El año 2025 marca un punto de inflexión para la industria del juego en México. No fue un año de crecimiento exuberante ni de disrupciones espectaculares. Fue algo más profundo y duradero: el año en que el juego dejó de operar en una zona de tolerancia regulatoria para convertirse, de forma explícita, en objeto de políticas públicas, fiscales y financieras.
Durante más de una década, el sector ha convivido con una ley obsoleta, una supervisión desigual y un crecimiento acelerado, especialmente en el segmento online. Ese modelo permitió la expansión, pero también generó asimetrías, informalidad y riesgos que el propio mercado fue incapaz de corregir. En 2025, este equilibrio se rompió por completo.
Fiscalidad: del ajuste al reordenamiento estructural
El incremento del impuesto sobre los juegos de azar y las apuestas del 30 % al 50 %, aprobado dentro del Paquete Económico de 2026, fue uno de los movimientos más comentados del año. No por inesperado, sino por su alcance. El impuesto se calcula sobre los ingresos brutos derivados de la actividad del juego y no sobre las ganancias ni sobre un GGR neto, lo que explica por qué, aunque afecta por igual a casinos físicos y plataformas en línea, su impacto no es el mismo.
Los casinos presenciales se enfrentan a una mayor presión debido a sus costes fijos, licencias locales, operación intensiva en personal y menor elasticidad operativa. Para muchos, el nuevo entorno fiscal obliga a replantearse el modelo: consolidaciones, cierres selectivos o reconversión hacia formatos híbridos con mayor integración digital.
En cambio, los operadores en línea han mostrado una mayor capacidad de adaptación. Su estructura flexible, el uso intensivo de datos y la automatización de procesos de marketing, KYC y AML le permiten ajustar márgenes y escalar con mayor eficiencia. El mensaje fiscal es claro: México no expulsa a la industria, la filtra.
Regulación: de la reacción a la prevención
En paralelo, en 2025 se produjo un cambio cualitativo en la supervisión. La suspensión temporal de trece casinos en noviembre por operaciones financieras irregulares no fue un operativo aislado, sino una muestra de la capacidad institucional.
La reforma de la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), junto con los ajustes al Código Penal Federal, elevó las obligaciones de identificación de clientes, trazabilidad financiera y reporte de operaciones a un nivel sin precedentes. El cumplimiento dejó de ser reactivo para pasar a ser preventivo, digital y permanente. Ahora, las autoridades exigen información en tiempo real y la cruzan con redes internacionales como el Grupo Egmont, lo que alinea a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que define las mejores prácticas globales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación ilícita.
El mensaje al mercado fue inequívoco: las zonas grises dejaron de ser tolerables. El operador serio no es penalizado por este entorno; al contrario, es fortalecido frente a quienes competían desde la informalidad.
AML como ventaja competitiva
Lo ocurrido en 2025 confirma que el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering) ya no es un coste inevitable, sino una ventaja estratégica. Las plataformas que invirtieron en supervisión de transacciones avanzada, análisis de riesgos y automatización de informes operan hoy con mayor certidumbre jurídica y reputacional.
Para el inversor internacional, este endurecimiento no es una señal de inestabilidad, sino de madurez institucional. Los mercados con reglas claras, aunque exigentes, atraen capital a largo plazo. En este sentido, México envió una señal positiva al ecosistema global.
México está absorbiendo tecnología global a una velocidad impensable hace pocos años. Los proveedores internacionales ya no ven al país solo como un mercado de volumen, sino como un ecosistema capaz de adoptar estándares avanzados.
La profesionalización no es opcional. Es el precio de permanencia
Si bien el año 2025 no resolvió todos los asuntos pendientes del sector, sí estableció las directrices y el marco de referencia para el ciclo siguiente, delineando el camino a seguir y los objetivos a alcanzar en los próximos años. El sector del juego en México se está ordenando, no contrayendo. El proceso será exigente, pero también generará un mercado más estable, transparente y competitivo.
Quien haya comprendido este año que el cumplimiento, la tecnología y la institucionalidad son parte del negocio alcanzará una posición de fuerza en el futuro inmediato. Quien no lo haya hecho, difícilmente encontrará su lugar en el nuevo panorama del juego en México.
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