Joberto Porto es el representante legal de Betsul en Brasil y, en una entrevista en profundidad con IGF, analiza cómo la evolución del marco regulatorio del iGaming en el país está redefiniendo el rol de las áreas legales y de compliance dentro de los operadores de apuestas, al tiempo que transforma la relación entre operadores, reguladores, el Poder Judicial y el ecosistema deportivo.
Desde una perspectiva jurídica y estratégica, la conversación aborda temas clave como la estabilidad regulatoria, la protección del consumidor, el juego responsable, la privacidad de los datos, el monitoreo basado en inteligencia artificial, las restricciones publicitarias y la integridad en el deporte.
Porto subraya el compliance no como un centro de costos, sino como un motor de valor a largo plazo, credibilidad y sostenibilidad del mercado, y sostiene que la maduración del mercado de apuestas en Brasil dependerá tanto de la gobernanza institucional, la educación y la conducta ética como de las propias normas legales.
IGF: ¿Cómo la evolución del marco regulatorio está cambiando la influencia del departamento jurídico dentro de las operadoras?
JP: El nuevo marco regulatorio elevó el papel del departamento jurídico a un nivel estratégico. Antes enfocado en la mitigación de riesgos puntuales, el área legal pasó a actuar en la estructuración del negocio, integrándose directamente con áreas como marketing, atención al cliente, RR. HH., contabilidad y operaciones.
Desde el punto de vista del apostador, hubo un avance claro en la protección del consumidor, especialmente con la aplicación directa de los principios del Código de Defensa del Consumidor (CDC) y el refuerzo de las reglas de publicidad responsable.
Esto exigió un reposicionamiento del departamento jurídico, que hoy orienta campañas, define políticas internas y acompaña todas las decisiones con impacto regulatorio y reputacional. Esta transformación también generó nuevos empleos y especializaciones.
La estructura jurídica creció, abriendo espacio para profesionales de compliance, gobernanza, contratos, regulación y protección de datos, lo que demuestra que la regulación no trajo sólo obligaciones, sino también desarrollo institucional y oportunidades de carrera.
IGF: ¿Qué elementos de la regulación brasileña exigirán las mayores transformaciones operativas en 2026?
JP: Lo que más exigirá transformaciones operativas en 2026 es justamente la inestabilidad política y normativa. Vivimos un momento de inseguridad jurídica en el que proyectos de ley y debates parlamentarios aún intentan redefinir las reglas del sector. Esta volatilidad afecta directamente la planificación de las operadoras y obliga a los departamentos jurídicos a trabajar en modo de vigilancia continua. La Ley n.º 14.790/2023 y las ordenanzas de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de
Hacienda crearon una base sólida, pero su consolidación todavía depende de coherencia institucional. El gran desafío será preservar la previsibilidad del entorno regulado frente a las presiones políticas que llegarán con el ciclo electoral. El próximo año será una prueba de madurez. Las empresas deberán demostrar que operan dentro de la ley, con ética, responsabilidad y control efectivo, al mismo tiempo que defienden el carácter técnico de la regulación frente a discursos moralistas. El sector que entienda este contexto saldrá fortalecido.
IGF: ¿Cómo debería ser la relación ideal entre operadores, reguladores y entidades deportivas en Brasil?
JP: La relación ideal debe apoyarse en el diálogo institucional, la cooperación técnica y el equilibrio en el ejercicio del poder regulatorio. La Secretaría de Premios y Apuestas debe ser un órgano de Estado, con perfil técnico, mediador y facilitador, y no solo un agente fiscalizador. Su papel es garantizar que la regulación sea comprendida, aplicada y mejorada en conjunto con el mercado y las entidades deportivas.
Hoy existe una percepción clara en la industria: los operadores regulados, que cumplen obligaciones, pagan impuestos y se someten a auditorías, son los más fiscalizados. Mientras tanto, parte del mercado informal sigue operando con menor vigilancia. Esta asimetría debe corregirse para que la regulación cumpla su función principal, que es fortalecer el entorno legal y reducir el espacio de la informalidad. La mayoría de las operadoras reguladas demuestra un esfuerzo real por cumplir las normas, y es en ese punto donde el diálogo se vuelve esencial.
Un regulador accesible y transparente eleva el nivel de cumplimiento, genera seguridad jurídica y atrae nuevas inversiones. Las entidades deportivas, por su parte, deben integrarse a este ecosistema, colaborando en el monitoreo de la integridad, el intercambio de datos y la protección del deporte como patrimonio público.
IGF: ¿Qué métricas de comportamiento del jugador espera que se vuelvan obligatorias para ser reportadas por las operadoras?
