Los legisladores de Filipinas han reactivado el debate sobre una posible prohibición nacional del juego online, mientras los reguladores enfrentan una presión creciente para reforzar la protección de los jugadores y frenar la actividad ilegal, en medio de la preocupación de que el país pueda volver a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).
El renovado escrutinio se produce mientras el Comité de Juegos y Entretenimiento del Senado retoma el análisis del proyecto de Ley contra el Juego Online (Senate Bill No. 47), que busca prohibir todas las formas de iGaming.
Durante una audiencia reciente, varios senadores sostuvieron que el juego online se está convirtiendo en un problema social serio y cuestionaron si los reguladores tienen la capacidad real de combatir eficazmente la industria ilegal y proteger a los usuarios frente a la adicción.
Aunque no existen datos oficiales sobre la prevalencia del juego problemático, la participación se ha disparado en el archipiélago del sudeste asiático, donde el PIB per cápita promedio es de apenas US$ 4.619 (£3.432).
Controles más estrictos
Según la Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), 10 millones de filipinos participaron en juegos de azar online a través de 32,1 millones de cuentas activas en 2025.
Filipinas cuenta con una población total de unos 117 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 70 millones superan la edad legal para apostar, fijada en 21 años.
Los centros de rehabilitación y apoyo también han reportado un aumento en el número de jugadores problemáticos que buscan tratamiento.
Ante la creciente presión, el presidente de PAGCOR, Alejandro Tengco —firme defensor de una regulación estricta en lugar de la prohibición— y la vicepresidenta asistente Jessa Mariz Fernandez señalaron ante el Senado que la entidad está implementando controles más severos y reforzando la protección al consumidor.
Entre las medidas figuran la prohibición de publicidad en horario estelar, mayores exigencias de verificación e identificación (KYC), la implementación de un sistema de autoexclusión —cuyo uso pasó de 476 personas en 2024 a 2.676 en 2025— y la ampliación de los servicios de juego responsable, financiados con un porcentaje del GGR aportado por los operadores con licencia.
Fiscalización y cumplimiento
PAGCOR también se ha asociado con especialistas en trastornos del juego, la organización Seagulls Flock, para lanzar después de Semana Santa una línea de ayuda 24/7 contra los daños asociados al juego.
Durante la audiencia se informó además que más de 7.136 sitios de apuestas ilegales han sido desmantelados por PAGCOR y las fuerzas del orden en los últimos seis meses, mientras herramientas de inteligencia artificial rastrean de forma continua internet en busca de plataformas sin licencia.
El organismo subrayó que el juego ilegal no es un fenómeno exclusivo de Filipinas y que está adoptando mejores prácticas de otras jurisdicciones, aunque advirtió que se trata de una lucha constante.
Las nuevas medidas se suman a una serie de reformas regulatorias que, según la firma legal especializada Arden Consulting, han transformado lo que alguna vez fue el “Lejano Oeste” del juego en uno de los mercados más regulados de la región.

Persisten las dudas
Sin embargo, muchos senadores siguen sin estar convencidos.
La reforma regulatoria en curso, iniciada en 2024, ha sido profunda e incluyó la prohibición de los Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), el refuerzo de los controles de juego responsable, restricciones a las billeteras electrónicas y nuevas normas para todos los licenciatarios de iGaming.
Esto implica que toda la cadena de suministro —proveedores de juegos, servicios de pago, soluciones KYC, entre otros— debe estar regulada y licenciada por PAGCOR.
Muchas de estas medidas aún están en fase de implementación y, según la visión de PAGCOR, no han tenido el tiempo suficiente para mostrar resultados.
Además de la protección al consumidor frente al daño y la adicción al juego, los senadores temen que la persistencia de la actividad ilícita y la posible subdeclaración de transacciones sospechosas por parte de casinos con licencia puedan provocar el regreso del país a la temida “lista gris” del GAFI.
Esta lista agrupa a los países bajo mayor vigilancia por debilidades en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Una advertencia al mercado
La inclusión en la lista funciona como una señal de alerta para los inversores internacionales sobre riesgos financieros significativos.
Filipinas fue retirada de la lista gris recién en febrero de 2025, tras haber ingresado en junio de 2021.
Uno de los principales motivos fue la débil supervisión de los casinos bajo el régimen POGO, impulsado por el expresidente Rodrigo Duterte —actualmente bajo investigación internacional por presuntas violaciones masivas de derechos humanos durante su mandato (2016–2022).
Según el bufete Hogan Lovells, el régimen POGO comenzó como un intento legítimo de impulsar el crecimiento económico, pero rápidamente se convirtió en “una fachada conveniente para que redes de crimen organizado encubrieran actividades ilícitas como la trata de personas, estafas y lavado de dinero”.
Para varios senadores filipinos, esos antecedentes siguen demasiado presentes.
Y la gran incógnita —de miles de millones de pesos— es si el Congreso optará por una prohibición total del juego online o dará tiempo a que el nuevo marco regulatorio, ahora más estricto, demuestre su eficacia.
Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona el debate.
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