Juego online en Filipinas: presión política, reformas regulatorias y riesgo financiero


Los leg­is­ladores de Fil­ip­inas han reac­ti­va­do el debate sobre una posi­ble pro­hibi­ción nacional del juego online, mien­tras los reg­u­ladores enfrentan una pre­sión cre­ciente para reforzar la pro­tec­ción de los jugadores y fre­nar la activi­dad ile­gal, en medio de la pre­ocu­pación de que el país pue­da volver a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Inter­na­cional (GAFI/FATF).

El ren­o­va­do escru­ti­nio se pro­duce mien­tras el Comité de Jue­gos y Entreten­imien­to del Sena­do retoma el análi­sis del proyec­to de Ley con­tra el Juego Online (Sen­ate Bill No. 47), que bus­ca pro­hibir todas las for­mas de iGam­ing.

Durante una audi­en­cia reciente, var­ios senadores sos­tu­vieron que el juego online se está con­vir­tien­do en un prob­le­ma social serio y cues­tionaron si los reg­u­ladores tienen la capaci­dad real de com­bat­ir efi­caz­mente la indus­tria ile­gal y pro­te­ger a los usuar­ios frente a la adic­ción.

Aunque no exis­ten datos ofi­ciales sobre la preva­len­cia del juego prob­lemáti­co, la par­tic­i­pación se ha dis­para­do en el archip­iéla­go del sud­este asiáti­co, donde el PIB per cápi­ta prome­dio es de ape­nas US$ 4.619 (£3.432).

Controles más estrictos

Según la Philip­pine Amuse­ment and Gam­ing Cor­po­ra­tion (PAGCOR), 10 mil­lones de fil­ipinos par­tic­i­paron en jue­gos de azar online a través de 32,1 mil­lones de cuen­tas acti­vas en 2025.

Fil­ip­inas cuen­ta con una población total de unos 117 mil­lones de habi­tantes, de los cuales alrede­dor de 70 mil­lones super­an la edad legal para apos­tar, fija­da en 21 años.

Los cen­tros de reha­bil­itación y apoyo tam­bién han repor­ta­do un aumen­to en el número de jugadores prob­lemáti­cos que bus­can tratamien­to.

Ante la cre­ciente pre­sión, el pres­i­dente de PAGCOR, Ale­jan­dro Teng­co —firme defen­sor de una reg­u­lación estric­ta en lugar de la pro­hibi­ción— y la vicepres­i­den­ta asis­tente Jes­sa Mariz Fer­nan­dez señalaron ante el Sena­do que la enti­dad está imple­men­tan­do con­troles más severos y reforzan­do la pro­tec­ción al con­sum­i­dor.

Entre las medi­das fig­u­ran la pro­hibi­ción de pub­li­ci­dad en horario este­lar, may­ores exi­gen­cias de ver­i­fi­cación e iden­ti­fi­cación (KYC), la imple­mentación de un sis­tema de autoex­clusión —cuyo uso pasó de 476 per­sonas en 2024 a 2.676 en 2025— y la ampliación de los ser­vi­cios de juego respon­s­able, finan­cia­dos con un por­centa­je del GGR apor­ta­do por los oper­adores con licen­cia.

Fiscalización y cumplimiento

PAGCOR tam­bién se ha aso­ci­a­do con espe­cial­is­tas en trastornos del juego, la orga­ni­zación Seag­ulls Flock, para lan­zar después de Sem­ana San­ta una línea de ayu­da 24/7 con­tra los daños aso­ci­a­dos al juego.

Durante la audi­en­cia se infor­mó además que más de 7.136 sitios de apues­tas ile­gales han sido des­man­te­la­dos por PAGCOR y las fuerzas del orden en los últi­mos seis meses, mien­tras her­ramien­tas de inteligen­cia arti­fi­cial ras­tre­an de for­ma con­tin­ua inter­net en bus­ca de platafor­mas sin licen­cia.

El organ­is­mo sub­rayó que el juego ile­gal no es un fenó­meno exclu­si­vo de Fil­ip­inas y que está adop­tan­do mejores prác­ti­cas de otras juris­dic­ciones, aunque advir­tió que se tra­ta de una lucha con­stante.

Las nuevas medi­das se suman a una serie de refor­mas reg­u­la­to­rias que, según la fir­ma legal espe­cial­iza­da Arden Con­sult­ing, han trans­for­ma­do lo que algu­na vez fue el “Lejano Oeste” del juego en uno de los mer­ca­dos más reg­u­la­dos de la región.

Persisten las dudas

Sin embar­go, muchos senadores siguen sin estar con­ven­ci­dos.

La refor­ma reg­u­la­to­ria en cur­so, ini­ci­a­da en 2024, ha sido pro­fun­da e incluyó la pro­hibi­ción de los Philip­pine Off­shore Gam­ing Oper­a­tors (POGOs), el refuer­zo de los con­troles de juego respon­s­able, restric­ciones a las bil­leteras elec­tróni­cas y nuevas nor­mas para todos los licen­ci­atar­ios de iGam­ing.

Esto impli­ca que toda la cade­na de sum­in­istro —provee­dores de jue­gos, ser­vi­cios de pago, solu­ciones KYC, entre otros— debe estar reg­u­la­da y licen­ci­a­da por PAGCOR.

Muchas de estas medi­das aún están en fase de imple­mentación y, según la visión de PAGCOR, no han tenido el tiem­po sufi­ciente para mostrar resul­ta­dos.

Además de la pro­tec­ción al con­sum­i­dor frente al daño y la adic­ción al juego, los senadores temen que la per­sis­ten­cia de la activi­dad ilíci­ta y la posi­ble sub­de­claración de transac­ciones sospe­chosas por parte de casi­nos con licen­cia puedan provo­car el regre­so del país a la temi­da “lista gris” del GAFI.

Esta lista agru­pa a los país­es bajo may­or vig­i­lan­cia por debil­i­dades en sus sis­temas de pre­ven­ción del lava­do de dinero y la finan­ciación del ter­ror­is­mo.

Una advertencia al mercado

La inclusión en la lista fun­ciona como una señal de aler­ta para los inver­sores inter­na­cionales sobre ries­gos financieros sig­ni­fica­tivos.

Fil­ip­inas fue reti­ra­da de la lista gris recién en febrero de 2025, tras haber ingre­sa­do en junio de 2021.

Uno de los prin­ci­pales motivos fue la débil super­visión de los casi­nos bajo el rég­i­men POGO, impul­sa­do por el expres­i­dente Rodri­go Duterte —actual­mente bajo inves­ti­gación inter­na­cional por pre­sun­tas vio­la­ciones masi­vas de dere­chos humanos durante su manda­to (2016–2022).

Según el bufete Hogan Lovells, el rég­i­men POGO comen­zó como un inten­to legí­ti­mo de impul­sar el crec­imien­to económi­co, pero ráp­i­da­mente se con­vir­tió en “una facha­da con­ve­niente para que redes de crimen orga­ni­za­do encubri­er­an activi­dades ilíc­i­tas como la tra­ta de per­sonas, estafas y lava­do de dinero”.

Para var­ios senadores fil­ipinos, esos antecedentes siguen demasi­a­do pre­sentes.

Y la gran incóg­ni­ta —de miles de mil­lones de pesos— es si el Con­gre­so optará por una pro­hibi­ción total del juego online o dará tiem­po a que el nue­vo mar­co reg­u­la­to­rio, aho­ra más estric­to, demuestre su efi­ca­cia.

Habrá que seguir de cer­ca cómo evolu­ciona el debate.

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