El polémico proyecto de ley SAFE Bet Act, una propuesta de represión draconiana sobre las apuestas deportivas en EE. UU., ha vuelto de entre los muertos.
Tras su fracaso el año pasado, sus principales defensores, los disruptores demócratas el Congresista Paul Tonko y el Senador Richard Blumenthal, han vuelto a presentar el proyecto de ley, que busca proteger a los jugadores vulnerables e imponer estrictos protocolos de juego responsable.
La legislación propuesta –cuyo título completo es Supporting Affordability & Fairness with Every Bet Act (Acto de Apoyo a la Asequibilidad y la Justicia con Cada Apuesta)– efectivamente retrocedería el reloj y haría inviable gran parte de las apuestas deportivas en línea, critican sus detractores.
Tonko (Nueva York) y Blumenthal (Connecticut) alegan que unos siete millones de adultos en EE. UU., –alrededor del 2.7 por ciento de la población adulta de la nación– tienen un problema de juego, y que necesitan protección.
Desde la anulación de PASPA en 2018, ha habido una verdadera explosión de casas de apuestas digitales y juegos de azar interactivos en Estados Unidos. La Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA), una ley federal de 1992, restringía a todos los estados, excepto a un puñado de ellos, a legalizar las apuestas deportivas.
Hoy en día, 38 de los 50 estados de EE. UU., junto con Washington D.C. y el territorio estadounidense de Costa Rica, han legalizado las apuestas deportivas en línea. El juego interactivo más amplio ha sido más lento en despegar, pero continúa su avance aparentemente inexorable a través de este extenso país.
El congresista Tonko se describe a sí mismo como un “campeón en cuestiones de adicción”.
Locura de Marzo
Al comienzo de la llamada Locura de Marzo, él y su compañero demócrata, el senador Blumenthal, han relanzado su intento de convertir el SAFE Bet Act en ley federal.
“Estamos presentando este proyecto de ley por una razón simple: Hacer que las apuestas deportivas sean más seguras”, afirmó Tonko.
“El año pasado vimos a decenas de millones de estadounidenses apostar y perder casi 14 mil millones de dólares en apuestas deportivas”, continuó. “Eso representa un aumento del 25 por ciento con respecto al récord de 2023 de 11 mil millones de dólares.
“La industria etiqueta eso como ingresos, [como si] fuera un número para celebrar y venerar.
“Pero la realidad es que 14 mil millones de dólares en ingresos para la industria del juego son 14 mil millones extraídos de los bolsillos de los estadounidenses comunes.
“La preocupación aún mayor es que la mayoría de esos ingresos se obtienen del sufrimiento de un número desproporcionadamente bajo de jugadores.
“No estamos aquí hoy porque queramos impedir que la industria del juego rompa nuevos récords. Estamos aquí hoy porque es importante equilibrar la salud pública con los intereses económicos competitivos”, enfatizó Tonko.
“Pero cuando cada momento, de cada evento deportivo en todo el mundo se ha convertido en una oportunidad de apuesta en la palma de tu mano, el gobierno debe poner su deber de proteger a los ciudadanos del daño en primer lugar”.
El SAFE Bet Act se presentó por primera vez el pasado septiembre. Pero rápidamente resultó impopular, no logró ganar impulso y murió al final de la sesión del Congreso de 2024.
Draconiano
Busca implementar controles federales mínimos sobre las apuestas deportivas.
Estos controles se aplicarían a los 38 estados con apuestas deportivas legales y se dividen en tres grupos: marketing, asequibilidad e inteligencia artificial.
El proyecto de ley propuesto ha sido etiquetado previamente como “anticuado” y “injustificado” por la representante Dina Titus (D. Nevada), “inconstitucional” y “draconiano” por Sara Dalsheim, la influyente podcaster de Ifrah Law, y “arrogante” por el ex director de la División de Control de Juegos de Nueva Jersey (NJDGE), David Rebuck. Aunque busca proteger a los jugadores vulnerables, también ha sido atacado como “ir más allá” de las meras medidas de juego responsable.
