Lula redobla críticas a las apuestas online en año electoral en Brasil


El pres­i­dente brasileño Luiz Iná­cio Lula da Sil­va ha sido uno de los críti­cos más vis­i­bles de las apues­tas online en Brasil y ha vuel­to a la car­ga en un año elec­toral que va a ser com­pli­ca­do para la indus­tria del juego y el iGam­ing debido a prop­ues­tas de pro­hibir el patrocinio del fut­bol por los oper­adores y nuevas pro­tec­ciones a menores.

En un dis­cur­so esta sem­ana sobre salud y edu­cación, Lula apun­tó clara­mente a la indus­tria y crit­icó todas las activi­dades del juego, y sobre todo la pro­lif­eración de platafor­mas de apues­tas deporti­vas.

El pres­i­dente estable­ció un para­lelis­mo entre la antigua pro­hibi­ción de los casi­nos físi­cos en Brasil, que data de 1948, y la actu­al facil­i­dad de acce­so a los jue­gos elec­tróni­cos, argu­men­tan­do que hoy “el casi­no se metió den­tro de las casas” donde está disponible inclu­so para niños y ado­les­centes.

“Aprendí a estar en con­tra del juego. Esta­ba en con­tra de los casi­nos y del juego ile­gal de números porque la igle­sia me enseñó que debía opon­erme al juego. Lo que está ocur­rien­do hoy es que el casi­no se ha meti­do den­tro de los hog­a­res. Está en la sala de estar, en las manos de tus hijos”, declaró Lula.

El pres­i­dente indicó que deberán imple­men­tarse “medi­das más estric­tas” para pro­te­ger a este seg­men­to de la población del endeu­damien­to exce­si­vo provo­ca­do por las apues­tas, más allá de la pro­hibi­ción dec­re­ta­da el año pasa­do que impi­de a los ben­e­fi­cia­r­ios del pro­gra­ma de Bol­sa Famil­ia hace apues­tas con el dinero de este sub­sidio social.

Brasil vota en octubre

Con este dis­cur­so pop­ulista se ve que Lula ha entra­do de frente en una cam­paña por las elec­ciones de octubre de este año, donde se supone que bus­cará un cuar­to manda­to pese a que ten­drá 80 años.

Las elec­ciones supo­nen un ries­go para el sec­tor del juego porque las prop­ues­tas que podrían restringir sus activi­dades o impon­er nuevos impuestos van a cobrar fuerza políti­ca y situ­arse en el cen­tro del debate nacional en momen­tos en que la indus­tria aún se adap­ta al mer­ca­do reg­u­la­do recién hace un año.

Senado­ra Damares Alves

En 2026, el Sena­do y la Cámara de Diputa­dos deberán definir los tér­mi­nos finales de un proyec­to de ley especí­fi­co sobre pub­li­ci­dad de jue­gos de azar, un asun­to que ha pasa­do ráp­i­da­mente de un ajuste reg­u­la­to­rio a la posi­bil­i­dad de una pro­hibi­ción nacional.

La Comisión de Cien­cia y Tec­nología (CCT) del Sena­do aprobó un proyec­to que establece una pro­hibi­ción nacional de la pub­li­ci­dad y los patrocin­ios de apues­tas, con el respal­do de la senado­ra evangéli­ca Damares Alves, una fer­oz críti­ca del juego como adic­ción social en Brasil. La prop­ues­ta mod­i­fi­ca el mar­co de la Ley N.º 14.790/2023 y aho­ra avan­za a la Comisión de Con­sti­tu­ción y Jus­ti­cia (CCJ) antes de una even­tu­al votación en el pleno.

El Insti­tu­to Brasilero de Juego Respon­s­able (IBJR) ha adver­tido que una pro­hibi­ción total podría deses­ta­bi­lizar el mer­ca­do reg­u­la­do jus­to cuan­do inten­ta con­sol­i­darse.

Una pro­hibi­ción a los patrocin­ios de los oper­adores, que fig­u­ran masi­va­mente en las camise­tas de los prin­ci­pales equipos brasileños de fut­bol, sería un golpe duro para los clubes que depen­den de los ingre­sos mil­lonar­ios que reciben aho­ra para pagar a sus jugadores y cre­cer.

No obstante, el decre­to sobre pub­li­ci­dad de apues­tas todavía se encuen­tra en una fase ini­cial, y ningún bloque políti­co del Con­gre­so o del Sena­do ha declar­a­do abier­ta­mente qué proyec­to planea respal­dar. La gob­er­nan­za del juego divide opin­iones no solo entre el gob­ier­no del Par­tido de los Tra­ba­jadores y el Par­tido Lib­er­al lid­er­a­do por la famil­ia Bol­sonaro, sino tam­bién den­tro de los pro­pios par­tidos.

Car­ga impos­i­ti­va pesa­da

Después de idas y venidas, el rég­i­men trib­u­tario fue mod­i­fi­ca­do a prop­ues­ta del gob­ier­no, que ve al sec­tor del juego como una vaca lechera fis­cal, y se imple­men­tó un aumen­to grad­ual de impuestos sobre las ganan­cias bru­tos de los oper­adores de bets (GGR) que ten­drán un incre­men­to escalon­a­do de impuestos, que alcan­zará el 13% en 2026, el 14% en 2027 y final­mente el 15% en 2028.

Aún sigue pen­di­ente en el Con­gre­so la ame­naza de un impuesto del 15% sobre los depósi­tos de jugadores en platafor­mas de apues­tas online, cono­ci­do como el CIDE-Bets, aproba­da en el Sena­do, pero su aprobación final aún es incier­to ya que su votación en la Cámara de Diputa­dos fue pospuesto. Bajo esta prop­ues­ta, si un jugador deposi­ta R$100 solo R$85 quedarían disponibles para apos­tar después del impuesto.

La indus­tria reg­u­la­da ha expre­sa­do fuertes obje­ciones porque este impuesto, que gra­va direc­ta­mente los depósi­tos del jugador en lugar del ingre­so bru­to del oper­ador, podría incen­ti­var que los jugadores migren al mer­ca­do ile­gal no autor­iza­do para evi­tar este car­go.

Lula con­tra los bets

Lula crit­icó las apues­tas online porque las ve como un ries­go para famil­ias vul­ner­a­bles, un drena­je de recur­sos nacionales y una ame­naza a la salud de menores.

Su gob­ier­no está preparan­do un decre­to pres­i­den­cial des­ti­na­do a reforzar la pro­tec­ción de menores en entornos dig­i­tales, una prop­ues­ta que exi­giría que tien­das de apli­ca­ciones y platafor­mas dig­i­tales imple­menten sis­temas sóli­dos de ver­i­fi­cación de edad para impedir que menores accedan a apues­tas, pornografía y otros con­tenidos con restric­ción etaria.

El manda­to podría con­ver­tir a Brasil en el primer país de Sudaméri­ca en intro­ducir restric­ciones especí­fi­cas de acce­so dig­i­tal que vayan más allá de sim­ples declara­ciones de edad y colo­caría a Brasil en una lista cre­ciente de país­es que evalúan con­troles estric­tos sobre las platafor­mas de redes sociales. Aus­tralia ya ha imple­men­ta­do una pro­hibi­ción de acce­so a deter­mi­nadas platafor­mas para menores de 16 años, mien­tras que España y var­ios país­es europeos estu­di­an restric­ciones sim­i­lares.

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