La demora del Congreso chileno en regular las apuestas en línea podría constituir una omisión inconstitucional, según una opinión jurídica de los profesores de Derecho Constitucional Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés. Los autores sostienen que el Estado tiene el deber de proteger a los menores frente a la exposición a las apuestas y que el plazo razonable para legislar ya se habría superado.
El proyecto de ley ingresó en marzo de 2022. Al 5 de noviembre de 2026, llevaba más de cuatro años y siete meses en trámite y había recibido 62 urgencias legislativas, según la Agrupación de iGaming Responsable (AGR), gremio de operadores de apuestas en línea que difundió las conclusiones del informe.
“Estamos llegando muy tarde. Cada mes sin ley, es tiempo en que menores y otros grupos vulnerables quedan sin la protección que corresponde”, señaló Sandra Kemp, Directora ejecutiva de AGR.
Este estudio expone las incoherencias del propio Estado chileno y la confusión jurídica creada por posiciones divergentes de los tribunales y las agencias del Estado.
La opinión jurídica también cuestiona el mecanismo de bloqueo de sitios establecido tras el fallo de la Corte Suprema en la causa 18.080‑2025. A juicio de los autores, la sentencia impuso a las empresas de telecomunicaciones la obligación de bloquear plataformas sin una norma legal expresa que las habilitara para hacerlo. Los juristas sostienen además que, al implementar el fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago asignó tareas a la Superintendencia de Casinos de Juego y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que excederían sus facultades legales.
Según el informe, los titulares de los sitios afectados no fueron oídos y el procedimiento carece de una vía eficaz para impugnar su inclusión en el listado de bloqueos. Los autores señalan que solo la Lotería de Concepción y Polla Chilena de Beneficencia pueden activar ese mecanismo.
El tratamiento tributario de las plataformas es otro punto de controversia. AGR afirma que algunos sitios bloqueados se habían inscrito para pagar el IVA digital. Los autores del informe sostienen que los cambios de criterio del Servicio de Impuestos Internos generaron incertidumbre sobre las obligaciones tributarias y que ese antecedente, por sí solo, no permite concluir que la operación de las plataformas sea lícita.
AGR también señala que las normas que rigen la operación en línea de Polla Chilena y Lotería de Concepción carecen de disposiciones específicas sobre menores, adicción y publicidad. El gremio pide que la futura ley aplique los mismos requisitos a operadores públicos y privados y propone verificar la identidad de los usuarios con datos biométricos del Registro Civil, crear un registro nacional de autoexclusión y destinar por ley una parte de los ingresos a la prevención y el tratamiento de la ludopatía.
“La Constitución obliga al Estado a proteger a la familia y esa obligación vincula directamente al Congreso. No pedimos excepciones: pedimos una ley que exija a todos los operadores, públicos y privados, las mismas reglas de licencia, verificación de identidad, exclusión de menores y publicidad responsable”, afirmó Kemp.
Entre 2022 y 2025 los tribunales cambiaron de criterio en reiteradas ocasiones: declararon inadmisible un recurso, luego afirmaron la ilegalidad general de la actividad, después rechazaron una acción similar y, finalmente, la Corte Suprema ordenó bloquear sitios por tres
votos contra dos. La Corte invocó normas del Código Penal, pero el Ministerio Público cerró en 2023 una investigación por hechos de esta naturaleza y declaró ante el Senado que “la ilegalidad no es sinónimo de delito”.
Nadie ha sido condenado por apuestas en línea, las querellas en curso no tienen veredicto y los bloqueos continúan, con un nuevo caso el 3 de noviembre. Esa incertidumbre deja a los usuarios sin protección y al sector sin reglas; según el informe, solo el Congreso puede resolver esta incoherencia y confusión.