JP: Este es un tema más operativo, pero con fuerte impacto jurídico y regulatorio. Se espera que la regulación avance para exigir indicadores estandarizados de juego responsable, capaces de identificar patrones de riesgo en el comportamiento del jugador. Desde el punto de vista del Departamento Jurídico, el interés está en garantizar que estas métricas sean claras, objetivas y respeten la privacidad y la protección de los datos personales, conforme a la Ley General de Protección de Datos (LGPD). El desafío será equilibrar la transparencia regulatoria y los derechos fundamentales del jugador. El papel del área legal es asegurar que esta recolección y el reporte a las autoridades se realicen de forma proporcional, legítima y segura.
IGF: ¿Qué significa “compliance comercialmente sostenible” cuando la reducción de daños al jugador es una prioridad?
JP: Significa mantener una operación responsable y viable al mismo tiempo. En el entorno regulado, la reducción de daños al jugador no es solo una exigencia ética, sino una cuestión de reputación y supervivencia en el mercado. Ningún operador serio tiene interés en mantener dentro de su plataforma a un jugador con comportamiento compulsivo o adictivo. Este tipo de práctica destruye la imagen de la marca, aleja socios y atrae sanciones. El verdadero operador regulado entiende que el juego responsable forma parte de su estrategia comercial. Cumplir las reglas, proteger al consumidor y aplicar mecanismos de control son acciones que generan confianza en el mercado.
El compliance sostenible es aquel que transforma estas obligaciones en valor, fortaleciendo la relación entre el operador, el regulador y el público. La sostenibilidad del compliance radica en convertirlo en valor corporativo, y no solo en una obligación. Cuando la integridad, la ética y el respeto al consumidor se integran al modelo de negocio, el resultado es un entorno más seguro, confiable y competitivo.
IGF ¿La legislación actual es suficiente para proteger al deporte brasileño contra la manipulación de resultados?
JP: La legislación actual ofrece instrumentos suficientes para combatir la manipulación de resultados, pero el problema no está solo en las normas. El punto central es la estructura de integridad dentro de los clubes y el papel de las Confederaciones y Federaciones Deportivas. La regulación avanzó sobre las operadoras, pero el deporte aún carece de mecanismos internos eficaces de control, prevención y educación. Los clubes necesitan desarrollar áreas propias de compliance, invertir en programas de integridad y en el acompañamiento psicológico de los atletas, desde las divisiones juveniles hasta los profesionales.
Las Confederaciones y Federaciones también tienen una gran responsabilidad en este proceso, ya que definen las directrices institucionales del deporte y deben prestar mayor atención a la realidad y al bienestar de los atletas. La manipulación de resultados muchas veces nace de la vulnerabilidad social y de la falta de orientación. La ley actúa en la sanción, pero la prevención depende de la educación y la gobernanza. Mientras clubes, federaciones y confederaciones no incorporen una cultura de integridad y responsabilidad, cualquier estructura legal será limitada. El deporte brasileño necesita evolucionar institucionalmente tanto como lo hizo el mercado de apuestas.
IGF: ¿Cómo la detección de apuestas sospechosas basada en IA debería redefinir responsabilidades legales y límites de privacidad?
JP: La inteligencia artificial cumple un papel importante en la detección de apuestas sospechosas, ya que permite cruzar información en tiempo real e identificar comportamientos fuera de lo normal. Sin embargo, el uso de estas tecnologías plantea nuevos desafíos jurídicos. Es necesario garantizar que el análisis automatizado respete los límites previstos en la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y mantenga la finalidad legítima de la recolección, que es proteger la integridad deportiva y al propio consumidor. Desde el punto de vista legal, la responsabilidad de la operadora aumenta, ya que pasa a ser controladora y custodio de estos datos sensibles. El uso de IA no la exime de responder por errores, excesos o filtraciones. Por eso, el departamento jurídico debe asegurar la existencia de políticas claras de gobernanza algorítmica, revisiones humanas de las decisiones automatizadas y transparencia respecto de los criterios utilizados en la detección.
La IA es una aliada en la lucha contra la manipulación, pero sólo será legítima si se utiliza con responsabilidad, proporcionalidad y respeto a la privacidad del apostador. Finalmente, como ocurre en cualquier sector de la economía, la industria del iGaming utiliza soluciones de inteligencia artificial para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. Sin embargo, estas herramientas no eliminan sus deberes y obligaciones legales.
IGF: ¿Las restricciones a la publicidad (TV, influencers, atletas) pueden alterar fundamentalmente el modelo de negocio?
