sistemas formales de KYC y prevención de fraudes. Se fortalecieron las políticas de *protección al jugador, como la prohibición de acceso a menores y requisitos de transparencia de plataformas.
El Ministerio de Turismo de Perú, encargado de la regulación del juego online en el país, ya nota el aporte de la industria en los impuestos nacionales. Según los datos de MINCETUR, el gobierno recibió el equivalente de US$ 112 millones en impuestos al juego online.
Desde la entrada en vigor de la Ley Nº 31557, Perú ha autorizado 54 plataformas tecnológicas, ha registrado 320 proveedores y acreditado a 8 laboratorios internacionales. Desde diciembre de 2024, se ha incorporado 1,756 nuevas salas de apuestas, alcanzando un total de 4,583 locales autorizados en todo el país. Además, en 2025 se cerraron 4 salas ilegales de juegos de casino y tragamonedas y 13 de apuestas deportivas ilegales y se han destruido 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal en diversas regiones del país.
El avance decisivo en la lucha contra operadores ilegales se consolidó en octubre de 2025, con la publicación de la Resolución SBS Nº 03622–2025, que estableció un marco específico de prevención de lavado de activos para el sector de apuestas online y endureció los mecanismos de control.
Entre ellos, los más importantes son el umbral de reporte, con la obligación de informar a la UIF de cualquier operación, depósito o premio superior a US$ 2.500 (aproximadamente 8.900 soles). Otro punto importante es la fiscalización directa; el MINCETUR pasó a contar con poder sancionador para verificar el cumplimiento de los protocolos antilavado.
