El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido uno de los críticos más visibles de las apuestas online en Brasil y ha vuelto a la carga en un año electoral que va a ser complicado para la industria del juego y el iGaming debido a propuestas de prohibir el patrocinio del futbol por los operadores y nuevas protecciones a menores.
En un discurso esta semana sobre salud y educación, Lula apuntó claramente a la industria y criticó todas las actividades del juego, y sobre todo la proliferación de plataformas de apuestas deportivas.
El presidente estableció un paralelismo entre la antigua prohibición de los casinos físicos en Brasil, que data de 1948, y la actual facilidad de acceso a los juegos electrónicos, argumentando que hoy “el casino se metió dentro de las casas” donde está disponible incluso para niños y adolescentes.
“Aprendí a estar en contra del juego. Estaba en contra de los casinos y del juego ilegal de números porque la iglesia me enseñó que debía oponerme al juego. Lo que está ocurriendo hoy es que el casino se ha metido dentro de los hogares. Está en la sala de estar, en las manos de tus hijos”, declaró Lula.
El presidente indicó que deberán implementarse “medidas más estrictas” para proteger a este segmento de la población del endeudamiento excesivo provocado por las apuestas, más allá de la prohibición decretada el año pasado que impide a los beneficiarios del programa de Bolsa Familia hace apuestas con el dinero de este subsidio social.
Brasil vota en octubre
Con este discurso populista se ve que Lula ha entrado de frente en una campaña por las elecciones de octubre de este año, donde se supone que buscará un cuarto mandato pese a que tendrá 80 años.
Las elecciones suponen un riesgo para el sector del juego porque las propuestas que podrían restringir sus actividades o imponer nuevos impuestos van a cobrar fuerza política y situarse en el centro del debate nacional en momentos en que la industria aún se adapta al mercado regulado recién hace un año.

En 2026, el Senado y la Cámara de Diputados deberán definir los términos finales de un proyecto de ley específico sobre publicidad de juegos de azar, un asunto que ha pasado rápidamente de un ajuste regulatorio a la posibilidad de una prohibición nacional.
La Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) del Senado aprobó un proyecto que establece una prohibición nacional de la publicidad y los patrocinios de apuestas, con el respaldo de la senadora evangélica Damares Alves, una feroz crítica del juego como adicción social en Brasil. La propuesta modifica el marco de la Ley N.º 14.790/2023 y ahora avanza a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) antes de una eventual votación en el pleno.
El Instituto Brasilero de Juego Responsable (IBJR) ha advertido que una prohibición total podría desestabilizar el mercado regulado justo cuando intenta consolidarse.
Una prohibición a los patrocinios de los operadores, que figuran masivamente en las camisetas de los principales equipos brasileños de futbol, sería un golpe duro para los clubes que dependen de los ingresos millonarios que reciben ahora para pagar a sus jugadores y crecer.
No obstante, el decreto sobre publicidad de apuestas todavía se encuentra en una fase inicial, y ningún bloque político del Congreso o del Senado ha declarado abiertamente qué proyecto planea respaldar. La gobernanza del juego divide opiniones no solo entre el gobierno del Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal liderado por la familia Bolsonaro, sino también dentro de los propios partidos.
Carga impositiva pesada
Después de idas y venidas, el régimen tributario fue modificado a propuesta del gobierno, que ve al sector del juego como una vaca lechera fiscal, y se implementó un aumento gradual de impuestos sobre las ganancias brutos de los operadores de bets (GGR) que tendrán un incremento escalonado de impuestos, que alcanzará el 13% en 2026, el 14% en 2027 y finalmente el 15% en 2028.
Aún sigue pendiente en el Congreso la amenaza de un impuesto del 15% sobre los depósitos de jugadores en plataformas de apuestas online, conocido como el CIDE-Bets, aprobada en el Senado, pero su aprobación final aún es incierto ya que su votación en la Cámara de Diputados fue pospuesto. Bajo esta propuesta, si un jugador deposita R$100 solo R$85 quedarían disponibles para apostar después del impuesto.
La industria regulada ha expresado fuertes objeciones porque este impuesto, que grava directamente los depósitos del jugador en lugar del ingreso bruto del operador, podría incentivar que los jugadores migren al mercado ilegal no autorizado para evitar este cargo.

Lula criticó las apuestas online porque las ve como un riesgo para familias vulnerables, un drenaje de recursos nacionales y una amenaza a la salud de menores.
Su gobierno está preparando un decreto presidencial destinado a reforzar la protección de menores en entornos digitales, una propuesta que exigiría que tiendas de aplicaciones y plataformas digitales implementen sistemas sólidos de verificación de edad para impedir que menores accedan a apuestas, pornografía y otros contenidos con restricción etaria.
El mandato podría convertir a Brasil en el primer país de Sudamérica en introducir restricciones específicas de acceso digital que vayan más allá de simples declaraciones de edad y colocaría a Brasil en una lista creciente de países que evalúan controles estrictos sobre las plataformas de redes sociales. Australia ya ha implementado una prohibición de acceso a determinadas plataformas para menores de 16 años, mientras que España y varios países europeos estudian restricciones similares.









