La decisión de la Provincia de Buenos Aires de aplicar un impuesto del 2 por ciento a los premios obtenidos a través del juego online generó reacciones políticas negativas tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo bonaerense.
El impuesto, en vigor a partir del 7 de septiembre, no se aplica sobre el importe apostado sino sobre los premios obtenidos en juegos online de resolución inmediata, principalmente slots o tragamonedas digitales, ofrecidos por las siete plataformas autorizadas en la jurisdicción de la provincia (bet365, Betsson, Betano, BetWarrior, Sportsbet, bplay y Easybet).
La nueva normativa obliga a estas empresas a presentar de manera semanal declaraciones juradas que sirvan para verificar el impuesto que retienen luego de aplicarlo a los premios.
La Cámpora cuestionó la demora. Legisladores vinculados al sector criticaron que el Gobernador Axel Kicillof no aplicara antes una facultad tributaria disponible desde 2018.
También objetaron que la medida del Ejecutivo interfiriera con un proyecto legislativo más amplio, que contemplaba restricciones publicitarias, límites horarios y una asignación específica de los ingresos.
Uno de los principales cuestionamientos ha sido sobre el uso del dinero, que se supone iría a programas de salud, educación, desarrollo social y refuerzo de acciones contra el juego problemático via el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).
Pero la Resolución 1149/2026 no fija expresamente un destino social para lo recaudado. Los críticos sostienen que los fondos acabarán en Rentas Generales o en el FOPIS sin garantías claras de que se utilicen para salud mental, prevención de la ludopatía o protección de menores.
La oposición lo calificó como una medida recaudatoria. El senador libertario Matías De Urraza la describió como una “curita para recaudar”. El diputado Diego Garciarena, de UCR-Cambio Federal, sostuvo que la ludopatía es un problema social y familiar, no simplemente tributario. El diputado provincial de la UCR Valentín Miranda reclamó transparencia sobre el destino de los recursos.
Los diputados radicales presentaron solicitudes para conocer el destino de la recaudación y el avance de medidas contra la ludopatía adolescente.
Por separado, los senadores Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, de Unión y Libertad, pidieron explicaciones sobre la capacidad técnica de las plataformas para retener el impuesto, las auditorías previstas y el uso de declaraciones juradas semanales.
Unión y Libertad señaló una posible asimetría entre el juego online y las salas físicas, después de que Lotería suspendiera una retención similar en el sector presencial por supuestas dificultades técnicas.
Hasta el momento, ni las siete plataformas afectadas ni una asociación empresarial del sector se han pronunciado sobre el nuevo impuesto anunciado por el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco.
Tampoco existe consenso sobre la cifra de recaudación: distintas publicaciones atribuyen al Gobierno bonaerense una proyección de entre ARS 35.000 millones y ARS 40.000 millones mensuales (entre US$23–26 millones de dólares), una estimación que todavía debería contrastarse con datos oficiales de volumen y premios.
El anuncio se produce en un momento en el que el juego online volvió a quedar en el centro del debate político bonaerense, principalmente por las dificultades para avanzar con algunas de las medidas anunciadas por la propia provincia para controlar el acceso de menores de edad a las plataformas.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los controles biométricos para ingresar a las plataformas legales. La medida había sido anunciada por el gobierno provincial en 2024 y posteriormente fue formalizada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos mediante una resolución de diciembre de 2025.
La normativa estableció que las empresas licenciatarias debían incorporar mecanismos de verificación mediante datos biométricos, con el objetivo de validar la identidad de los usuarios al momento del registro. Sin embargo, la falta de avances en la implementación de estos controles volvió a generar cuestionamientos durante la última semana.
En este contexto, el debate también alcanzó a la actividad legislativa. Actualmente, la Legislatura bonaerense está analizando diferentes proyectos vinculados con la prevención del juego problemático y el acceso de menores a las plataformas, con iniciativas que proponen limitar la publicidad dirigida a niños, establecer restricciones sobre el uso de billeteras virtuales en sitios de apuestas, crear programas de prevención y asistencia y modificar los mecanismos de reconocimiento facial.
Pero de momento, ninguno de los proyectos de la Comisión fue presentado formalmente.
