iGamingFuturo conversó con Milagros Gabriela Seijas Peralta, especialista en regulación de gaming e iGaming y derecho corporativo, quien anteriormente se desempeñó como jefa legal y de Compliance en La Tinka y jefa del área legal en DoradoBet, en Perú.
En la entrevista, Seijas Peralta analiza los principales desafíos legales y regulatorios del mercado peruano de apuestas online. Aborda temas como los impuestos, la prevención del lavado de activos, los requisitos para los operadores extranjeros y los controles para proteger a los jugadores. También explica el riesgo de que una regulación demasiado exigente favorezca al mercado ilegal y qué puede aprender Perú de la situación en Brasil. De cara a 2027, analiza cómo lograr un equilibrio entre seguridad jurídica, protección al jugador y competitividad para impulsar el crecimiento sostenible del sector.
Perú ya cuenta con un marco regulatorio relativamente consolidado para los juegos y las apuestas deportivas online. Desde una perspectiva jurídica, ¿cuál considera que es actualmente el principal desafío regulatorio que enfrenta el mercado peruano?
Desde una perspectiva jurídica, uno de los principales desafíos es garantizar una mayor seguridad y predictibilidad en la interpretación de las normas que regulan el sector, especialmente en materia tributaria.
En particular, es importante que la regulación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) tenga en cuenta las características propias de los juegos y las apuestas deportivas a distancia, como la estructura de las apuestas, los premios, los bonos, las promociones y el margen del operador.
El desafío no es solo tributario, sino también jurídico. Los operadores necesitan reglas claras y una aplicación predecible de la normativa para conocer sus obligaciones y planificar sus operaciones con mayor certeza.
Cuando las interpretaciones no reflejan adecuadamente la realidad del negocio, aumenta la incertidumbre, crece el riesgo de contingencias y puede verse afectada la competitividad del mercado.
Por ello, uno de los próximos pasos para el mercado peruano debería ser fortalecer el diálogo técnico entre la industria y las autoridades, con el fin de establecer una regulación tributaria coherente con la operativa del sector y basada en principios de seguridad jurídica y razonabilidad.
En abril de 2026 se actualizaron las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para incorporar expresamente a los operadores de juegos online y apuestas deportivas al marco sancionador. ¿Qué cambios prácticos considera que esta actualización está generando para los operadores y sus áreas de Compliance?
El principal cambio de abril de 2026 fue la incorporación expresa de los operadores de juegos a distancia y apuestas deportivas al régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, fortaleciendo la capacidad del MINCETUR para supervisar y sancionar los incumplimientos.
El desafío es aplicar estas reglas teniendo en cuenta las diferencias entre los negocios presenciales y las plataformas digitales. Estas últimas disponen de herramientas tecnológicas que permiten identificar a los clientes, monitorear transacciones, detectar patrones sospechosos y generar alertas. Sin embargo, algunos requisitos formales pueden complicar la experiencia del usuario sin mejorar necesariamente la eficacia de los controles.
Por ello, el siguiente paso debería ser avanzar hacia un enfoque basado en riesgos, que permita a los operadores identificar adecuadamente a sus clientes, verificar el origen de los fondos cuando corresponda y realizar controles y monitoreos acordes con el nivel de riesgo.
Para los equipos de Compliance, el reto es encontrar un equilibrio entre controles sólidos y una experiencia de usuario ágil, evitando obstáculos innecesarios durante el registro cuando los riesgos pueden gestionarse eficazmente mediante herramientas tecnológicas.
En definitiva, el objetivo debería ser fortalecer la debida diligencia sin aumentar innecesariamente la burocracia. La regulación debe permitir que los operadores cumplan eficazmente con sus obligaciones de prevención, aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles y aplicando controles proporcionales al riesgo.
En el caso de los operadores extranjeros, ¿cuáles considera que siguen siendo los principales retos jurídicos y fiscales para operar correctamente en Perú, especialmente en materia de inscripción, representación local, tributación y cumplimiento?
Los operadores extranjeros pueden operar en Perú y obtener una autorización, tengan o no una empresa constituida en el país.
Sin embargo, deben contar con un representante legal domiciliado en Perú, lo que supone un costo adicional. Además, sus plataformas, juegos y programas deben estar certificados por laboratorios autorizados, homologados y registrados ante el MINCETUR. Estos procesos tienen requisitos y plazos que deben cumplirse, incluso si los operadores ya cuentan con certificaciones internacionales.
¿Dónde se encuentra actualmente la mayor brecha de cumplimiento en Perú: AML/KYC, publicidad, protección al jugador, controles tecnológicos, tributación o relación con proveedores? ¿Por qué?
Considero que la principal brecha en el mercado peruano está en los sistemas de prevención del lavado de activos (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), ya que el sector todavía atraviesa una etapa de adaptación y consolidación regulatoria.
