México se encuentra ante uno de los debates legislativos más importantes para la industria del juego de las últimas décadas. La iniciativa del diputado Ricardo Mejía Berdeja, propone sustituir la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 por un nuevo marco normativo centrado en la protección del jugador, el juego responsable y la transparencia institucional.
El proyecto contempla la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un organismo autónomo desde el punto de vista técnico que sustituiría a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
A diferencia de otras propuestas, la iniciativa de Mejía Berdeja se apoya en una trayectoria legislativa y técnica consolidada. Durante la LXII Legislatura, el diputado presidió la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal Relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, creada por acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados en febrero de 2013. Dicha comisión se creó a raíz de diversas denuncias sobre irregularidades en la concesión de permisos para casinos y sorteos.
Una década después, Mejía Berdeja retoma y actualiza ese esfuerzo legislativo ante una industria que ha cambiado de manera radical. La expansión de las plataformas digitales, las apuestas en línea y los juegos en vivo ponen de manifiesto la necesidad de una regulación más moderna y flexible. El nuevo texto incorpora herramientas de supervisión electrónica, mecanismos de autoexclusión y control de apuestas, así como un esquema fiscal basado en el Gross Gaming Revenue (GGR), modelo utilizado en mercados como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.
La propuesta también plantea un cambio de enfoque al convertirse en un sistema centrado en el jugador que reconoce el juego como una actividad de entretenimiento legítima, aunque con límites relacionados con la responsabilidad y la salud pública.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la implementación de programas de autolimitación, la prohibición de créditos o cajeros automáticos en los establecimientos, la restricción de la publicidad dirigida a menores o a grupos vulnerables y el aumento de la edad mínima de acceso a 21 años.
Dominios .COM.MX
En el ámbito digital, se propone que todas las plataformas en línea operen con dominios «.com.mx», con identificación visible de su permiso, controles de identidad en tiempo real y sistemas automatizados para detectar conductas de riesgo. Además, se prevé la facultad de bloquear direcciones IP o transacciones electrónicas asociadas a operadores no autorizados.
El proyecto también introduce un esquema de sustitución gradual de permisos, de modo que cada licencia autorizará un solo establecimiento y tendrá una vigencia de 12 años, prorrogables por 10 más. El objetivo es eliminar la discrecionalidad que permitió que un mismo permiso cubriera decenas de locales y, al mismo tiempo, ordenar los mercados físico y digital.
Si se aprobara, el nuevo Instituto Nacional de Juegos y Sorteos asumiría funciones de autorización, inspección y sanción, y también mantendría un registro público de licencias y sanciones. La iniciativa contempla también la creación de un Consejo Consultivo, integrado por representantes públicos y privados, que participará en el diseño de políticas preventivas y estrategias de transparencia.
El contexto económico refuerza la importancia de la reforma. En 2024, el sector de los juegos y las apuestas en México generó aproximadamente 164.000 millones de pesos, con más de 5.400 unidades económicas activas. El segmento en línea creció de $US 600 millones de dólares en 2019 a $US 2.700 millones en 2024 y se prevé que supere los $US 3.000 millones en 2025. No obstante, se estima que cerca del 60 % de la actividad digital permanece fuera del marco regulado.
La modernización normativa no solo busca garantizar una mayor recaudación fiscal y equidad entre operadores, sino también ofrecer un entorno de seguridad jurídica y protección al consumidor. En un mercado cada vez más digitalizado, la regulación permitirá combatir la informalidad, fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros y crear condiciones que estimulen la inversión responsable.
En su exposición de motivos, el diputado Mejía Berdeja enfatiza que el nuevo marco busca «cerrar los vacíos que durante décadas permitieron discrecionalidad y abrir paso a un modelo en el que el juego se desarrolle con integridad, control y responsabilidad social».
Si el Congreso logra avanzar en su aprobación durante el próximo período legislativo, México podría dejar atrás una ley vigente desde hace casi ocho décadas y consolidar un sistema regulado que combine innovación tecnológica, protección del jugador y desarrollo económico sostenible. Este paso supondría un antes y un después en la evolución del sector y posicionaría a México como uno de los mercados más dinámicos y competitivos de América Latina.
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