El Senado de la Nación dio un paso clave en la discusión sobre el impacto del juego online, retomando un debate que pone el foco en el aumento del acceso de adolescentes y jóvenes a estas plataformas la semana pasada. La Comisión de Salud inició el análisis de un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que propone limitar con firmeza la difusión publicitaria de las apuestas digitales en todo el país.
La propuesta, avalada por una amplia mayoría en Diputados, plantea un freno a la visibilidad de estas plataformas en medios masivos, redes sociales, camisetas deportivas y espacios públicos. Solo se permitirá su promoción dentro de entornos controlados como casinos o agencias oficiales, bajo supervisión del Estado.
La reunión, liderada por la senadora Lucía Corpacci, reunió a expertos en salud mental y adicciones, quienes alertaron sobre la expansión acelerada del juego online entre menores. Señalaron que esta práctica ya no es un fenómeno aislado: estudios recientes revelan que ocho de cada diez jóvenes han interactuado con plataformas de apuestas en el último año, y un 37 % accede a ellas de manera habitual.
Hoy en día, la presencia de las apuestas online es omnipresente en el paisaje mediático argentino. Las marcas de casas de juego aparecen con fuerza en transmisiones deportivas, plataformas de streaming, canales de YouTube y redes sociales, muchas veces asociadas a influencers, exfutbolistas o celebridades que actúan como promotores.
Esta estrategia de marketing apunta directamente al público juvenil, sin advertencias claras sobre los riesgos de la ludopatía. Este bombardeo publicitario contribuye a naturalizar la actividad, incluso entre quienes aún no alcanzan la mayoría de edad.
Una mirada hacia lo que puede venir
De aprobarse en el Senado, la ley implicaría una transformación profunda para el negocio de las apuestas digitales en Argentina. La reducción de su visibilidad mediática obligaría a los operadores a repensar sus campañas y canales de captación de usuarios, en un contexto donde el acceso a nuevos públicos, especialmente jóvenes, se vería fuertemente limitado.
Además, el refuerzo del control estatal y la imposición de sanciones más duras reconfigurarían el mapa del sector, dejando fuera del mercado a aquellas plataformas que operan sin licencias o que incumplan con las nuevas exigencias.
En este nuevo escenario, los operadores deberán adoptar una lógica más responsable, adaptada a un entorno regulado, donde el foco ya no estará solo en el negocio, sino también en la protección del consumidor.