Si comparamos Perú con mercados más maduros, como algunos de Europa, encontramos modelos en los que la prevención del lavado de activos, la verificación de clientes y la detección del fraude funcionan de manera mucho más integrada.
En estos mercados, el KYC ya no se limita a verificar la identidad del jugador durante el registro. También implica evaluar su nivel de riesgo a lo largo de toda la relación comercial, monitorear sus transacciones, detectar cambios en su comportamiento y generar alertas automáticas cuando aparecen señales sospechosas.
Perú está avanzando en esa dirección, pero todavía tiene la oportunidad de pasar de un modelo centrado en la documentación a otro basado en datos y riesgos.
Las apuestas online presentan desafíos particulares en materia de prevención del lavado de activos, como el uso de distintos medios de pago, el elevado número de transacciones y la continuidad de las operaciones. Por eso, es fundamental integrar estos controles con la tecnología de cada operador para detectar comportamientos inusuales, clasificar correctamente los riesgos y generar alertas útiles para cada cliente.
El verdadero reto es que la regulación acompañe esta evolución tecnológica y permita implementar controles eficaces y proporcionales al nivel de riesgo, en lugar de limitarse a exigir más información a los jugadores.
Te tengo que preguntar sobre Brasil: ¿cómo ves lo que está pasando allí y cómo crees que esto deja posicionada a la región? ¿Qué puede aprender Perú de lo ocurrido en Brasil?
Es lamentable lo ocurrido en Brasil, especialmente porque el país había realizado un esfuerzo importante para regular el mercado de apuestas deportivas, otorgar licencias y establecer obligaciones tributarias, controles publicitarios, medidas de juego responsable y mecanismos de prevención del lavado de activos.
Sin embargo, en septiembre de 2026, el Gobierno adoptó la Medida Provisória N.º 1.394, que dispuso la prohibición de las apuestas y su publicidad, así como el cierre progresivo de las plataformas.
Desde una perspectiva jurídica, esta situación genera incertidumbre e inestabilidad regulatoria, especialmente para las empresas que habían obtenido autorizaciones, realizado importantes inversiones y organizado sus operaciones conforme al marco legal aprobado por el propio Estado.
Lo necesario es permitir que la regulación evolucione mediante ajustes proporcionales, previsibles y aplicados en plazos razonables.
Esta es una lección importante para Perú: la estabilidad jurídica y la previsibilidad regulatoria son fundamentales para generar confianza, atraer inversiones y garantizar el desarrollo sostenible del mercado de apuestas.
Perú ha construido un mercado regulado mientras otros países de Latinoamérica todavía están definiendo sus modelos. ¿Existe el riesgo de que una regulación demasiado exigente termine aumentando la ventaja competitiva de los operadores no autorizados? ¿Dónde debería encontrarse el equilibrio entre la protección al consumidor y la competitividad del mercado regulado?
Sí, ese riesgo existe. La regulación debe proteger a los jugadores, prevenir el lavado de activos, evitar el acceso de menores y garantizar un entorno de juego seguro, pero también debe permitir que los operadores autorizados compitan en condiciones razonables.
El problema surge cuando las empresas que cumplen con la normativa deben asumir cada vez más obligaciones e impuestos, mientras que las plataformas ilegales operan sin esos costos. Esto genera una competencia desigual y puede terminar favoreciendo al mercado que se busca combatir.
Por eso, el equilibrio no depende solo de las exigencias a los operadores autorizados, sino también de la capacidad del Estado para combatir la oferta ilegal. En este sentido, es importante que el MINCETUR fortalezca sus acciones de fiscalización y control.
El objetivo debe ser contar con una regulación que proteja al jugador sin imponer cargas excesivas a las empresas que cumplen con la ley. Cuantos más usuarios permanezcan en plataformas autorizadas, mayores serán las posibilidades de supervisar la actividad, proteger al consumidor y recaudar impuestos.
Mirando hacia 2027, ¿espera una mayor intervención regulatoria del MINCETUR, cambios tributarios o nuevas obligaciones de compliance para los operadores? ¿Qué señales debería estar siguiendo la industria desde ahora?
Considero que el MINCETUR ha avanzado significativamente en la fiscalización de las salas de apuestas y el bloqueo de plataformas tecnológicas de apuestas deportivas no autorizadas. Estas acciones demuestran un esfuerzo por combatir el mercado ilegal y, al mismo tiempo, hacer que el mercado peruano resulte más atractivo para nuevos operadores.
Asimismo, estamos a la espera de cambios importantes, como la modificación del reglamento de la Ley N.º 31557 y ajustes en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), teniendo en cuenta las características y la operativa del sector.
De cara a 2027, espero que el mercado entre en una etapa de maduración regulatoria, con una supervisión y fiscalización cada vez más basadas en datos, un régimen tributario adecuado a las características de nuestras operaciones y condiciones que favorezcan la competencia legal frente al mercado ilegal. También será importante avanzar en el desarrollo de criterios claros en materia de publicidad y juego responsable.
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