Operadores de juego en Colombia rechazan nuevo impuesto del 16%

El gob­ier­no de Colom­bia ha dec­re­ta­do un nue­vo impuesto al con­sumo del 16% aplic­a­ble a las ganan­cias bru­tas (GGR) de las empre­sas de juego, que con­sid­er­an la medi­da incon­sis­tente en su dis­eño y una ame­naza a la sosteni­bil­i­dad económi­ca del sec­tor y un incen­ti­vo a la migración de apos­ta­dores al mer­ca­do ile­gal.

Con el jus­ti­fica­ti­vo de aten­der a la emer­gen­cia económi­ca, social y ecológ­i­ca cau­sa­da por las inun­da­ciones en ocho depar­ta­men­tos, el gob­ier­no incor­poró un impuesto del 16% al con­sumo para las apues­tas que se hacen por platafor­mas dig­i­tales. Estará a car­go de los oper­adores y será del 16 % sobre el GGR, o sea lo que resul­ta luego de restar los pre­mios otor­ga­dos del total de las apues­tas.

La medi­da intro­duce un esque­ma trib­u­tario que gen­era pro­fun­das pre­ocu­pa­ciones des­de el pun­to de vista téc­ni­co, jurídi­co y económi­co para la indus­tria de jue­gos de suerte y azar online.

“Des­de una per­spec­ti­va téc­ni­ca, el impuesto pre­sen­ta incon­sis­ten­cias en su dis­eño, al con­fig­u­rarse como un impuesto al con­sumo cuan­do, en la prác­ti­ca, el suje­to oblig­a­do es el oper­ador y la base grav­able cor­re­sponde a su ingre­so (GGR). Esta desalin­eación entre el hecho gen­er­ador, la base y el suje­to rompe la lóg­i­ca del trib­u­to y gen­era dis­tor­siones en su apli­cación, afectan­do direc­ta­mente la operación for­mal”, declaró Evert Mon­tero Cár­de­nas, pres­i­dente de la Fed­eración Colom­biana de Empre­sar­ios de Jue­gos de Suerte y Azar (Fecoljue­gos).

En declara­ciones a iGam­ing­Fu­turo, Mon­tero dijo que el decre­to retoma, bajo una nue­va figu­ra, ele­men­tos de car­gas trib­u­tarias que habían sido pre­vi­a­mente sus­pendi­das por la Corte Con­sti­tu­cional, lo que gen­era una situación de ten­sión insti­tu­cional al dar la impre­sión de que se rein­tro­ducen medi­das ya cues­tion­adas, lo que incre­men­ta la inse­guri­dad jurídi­ca y debili­ta la con­fi­an­za en la esta­bil­i­dad del mar­co reg­u­la­to­rio.

El impacto sobre la via­bil­i­dad económi­ca del sec­tor del juego es evi­dente.

“La indus­tria opera sobre volúmenes altos y már­genes estre­chos, por lo que cualquier alteración sig­ni­fica­ti­va en su estruc­tura financiera, como la intro­duc­ción de car­gas mal dis­eñadas, com­pro­m­ete su sosteni­bil­i­dad. En estas condi­ciones, la operación for­mal pierde com­pet­i­tivi­dad y se expone a un esce­nario donde su via­bil­i­dad en el tiem­po se ve seri­amente afec­ta­da”, señaló Mon­tero.

Y ni hablar del incen­ti­vo que esto crea para que los apos­ta­dores sal­gan del mer­ca­do reg­u­la­do para bus­cart oper­adores no autor­iza­dos que no pagan impuestos ni asumen la respon­s­abil­i­dad p[ara pro­te­ger a los usuar­ios.

“Cuan­do el canal for­mal se vuelve menos com­pet­i­ti­vo, la deman­da no desa­parece, sino que se desplaza hacia entornos no reg­u­la­dos, donde no hay con­trol, no hay pro­tec­ción al con­sum­i­dor y no hay recau­do para el Esta­do. Así, una medi­da ori­en­ta­da a aumen­tar ingre­sos puede ter­mi­nar debil­i­tan­do el eco­sis­tema for­mal y for­t­ale­cien­do la ile­gal­i­dad”, dijo el diri­gente de Fecoljue­gos.

El decre­to se suma a un con­tex­to de cre­ciente pre­sión trib­u­taria, lab­o­ral y reg­u­la­to­ria que impacta de for­ma acu­mu­la­ti­va la estruc­tura de cos­tos del sec­tor de jue­gos de azar.

“Esto agra­va aún más el ries­go sobre la sosteni­bil­i­dad de la indus­tria”, advir­tió Evert Mon­tero.