La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente una decisión que podría definir el alcance de la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en 2023. Aunque el asunto estaba programado para discutirse el pasado 14 de julio, el Pleno decidió mantenerlo en lista, por lo que la industria continuará operando, por ahora, bajo el marco regulatorio vigente.
Se trata del amparo en revisión 257/2025, un caso que podría convertirse en un referente para interpretar hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo Federal para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El proyecto, elaborado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, proponía analizar la constitucionalidad de diversas modificaciones introducidas al Reglamento. Sin embargo, al permanecer en lista, la Suprema Corte no emitió un criterio y el asunto quedó pendiente para una futura sesión.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023 modificó distintos aspectos del Reglamento. Entre otros cambios, eliminó referencias a los sorteos mediante máquinas, redefinió algunos conceptos e incorporó nuevas disposiciones relacionadas con permisos y establecimientos.
Buena parte de la discusión pública se ha concentrado en el impacto sobre las máquinas tragamonedas. Sin embargo, el alcance del caso es mucho más amplio. Lo que deberá resolver la Suprema Corte es si esas modificaciones reglamentarias se mantuvieron dentro de las facultades que la Ley Federal de Juegos y Sorteos confiere al Ejecutivo Federal.
La decisión será relevante no solo para los operadores de casinos, sino también para permisionarios, proveedores tecnológicos e inversionistas que buscan comprender la evolución del marco regulatorio mexicano.
La relevancia del asunto también radica en que podría influir en la forma en que futuras reformas reglamentarias sean evaluadas por los tribunales. Más allá de las disposiciones concretas que hoy son objeto de análisis, la resolución permitirá conocer qué margen tiene el Ejecutivo Federal para actualizar las reglas de una industria que ha cambiado considerablemente desde la expedición de la ley. Para el sector, ese criterio será especialmente importante en áreas como el juego en línea, la incorporación de nuevas tecnologías y la participación de proveedores especializados, donde la regulación suele avanzar a un ritmo distinto al de la innovación y de las necesidades operativas del mercado.
El aplazamiento no modifica la situación jurídica actual. La reforma de 2023 continúa vigente y las autoridades pueden seguir aplicando sus disposiciones, salvo en aquellos casos específicos protegidos por resoluciones judiciales.
En la práctica, esto significa que la industria no enfrentará cambios inmediatos mientras la Suprema Corte define una nueva fecha para discutir el asunto.
Cuando la Corte emita una resolución definitiva, aportará mayor claridad sobre el alcance del Reglamento. Sin embargo, ello no implica que todas las situaciones jurídicas existentes cambien automáticamente, ya que los efectos de las sentencias firmes deberán analizarse conforme a cada caso.
Para las empresas que evalúan ingresar o ampliar sus operaciones en México, la resolución será un referente para interpretar el alcance de la regulación vigente. No obstante, las decisiones de inversión seguirán dependiendo del análisis de cada permiso, cada operación y cada proyecto en particular.
El caso refleja la rapidez con la que evoluciona la industria frente a un marco jurídico concebido hace varias décadas. Recordemos que la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicada en 1947.
Por ello, la discusión no debe entenderse únicamente como un litigio sobre una reforma reglamentaria. También forma parte de un proceso institucional mediante el cual autoridades y tribunales están definiendo cómo deben interpretarse normas creadas para un mercado muy distinto al actual.
México continúa siendo uno de los mercados de juego más relevantes de América Latina gracias al tamaño de su economía, l
a consolidación de la industria presencial y el crecimiento sostenido del segmento digital. Ese potencial explica por qué el país sigue atrayendo el interés de operadores, proveedores tecnológicos e inversionistas internacionales.
El aplazamiento no reduce el potencial del mercado mexicano, pero sí confirma la importancia de entender cómo evoluciona su regulación.
Para los operadores y proveedores que buscan crecer en el país, el conocimiento local, la planeación estratégica y la capacidad de adaptación seguirán siendo elementos fundamentales para convertir ese potencial en oportunidades de largo plazo.
La resolución de la Suprema Corte llegará en algún momento. Lo verdaderamente relevante para la industria será el criterio que deje establecido y la manera en que ese precedente contribuya a ofrecer mayor certidumbre para la evolución del mercado mexicano en los próximos años.