JP: Sin duda impactan el modelo de negocio, pero el papel del departamento jurídico es precisamente orientar al marketing y a las operaciones para que la comunicación siga siendo eficiente dentro de los límites legales. Cada nueva norma exige adaptación, y el área legal se convierte en el punto de equilibrio entre creatividad y cumplimiento.
Estas restricciones no hacen inviable la actividad, pero generan desafíos concretos para la operación, que necesita reinventarse y redefinir sus estrategias de comunicación y publicidad. Es en este proceso donde el jurídico actúa codo a codo con el marketing, evaluando contenidos, revisando campañas y previniendo riesgos reputacionales. El sector de apuestas debe comunicarse con responsabilidad, y corresponde al área legal garantizar que esto ocurra de forma ética, transparente y en total conformidad con la regulación.
IGF: ¿Qué decisiones judiciales en los próximos 12–18 meses pueden redefinir las responsabilidades de las operadoras?
JP: Esta es una pregunta compleja, y sería precipitado prever decisiones judiciales en un mercado que aún está en consolidación. Brasil cuenta con 26 Tribunales de Justicia, además del Superior Tribunal de Justicia y del Supremo Tribunal Federal, cada uno con dinámicas y criterios propios. El sector de apuestas es reciente y los tribunales aún no han formado jurisprudencia. Hasta el momento, no existen decisiones judiciales que indiquen un cambio estructural en las responsabilidades de las operadoras. Es un campo en evolución, que necesitará tiempo para madurar y unificar criterios.
Actualmente, gran parte de las notificaciones recibidas por las operadoras se refiere a pedidos de bloqueo de valores de deudores. Los jueces solicitan información sobre eventuales saldos mantenidos por personas físicas y ordenan el bloqueo de retiros. En la práctica, estos pedidos han resultado ineficaces, ya que los deudores no tienen cuentas registradas o saldos disponibles en las plataformas. Además, alrededor del 98 % de las apuestas realizadas no involucran montos significativos. El apostador que está en el entorno regulado ve el juego como entretenimiento, no como inversión. Esto demuestra que el perfil predominante es de bajo riesgo financiero, lo que hace que estas órdenes judiciales sean desproporcionadas y poco efectivas. Este tipo de medidas revela que el tema aún es poco comprendido, lo que refuerza la necesidad de capacitación técnica y especialización judicial.
IGF: ¿El Poder Judicial brasileño está preparado para disputas que involucren microapuestas, datos en tiempo real y resultados orientados por IA?
JP: El Poder Judicial brasileño está compuesto por jueces altamente capacitados y se ha ido adaptando con rapidez a las nuevas realidades del mercado digital. En los pocos procesos en los que hemos actuado, es perceptible el nivel de atención y estudio de los magistrados sobre el sector de apuestas y sus particularidades técnicas. La tendencia es hacia una especialización continua. En congresos, foros y escuelas de abogacía ya se discuten temas como microapuestas, integridad de datos y el uso de inteligencia artificial en entornos regulados. El Poder Judicial ha demostrado disposición para comprender el funcionamiento del iGaming y juzgar con base en criterios técnicos, lo cual es esencial para consolidar la seguridad jurídica y la previsibilidad del sector.
IGF: ¿El compliance puede convertirse en un generador de valor —y no solo en un centro de costos— en un escenario competitivo?
JP : Sin duda. Hoy el compliance es un generador directo de valor y de impacto en la valuación de la empresa. Solemos decir que el compliance no es un departamento de prevención de ventas, sino de prevención de ventas equivocadas. Protege a la compañía de riesgos que podrían comprometer su imagen, sus contratos y su sostenibilidad. Cuando está bien estructurado, el compliance reduce pérdidas, fortalece la gobernanza, mejora la percepción del mercado y aumenta la confianza de inversores y socios. En un entorno competitivo, está credibilidad se convierte en un diferencial comercial. El compliance no es un gasto, es una inversión en reputación y en la longevidad del negocio.
Notas del editor:
De cara a 2026, el mercado de iGaming en Brasil se perfila como una etapa decisiva de consolidación y madurez, marcada por una regulación más estructurada pero aún tensionada por la volatilidad política y normativa. Según el análisis de Joberto Porto, el próximo año exigirá a los operadores una adaptación profunda en términos operativos, legales y culturales, con departamentos jurídicos y de compliance asumiendo un rol claramente estratégico en la toma de decisiones, la protección del consumidor y la gestión reputacional. La estabilidad regulatoria, el fortalecimiento del juego responsable, el uso responsable de inteligencia artificial, la protección de datos y la relación equilibrada entre operadores, reguladores, el Poder Judicial y el deporte serán ejes centrales.
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