La propuesta legal incluye controles de publicidad estrictos, como la prohibición de anuncios entre las 8 a.m. y las 10 p.m. y durante eventos deportivos en vivo.
Además, hay nuevas reglas sobre el lenguaje utilizado para describir bonificaciones y apuestas gratuitas.
El SAFE Bet Act también propone un esquema nacional de autoexclusión y prohibiciones de apuestas en vivo o en juego populares, bonificaciones por recarga, esquemas VIP y apuestas prop de la universidad.
Y lo más controvertido, prohibiría “el uso de IA para rastrear los hábitos de juego de un apostador y evitar el uso de IA por parte de compañías de juegos para crear las llamadas ‘microapuestas’, hechas a medida para clientes individuales”.
También busca implementar controles financieros al estilo del Reino Unido cuando los jugadores superen ciertos umbrales de gasto, a saber: 1,000 dólares (772 libras esterlinas) durante un período de 24 horas o 10,000 dólares (7,723 libras esterlinas) durante un período de 30 días. La cantidad de la apuesta del jugador, además, no debe exceder el 30 por ciento de su cheque de pago. Y ningún jugador puede hacer más de cinco depósitos en un día.
Oposición
El proyecto de ley propuesto también argumenta que todos los estados trabajen con el gobierno federal para frenar los sitios de juegos ilegales.
El acto enfrenta una oposición sustancial.
Además de cabildeo por parte de la industria de las apuestas deportivas, que lo ha llamado un “golpe en la cara a las legislaturas estatales y reguladores de juegos”, muchos legisladores de EE. UU. y figuras clave son resistentes a la intervención federal, creyendo que las apuestas deportivas son un “asunto de derechos estatales”, y no para ser establecido por el gobierno federal.
Según Sara Dalsheim, escribiendo en el blog de Ifrah Law, el SAFE Bet Act puede considerarse “inconstitucional” porque contradice el fallo Murphy de 2018 de la Corte Suprema de EE. UU.
En Murphy, la Corte Suprema dictaminó que PASPA era inconstitucional porque violaba la doctrina de anticaptación incrustada en la Constitución de EE. UU. Esta doctrina prohíbe al gobierno federal obligar a los estados a promulgar o hacer cumplir programas regulatorios federales.
Al hacerlo, el tribunal creó un nuevo principio federal, que Dalsheim afirma “no se presta a ser anulado por acción congresional”.
Hablando en la audiencia del Comité Judicial del Senado de EE. UU. del año pasado sobre las apuestas deportivas, David Rebuck, ex director de la División de Control de Juegos de Nueva Jersey, también argumentó que las apuestas deportivas deben seguir siendo un asunto de derechos estatales, agregando que la intervención federal era injustificada ya que muchos estados solo han legalizado recientemente las apuestas y no han tenido su oportunidad de “hacer bien la regulación”.
Inconstitucional
Shawn Fluharty, presidente del Consejo Nacional de Legisladores de los Estados de Juego y un defensor político clave de la legislación de juego interactivo de Virginia Occidental, destacó las restricciones de un enfoque federal en una entrevista exclusiva con iGF.
“El proceso más deliberativo sobre la legislación de juegos se está llevando a cabo en los estados, y debe permanecer en los estados”, nos dijo.
“Si viste la discusión del Comité Judicial del Senado de EE. UU. del año pasado sobre las apuestas deportivas y el SAFE Bet Act, fue un circo.
“A nivel estatal, lejos de este postureo, estamos teniendo conversaciones serias, discutiendo políticas y el camino correcto a seguir.
“Como con cualquier nueva industria, hay dificultades de crecimiento. Pero la idea de que el gobierno federal de repente se va a involucrar y salvar el día es una ilusión”.
Con obstáculos significativos por delante y muchos argumentando que el SAFE Bet Act es “innecesario” y posiblemente inconstitucional, el paso del SAFE Bet Act por el Congreso se considera difícil, si no imposible.
