
Mientras Europa y Asia acaparan los titulares sobre las apuestas en esports, el istmo centroamericano, sobre todo Guatemala y El Salvador, se ha convertido en un «laboratorio» para probar modelos de monetización de bajo coste antes de escalar a los grandes mercados latinoamericanos.
El negocio regional del juego en línea (iGaming) generará unos $190 millones de dólares en 2025 y crece a doble dígito, dentro de un mercado latinoamericano que la consultora ENV Media estima en $12.000 millones de dólares para 2028. Las cifras pueden parecer modestas —apenas el 0.3 % del total mundial— pero la importancia de la región radica en su agilidad regulatoria y en la juventud de su base de usuarios.
La oportunidad se entiende mejor en perspectiva global. Grand View Research prevé que el mercado mundial de las apuestas deportivas alcance los $187,000 millones de dólaress en 2030, y Vantage Market Research calcula que las apuestas ligadas a los esports sumarán $2.800 millones de dólares este año.
Si Centroamérica capta siquiera un 1 % de ese flujo, estaríamos hablando de un negocio de varios millones de dólares anuales, suficiente para atraer a operadores como Betcris o RushBet, y casas de apuestas europeas que desean probar las microapuestas en entornos de menor riesgo reputacional.
Tres fuerzas explican este auge: la conectividad móvil, la demografía y la cultura gamer.
A inicios de 2025, Guatemala tenía 20,4 millones de líneas celulares activas ‑el 110 % de penetración, y la oferta «Paquetigo Gaming» de Tigo incluye datos ilimitados para títulos como Free Fire o Roblox, lo que fomenta sesiones largas y frecuentes de juego. Según GWI, más de seis de cada diez latinoamericanos de entre 16 y 24 años ven contenido de videojuegos en streaming cada semana, una cifra muy superior a la media mundial. Para los operadores, cada hora en Twitch o YouTube es una pasarela de adquisición: el público ya está autenticado, segmentado y dispuesto a interactuar en tiempo real.
Esa interacción se traduce en productos cada vez más híbridos. RushBet, por ejemplo, ha comenzado a ofrecer cuotas en vivo para eventos especiales dentro de partidas de Valorant —primer «headshot», «ace» o MVP—, y afirma que el 28 % de sus apuestas de esports en la región provienen de mercados micromomentáneos (con menos de cinco minutos de resolución), el doble que hace un año (cifra interna compartida con los patrocinadores del torneo).
Las telecos también quieren parte del margen: Claro El Salvador, que ya patrocina clubes como el C. D. Águila, utiliza su plataforma de contenidos para integrar superposiciones interactivas de cuotas durante la retransmisión de eventos deportivos a través del móvil, lo que refuerza la idea de que el teléfono no solo conecta, sino que también monetiza.
Sin embargo, la ventaja de moverse rápido implica navegar por zonas grises.

En Guatemala, el juego sigue regulado por el artículo 477 del Código Penal de 1973, por lo que cualquier modalidad no contemplada se considera ilegal. Y el proyecto de ley para crear una Superintendencia de Juegos sigue archivado.
El Salvador permite plataformas en línea con licencias genéricas de «juegos de azar», pero no existen disposiciones específicas sobre las loot boxes o publicidad de apuestas en transmisiones en línea dirigidas a menores.
Plataformas offshore
Costa Rica, que históricamente ha sido un centro de operaciones B2B, está discutiendo parámetros de verificación facial y un impuesto especial a las ganancias, mientras mantiene una actitud laxa hacia los servidores offshore.
La ausencia de un marco homogéneo explica por qué casi el 60 % de las apuestas en línea de la región se realizan a través de sitios radicados fuera de ella, según ENV.
¿Qué viene ahora? A corto plazo, habrá más innovación impulsada por las telcos: paquetes de datos específicos, carteras prepago y créditos canjeables por skins. A medio plazo, habrá presión fiscal y exigencias de juego responsable alineadas con los estándares colombianos: autorregistro, límites de depósito y marketing restringido.
Los operadores que hoy experimentan con monedas virtuales o tokens de fidelidad deberían incorporar desde ya sistemas de trazabilidad y verificación de edad, para no tener que reescribir su arquitectura cuando llegue la normativa.

Centroamérica se ha ganado el título de laboratorio porque combina una escala manejable, usuarios nacidos en la era digital y gobiernos dispuestos a dejar «que la industria se organice». Pero la fase beta no durará para siempre. Los jugadores han demostrado que pagan por entretenimiento interactivo.
Ahora, los operadores y reguladores deben decidir si ese pago se canalizará hacia un ecosistema formal que genere empleo e impuestos o si seguirá diluyéndose en plataformas offshore. Las cartas están sobre la mesa y, como en cualquier partida, el tiempo para apostar se agota rápido.