El Paquete Económico de 2026, presentado recientemente por el Gobierno de México, incluye una propuesta que podría redefinir el futuro de la industria del juego en el país: aumentar del 30 % al 50 % el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a casinos, apuestas deportivas y sorteos.
Si se lleva a cabo, este cambio supondría un incremento del 66,7 % en la carga fiscal directa sobre el ingreso bruto del juego (GGR). Esta medida no solo ha suscitado inquietudes en el sector, sino que también ha abierto un debate más amplio sobre la competitividad, la sostenibilidad y el papel del juego en la economía mexicana.
Para quienes no están familiarizados con el sistema fiscal mexicano, vale la pena explicar que el IEPS es un impuesto federal que se aplica a ciertos productos y servicios considerados de impacto social, como el tabaco, las bebidas azucaradas, los combustibles y también los juegos con apuestas. No se trata de un impuesto exclusivo del sector del juego, sino de un mecanismo que el Estado utiliza para recaudar fondos y destinarlos a programas públicos, especialmente en materia de salud y prevención.
México es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica en materia de entretenimiento con apuestas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo público que recopila y publica información oficial sobre la economía y la demografía del país, en 2025 el sector de los casinos y los sorteos generó más de 42 200 millones de pesos en ingresos.
Esta cifra refleja el peso económico del sector, pero también su potencial de crecimiento. En las unidades que operan tanto en el canal presencial como en línea, el 87 % de los ingresos provino del ámbito digital, lo que indica un proceso acelerado de transición hacia el juego en línea. Este dinamismo se apoya en una alta penetración tecnológica: más del 81 % de la población mexicana utiliza internet y cuenta con un teléfono inteligente, lo que convierte al país en un terreno fértil para la expansión digital.
Visto desde fuera, México sigue la tendencia global de aplicar impuestos más estrictos al sector del juego. Sin embargo, no es sencillo compararlo con otros países, ya que cada mercado tiene reglas y formas distintas de calcular sus cargas fiscales.
Carga fiscal encima del 60%
Mientras que en muchos lugares la tasa se concentra en un único impuesto central, en México el esquema es acumulativo. A los gravámenes federales, como el IEPS, se añaden impuestos estatales y municipales, además del Impuesto sobre la Renta (ISR) y diversas contribuciones sociales. En la práctica, esta combinación puede elevar la carga total por encima del 60 %, lo que hace que el entorno fiscal sea más exigente de lo que podría parecer a primera vista.
El impacto económico de esta propuesta, de aprobarse, podría notarse en varios aspectos. En primer lugar, está la cuestión del empleo. Los casinos físicos de México no solo generan miles de puestos de trabajo directos, sino que también sustentan cadenas de valor que incluyen el turismo, la hostelería, el transporte y el entretenimiento. Un incremento significativo de los costes operativos podría obligar a los operadores a reconsiderar el tamaño de su plantilla o la viabilidad de algunas de sus operaciones, lo que tendría efectos sobre las comunidades locales que dependen de esta actividad.
En segundo lugar, está la cuestión de la inversión. La incertidumbre fiscal suele llevar a las empresas a adoptar una postura más cautelosa en cuanto a inversiones se refiere. Esto podría traducirse en la postergación de proyectos de expansión, renovación de equipos o nuevas inversiones en infraestructura.
Por último, está el desafío de la competitividad. Se estima que alrededor del 60 % de las plataformas de juego en línea que operan en México lo hacen sin licencia. Si la carga sobre los operadores regulados aumenta, la diferencia con respecto a los no autorizados podría ampliarse, lo que afectaría tanto a la base de ingresos del Estado como a la protección de los consumidores.
Algunos ejecutivos han atribuido el aumento impositivo a los drásticos aranceles aplicados por el Presidente Donald Trump, pero el incremento viene dentro de una reforma tributaria propuesta en el paquete económico para 2026 del gobierno mexicano.
El objetivo del Gobierno es incrementar la recaudación, pero la experiencia internacional muestra que más impuestos no siempre se traducen en más ingresos netos. Si la actividad formal disminuye y aumenta la oferta ilegal, el efecto combinado puede resultar en una menor recaudación del ISR, de las cuotas patronales y de las contribuciones locales, además de afectar a impuestos vinculados al consumo, como el IVA del sector turístico y de los servicios asociados a la operación de casinos. En este sentido, el reto no es únicamente fiscal, sino de sostenibilidad a largo plazo.
La propuesta de aumentar el IEPS al 50 % debe entenderse como un momento clave para replantear la relación entre el Estado y la industria. México no pierde atractivo como mercado, sino que sigue ofreciendo volumen, digitalización acelerada y un ecosistema fértil para la innovación tecnológica. El desafío consiste en construir un marco que garantice una contribución fiscal sólida y un entorno competitivo para operadores responsables sin frenar estas oportunidades.
Con un diálogo informado y una visión estratégica, México puede transformar esta propuesta en una oportunidad para consolidar un sector más robusto, sostenible y atractivo para la inversión internacional. Lejos de ser solo un debate sobre porcentajes, se trata de definir cómo la industria del juego puede seguir generando empleo, innovación y desarrollo económico en beneficio del país y de la región.
