República Dominicana transforma su industria del juego

La refor­ma trib­u­taria impul­sa­da por el gob­ier­no domini­cano y las nuevas dis­posi­ciones reg­u­la­to­rias para la indus­tria del juego antic­i­pan un cam­bio pro­fun­do para oper­adores, provee­dores e inver­sion­istas.

Mien­tras el proyec­to de refor­ma fis­cal con­tinúa su trámite en el Con­gre­so y con­tem­pla un incre­men­to de la car­ga trib­u­taria para casi­nos, ban­cas de lotería y apues­tas deporti­vas, la Res­olu­ción 184‑2026, ya vigente, intro­duce nuevas obliga­ciones en mate­ria de juego respon­s­able, pro­tec­ción al jugador y cumplim­ien­to reg­u­la­to­rio.

Estas ini­cia­ti­vas no lle­gan de man­era ais­la­da. En abril, el gob­ier­no domini­cano reac­tivó el Plan Nacional de Reg­u­lar­ización de Ban­cas y Jue­gos de Azar, una ini­cia­ti­va ori­en­ta­da a for­t­ale­cer la super­visión del sec­tor, com­bat­ir la infor­mal­i­dad y mejo­rar el cumplim­ien­to
trib­u­tario. Vista en con­jun­to, estas medi­das refle­jan una estrate­gia más amplia para aumen­tar el con­trol reg­u­la­to­rio sobre la indus­tria.

Más allá del posi­ble aumen­to de impuestos, la refor­ma plantea nuevas condi­ciones bajo las cuales oper­ará el sec­tor. De apro­barse en los tér­mi­nos actuales, los oper­adores deberán absorber may­ores cos­tos, inver­tir en nuevas her­ramien­tas de cumplim­ien­to y adap­tar sus pro­ce­sos en un entorno con­sid­er­able­mente más exi­gente que el actu­al.

Para bue­na parte de la indus­tria, la dis­cusión ya no gira en torno a si la reg­u­lación era nece­saria, sino a qué empre­sas ten­drán la capaci­dad financiera y oper­a­ti­va para adap­tarse sin com­pro­m­e­ter su rentabil­i­dad.

Uno de los cam­bios más rel­e­vantes del proyec­to es el incre­men­to de la car­ga trib­u­taria para dis­tin­tos seg­men­tos de la indus­tria. Aunque durante el pro­ce­so leg­isla­ti­vo algu­nas prop­ues­tas fueron mod­er­adas tras las con­ver­sa­ciones con rep­re­sen­tantes del sec­tor, la
ver­sión actual­mente en dis­cusión mantiene aumen­tos sig­ni­fica­tivos para casi­nos, ban­cas de lotería y ban­cas deporti­vas.

Las ban­cas de lotería son prob­a­ble­mente las más expues­tas. De apro­barse la refor­ma, el incre­men­to del impuesto fijo por establec­imien­to reduciría el mar­gen de man­io­bra de oper­adores que depen­den de una amplia red de pun­tos de ven­ta y cuyos már­genes ya eran lim­i­ta­dos.

Esto podría obligar a muchas empre­sas a revis­ar la rentabil­i­dad de cada establec­imien­to. En algunos casos sería nece­sario con­sol­i­dar opera­ciones, cer­rar pun­tos de ven­ta poco renta­bles o replantear los planes de expan­sión.

Para­le­la­mente, el mar­co reg­u­la­to­rio ya comen­zó a endure­cerse. La Res­olu­ción 184‑2026 incor­po­ra un sis­tema nacional de autoex­clusión, for­t­alece las reglas sobre pub­li­ci­dad y establece nuevos mecan­is­mos de pro­tec­ción al jugador.

Para los oper­adores esto sig­nifi­ca mucho más que cumplir un req­ui­si­to legal. Será nece­sario actu­alizar platafor­mas, reforzar los pro­ce­sos de iden­ti­fi­cación de clientes, for­t­ale­cer los con­troles de pre­ven­ción de lava­do de dinero e incor­po­rar her­ramien­tas que per­mi­tan admin­is­trar la autoex­clusión y otras medi­das de juego respon­s­able.

En la prác­ti­ca, el cumplim­ien­to deja de ser un cos­to admin­is­tra­ti­vo para con­ver­tirse en una inver­sión estratég­i­ca. Las empre­sas que ya cuen­tan con pro­ce­sos sóli­dos estarán en mejor posi­ción para adap­tarse, mien­tras que aque­l­las que han poster­ga­do estas inver­siones enfrentarán un esce­nario mucho más com­ple­jo.

La capaci­dad para adap­tarse no será igual para todos. Los oper­adores con may­or escala y acce­so a cap­i­tal prob­a­ble­mente enfrentarán mejores condi­ciones para absorber un even­tu­al incre­men­to de cos­tos, mien­tras que las empre­sas de menor tamaño podrían ver una may­or
pre­sión sobre su rentabil­i­dad.

Uno de los prin­ci­pales ries­gos de cualquier refor­ma fis­cal es encon­trar el equi­lib­rio entre aumen­tar la recau­dación y preser­var la com­pet­i­tivi­dad de la indus­tria reg­u­la­da.

Si los cos­tos de operación con­tinúan aumen­tan­do, algunos oper­adores podrían reducir inver­siones, retrasar proyec­tos de crec­imien­to o con­cen­trar sus recur­sos en mer­ca­dos donde las condi­ciones reg­u­la­to­rias sean más favor­ables.

Existe además un ries­go adi­cional. Una may­or pre­sión sobre los oper­adores for­males puede abrir espa­cio para la ofer­ta ile­gal si las autori­dades no for­t­ale­cen al mis­mo tiem­po la super­visión y la apli­cación de la ley.

El éxi­to de la estrate­gia depen­derá no solo del incre­men­to en la recau­dación, sino tam­bién de la capaci­dad del reg­u­lador para man­ten­er un mer­ca­do atrac­ti­vo para la inver­sión y sufi­cien­te­mente com­pet­i­ti­vo para desalen­tar la infor­mal­i­dad.

Lo que sucede en Repúbli­ca Domini­cana va más allá de sus fron­teras. Var­ios país­es lati­noamer­i­canos bus­can incre­men­tar los ingre­sos fis­cales prove­nientes del juego mien­tras ele­van los están­dares de pro­tec­ción al con­sum­i­dor y for­t­ale­cen los mecan­is­mos de cumplim­ien­to.

Para oper­adores, inver­sion­istas y provee­dores de tec­nología, el mer­ca­do domini­cano ofrece un anticipo de una ten­den­cia que prob­a­ble­mente con­tin­uará expandién­dose en la región. La reg­u­lación ya no se limi­ta a estable­cer req­ui­si­tos para oper­ar; aho­ra tam­bién deter­mi­na cuán­to cap­i­tal será nece­sario inver­tir para per­manecer en el mer­ca­do.

Los próx­i­mos meses mostrarán si la com­bi­nación de una even­tu­al may­or car­ga trib­u­taria y de may­ores exi­gen­cias reg­u­la­to­rias for­t­alece a la indus­tria for­mal o acel­era una nue­va eta­pa de con­sol­i­dación. Ese resul­ta­do será obser­va­do de cer­ca por reg­u­ladores y oper­adores de toda Améri­ca Lati­na