
Colombia fue el primer país de Latinoamérica en regular los juegos de azar y las apuestas deportivas online en 2016, pero ahora corre el riego de socavar el éxito de su modelo pionero donde el gobierno utiliza la industria del iGaming para generar fondos para sus programas de salud.
En un cambio brusco en su política fiscal, el gobierno decretó en febrero que las 16 plataformas de juegos de azar en línea con licencia para operar en Colombia deben recaudar un impuesto al valor agregado del 19 % sobre los depósitos de los jugadores. Se supone que la aplicación del IVA es solo temporal y estará vigente hasta finales de este año para ayudar a financiar la respuesta del gobierno colombiano a la violencia guerrillera en la región del Catatumbo.
Sin embargo, el impacto de la eliminación de la exención del IVA a los juegos en línea es mayor de lo previsto y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) advierte que será “catastrófico” para el mercado regulado, incentivando a los apostadores a irse al mercado no regulado.
Fecoljuegos advirtió que los depósitos de los jugadores han disminuido entre un 30% y un 50% desde la entrada en vigor del IVA. Para contrarrestar esta disminución en sus ingresos brutos del juego (GGR), los operadores ofrecen a los jugadores incentivos y bonificaciones para intentar mitigar el impuesto. Pero la entidad privada afirma que estos incentivos no son sostenibles financieramente a largo plazo y que muchos de sus miembros tendrían que cesar sus operaciones en Colombia si el impuesto se mantiene.
El IVA reduce efectivamente la cantidad que los jugadores pueden apostar: un depósito de $100 está gravado con un 19%, lo que deja aproximadamente $84 para apostar. Esta reducción ha influido directamente en el comportamiento de los jugadores, provocando una disminución de sus apuestas.
El aumento del costo del juego legal ha generado preocupación por la migración de jugadores a plataformas no reguladas que no aplican dichos impuestos.
Operadores como WPlay han argumentado que los depósitos no se deben gravar con el IVA por no ser ingresos propiamente tal y la medida va desincentivar futuras inversiones en el sector.
INGRESOS FISCALES
El aumento de las actividades ilegales de juego evidentemente amenaza la viabilidad de los operadores legales, sin contar con el hecho que el impuesto podría socavar las contribuciones al sistema público de salud, que es financiado en parte por los derechos de explotación de las empresas del iGaming y depende en gran medida de los ingresos provenientes del impuesto al juego.

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, la entidad gubernamental que regula el juego, informa que se ha transferido 2.400 millones de pesos colombianos, o sea unos 584.000 dólares, al sistema de salud en los dos últimos años, lo que significa un 33% del aporte del sector de juego al fisco desde el año 2012.
“El sector del juego nunca antes había tenido un desempeño tan positivo. Esto se debe, en gran medida, a los esfuerzos del Gobierno Nacional por regular la industria, controlar la ilegalidad y modernizar la tecnología”, afirmó Hincapié recientemente. iGamingFuturo pidió varias veces a Coljuegos una entrevista con Hincapié para este artículo pero nunca tuvo respuesta.
El gobierno del Presidente Gustavo Petro alega que necesita aumentar los ingresos para financiar programas humanitarios. Intentó inicialmente aplicar el IVA a los juegos de azar de forma permanente como parte de la ley de presupuesto nacional para 2025, pero esto fue rechazado en el Congreso.
El IVA permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, a la espera de una revisión por parte de la Corte Constitucional programada para el 25 de junio.

Fecoljuegos ha expresado también su rechazo a un decreto del gobierno que obliga al adelanto del pago del impuesto de la renta correspondiente al ejercicio 2026, trasladándolo a 2025, lo cual junto al IVA crea “un panorama tributario insostenible”.
“Esta acumulación de medidas está empujando a la industria al borde del colapso”, advierte Fecoljuegos, subrayando que cada nuevo tributo incrementa los costes operativos, limita la inversión y dificulta la generación de empleo formal.
El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, declaradó que el exceso de cargas fiscales “está poniendo en riesgo la estabilidad del tejido empresarial colombiano”, y ha instado al gobierno a abrir urgentemente un diálogo que permita revisar el impacto real de esta política tributaria.