La industria regulada de iGaming en España actualmente se opone a una serie de reformas regulatorias de gran alcance, que incluyen la implementación de límites de depósitos de los apostadores, propuestas por el gobierno de Pedro Sánchez que ahora busca acelerar los cambios debido a las elecciones antecipadas para el 29 de noviembre a raíz de la crisis de vivienda nacional.
Una conferencia realizada el jueves en Madrid juntó líderes de los operadores del sector y el regulador Mikel Arana quien encabeza la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Los operadores, representados por la asociación empresarial Jdigital, entablaron recientemente acciones judiciales contra los planes del gobierno para introducir límites de depósitos de apuestas y en la conferencia reiteraron su negativa a cooperar con los planes actuales del gobierno para reformar la Ley del Juego nacional.
“La convocatoria anticipada de elecciones generales nos obligó a reajustar parcialmente el calendario inicialmente previsto y a acelerar la tramitación de varios proyectos normativos,” dijo Arana en su discurso inaugural.
“En este momento, nos encontramos en un escenario en el que tres iniciativas regulatorias ya han sido aprobadas y publicadas oficialmente; una cuarta se encuentra en la fase final de tramitación; y, por último, sigue avanzando el proyecto regulatorio más ambicioso y significativo de todos: la reforma de la Ley del Juego, una iniciativa cuya aprobación definitiva, en realidad, nunca estuvo prevista durante la presente legislatura,” dijo el regulador.
España ya estableció recientemente límites de depósito en las cuentas de juego online autorizadas de 600 euros diarios, 1.500 euros semanales y 3.000 euros mensuales. Pero el Gobierno ya ha aprobado una reforma importante: a partir del 25 de marzo de 2027, se aplicará un segundo conjunto de límites que abarcará a todos los operadores autorizados de manera conjunta, aplicando los límites a cuentas conjuntas del apostador en lugar de considerar cada cuenta de juego por separado.
Jdigital tiene presentado un juicio ante la Corte Suprema para impedir este cambio.
Sobre la creación del sistema de límites conjuntos de depósito, Arana dijo que la reforma tiene como objetivo reforzar las herramientas de protección para los apostadores y se implementará en los próximos seis meses.
“Resulta sorprendente que, a estas alturas, los operadores todavía no se hayan incorporado de manera efectiva y generalizada a este sistema. Desconozco si esto se debe a la espera de determinadas resoluciones judiciales o a decisiones empresariales de otra naturaleza”, dijo.
Otra medida al que la industria se ha opuesto es para prevención del lavado de dinero (AML) mediante obligación de garantizar que los métodos de pago utilizados por los participantes estén a nombre de la misma persona que figura como titular de la cuenta de juego. Los operadores disponen de seis meses para verificar el cumplimiento de este requisito.

“Se trata de una medida sencilla en su formulación, pero extraordinariamente relevante desde la perspectiva de la prevención del fraude, la lucha contra el robo de identidad y la protección de los consumidores. Desde nuestro punto de vista, siempre resultó difícil comprender la oposición de la industria a una medida cuyo propósito fundamental era reforzar la seguridad jurídica del sistema y proteger a sus propios jugadores frente a posibles situaciones de fraude o uso indebido de datos personales”, afirmó Arana.
En cuanto a la reforma de la Ley del Juego, el regulador dijo que el el gobierno tiene el firme propósito de presentar su propuesta de reforma antes de que finalice la legislatura actual, que se disuelve antes de las elecciones, “de modo que pueda servir como punto de partida para el trabajo futuro de quienes sean responsables de continuar desarrollando la política pública en materia de juego.”
El titular del DGOJ sostuvo que las restricciones de horarios de la publicidad en radio y televisión, las limitaciones al patrocinio deportivo y la prohibición de utilizar determinadas figuras públicas en campañas publicitarias redujeron claramente la presencia de las marcas de apuestas y juegos de azar en el deporte, los medios audiovisuales y los espacios dirigidos al público general. Las restricciones decretadas en 2020 fueron parcialmente derrubadas por la Corte Suprema en 2024,
Arana dijo que a partir de las restricciones de 2020 se observó una reducción del juego ilegal, que se mantuvo durante varios semestres en niveles inferiores al 2,6%. Pero a partir del segundo semestre de 2024, después de la sentencia de la Corte Suprema, hubo un aumento significativo que duplicó de la cuota de mercado estimada del juego ilegal.
Las regulaciones del DGOJ no han impedido el crecimiento del sector de apuestas, el mercado regulado continuó creciendo, los operadores mantuvieron su rentabilidad y la canalización de la actividad hacia el mercado regulado se mantuvo elevada, dijo Arana.
“El crecimiento no requiere la ausencia de límites, pero algunos operadores parecen incapaces de resistirse a aprovechar esa ausencia una vez que desaparecen las restricciones”, afirmó el regulador.









