El desarrollo sostenible del iGaming en Centroamérica se enfrenta a grandes desafíos, siendo la economía informal uno de los principales obstáculos, aunque este contexto también abre oportunidades para las industrias digitales emergentes.
En una región donde millones de personas aún trabajan fuera del sistema fiscal, el crecimiento de los juegos de azar en línea se produce sobre la misma base de informalidad que domina gran parte de la economía tradicional.
El iGaming ha ganado terreno gracias al aumento del acceso a Internet, los pagos digitales y el uso generalizado de teléfonos móviles. Sin embargo, su expansión a menudo ocurre sin una regulación clara ni una supervisión efectiva, lo que genera un ecosistema híbrido entre la formalidad y la informalidad.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 60 % de la población activa de Centroamérica trabaja en la economía informal, sin seguridad social ni registro fiscal. En países como Guatemala (83 %) y Honduras (82 %), la cifra es aún más alarmante, mientras que en El Salvador y Nicaragua se mantiene cerca del 70 %.
Este nivel de informalidad limita la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos, fiscalizar actividades digitales o proteger al consumidor. En este contexto, el iGaming, que depende de las transacciones electrónicas y la publicidad digital, se convierte en un ejemplo perfecto de cómo la informalidad puede trasladarse al entorno virtual.
El iGaming está en la frontera de la formalidad
El atractivo del iGaming radica en su accesibilidad. Cualquier persona con un teléfono inteligente puede apostar en plataformas internacionales, muchas de las cuales operan desde jurisdicciones con licencias flexibles o sin licencia local. Esto les permite aceptar métodos de pago alternativos, como criptomonedas o billeteras electrónicas, que eluden el sistema bancario tradicional.
Según el Informe Uplatform 2024 sobre el iGaming en Latinoamérica, gran parte de las operaciones en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua se realizan fuera de los marcos regulatorios nacionales y los flujos financieros rara vez se declaran en los sistemas fiscales locales. Esta situación provoca pérdidas tributarias, debilita la confianza de los usuarios y aumenta la brecha entre la economía formal y la digital.
Simultáneamente, los consumidores tienden a preferir estas plataformas informales debido a que ofrecen bonificaciones más generosas y menos restricciones, sin necesidad de verificar la identidad o el origen de los fondos. El problema es que esas ventajas aparentes esconden riesgos serios: falta de protección ante fraudes, ausencia de límites de gasto y exposición a publicidad no regulada.
Impacto económico y social
La informalidad del iGaming, es decir, de las actividades de apuestas en línea, genera un doble efecto. Por un lado, impide que los estados capten recursos fiscales en un sector de rápido crecimiento y, por otro, les deja sin herramientas efectivas para prevenir el blanqueo de capitales, el fraude digital y la ludopatía. Sin control ni supervisión, no es posible medir el impacto real en la economía ni aprovechar el potencial del sector para crear empleo formal.
Según el Banco Mundial (2023), si los países centroamericanos lograran reducir la informalidad laboral en diez puntos porcentuales, podrían aumentar hasta un 1,2 % su PIB anual, lo que se traduciría en una mayor recaudación y productividad. Aplicado al iGaming, esto significaría millones de dólares en ingresos fiscales que hoy se pierden en la economía informal.
La formalización del iGaming en Centroamérica requiere una estrategia integral. Para poder adaptarse a la realidad digital, los gobiernos deben actualizar sus leyes e incluir definiciones claras sobre las apuestas en línea. Además, deben establecer mecanismos de supervisión remota y adaptar los marcos tributarios.
Además, es esencial la colaboración público-privada. Los operadores internacionales pueden transferir conocimientos, herramientas de cumplimiento y mejores prácticas a los actores locales, lo que fortalecerá la capacidad institucional y tecnológica del sector.
También es necesario invertir en educación digital y prevención. Las campañas que expliquen a los jugadores los beneficios de usar plataformas reguladas (seguridad, transparencia y garantías de pago) son tan importantes como las sanciones contra los sitios ilegales. El cambio cultural hacia la formalidad comienza con la confianza.
El desafío es grande, pero la oportunidad es enorme. En una región donde la informalidad ha sido la norma, el iGaming puede marcar la diferencia: un sector donde innovación y regulación conviven, demostrando que la digitalización también puede ser sinónimo de transparencia, responsabilidad y crecimiento.
