En el panorama del juego en línea en América Latina, Honduras ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en los últimos dos años, no porque ya cuente con un marco regulatorio definido, sino porque se ha desarrollado un proceso previo en torno a un anteproyecto de ley para regular los casinos en línea. A principios de 2026, este esfuerzo se mantiene en una fase preliminar, sin haber iniciado formalmente el proceso legislativo, pero con implicaciones estratégicas que merecen atención.
A diferencia de lo ocurrido en otros mercados de la región, donde la discusión regulatoria ha avanzado hasta convertirse en proyectos de ley, el caso hondureño se caracteriza por un largo periodo de socialización política y acercamiento a los inversores que comenzó a finales de 2023 y se ha prolongado durante 2024 y 2025. Este proceso ha permitido situar al país en el centro del debate regional sobre los mercados emergentes del juego en línea, aunque todavía no hay definiciones normativas concretas.
La iniciativa ha sido impulsada principalmente por la diputada Dunia Jiménez, del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien, desde finales de 2023, ha estado presentando públicamente la idea de regular los casinos en línea como una forma de atraer inversión extranjera y generar ingresos fiscales. En octubre de 2024, las reuniones mantenidas en Tegucigalpa con grupos de inversores internacionales encabezados por el empresario Christian Luerh reforzaron la narrativa de Honduras como un «mercado virgen» con potencial para convertirse en una plataforma regional, tomando como referencia modelos internacionales conocidos.
En 2025, los medios económicos y tecnológicos locales retomaron el tema, subrayando el potencial económico de una regulación específica para los casinos en línea y la ausencia de un marco moderno que regule esta actividad. Estas publicaciones coincidieron en señalar que, a pesar del interés político y empresarial, el país sigue operando con normas que no abordan de manera integral el juego a distancia, lo que mantiene al sector en una zona de indefinición jurídica.
A finales de 2025 y principios de 2026, el anteproyecto no cuenta con número de expediente ni ha sido formalmente remitido a comisiones legislativas. En informes regionales, Honduras sigue clasificándose como un mercado sin regulación integral del juego online, lo que abre distintos escenarios posibles a corto y medio plazo.
El primero de estos escenarios es que el anteproyecto se incorpore formalmente a la agenda legislativa en 2026. Esto implicaría su presentación como proyecto de ley numerado, su asignación a las comisiones correspondientes y la apertura de un proceso de análisis con distintas dependencias del Estado. En este contexto, es previsible que el texto evolucione para incorporar elementos poco desarrollados en el discurso público, como los estándares de juego responsable, la prevención del blanqueo de capitales y las reglas sobre publicidad. Para los inversores, este escenario representa una oportunidad temprana, aunque está condicionada a la capacidad del país para crear un marco competitivo y técnicamente sólido.
Un segundo escenario, frecuente en la región, es que el anteproyecto se quede congelado. Factores como el cambio de prioridades políticas, la concentración en temas de seguridad, salud o reformas fiscales más amplias, así como eventuales resistencias sociales al juego, podrían dejar la iniciativa en punto muerto sin una resolución clara. En este caso, la expectativa a corto plazo se diluye y los actores privados tienden a interesarse por estrategias de observación, estudios de mercado o posicionamiento indirecto, mientras se monitorizan los avances en otros países latinoamericanos.
El tercer escenario plantea una evolución del anteproyecto hacia una ley más amplia sobre el juego en línea que no se limite únicamente a los casinos en línea, sino que también incluya las apuestas deportivas, el bingo, los juegos virtuales y otras modalidades de juego digitales. Este enfoque, alineado con las tendencias regulatorias observadas en otras jurisdicciones, permitiría tener una visión más integral del mercado, aunque también implicaría mayores exigencias en términos de supervisión, cumplimiento técnico y coordinación institucional. Para Honduras, este camino supondría un mayor reto regulatorio, pero también la posibilidad de posicionarse con un marco moderno y estructurado.
Más allá del escenario que finalmente se materialice, el caso hondureño ilustra una dinámica cada vez más común en América Latina: la fase previa a la regulación, en la que el debate público, la expectativa económica y el interés de los inversores coexisten durante años antes de plasmarse en normas concretas. En 2026, Honduras no es un mercado regulado de juegos online, pero sí es un país observado por la industria.
