
Iliana Pineda es la Chief Legal Officer y Compliance Officer de Wplay en Colombia, operador licenciado por Coljuegos y gestionado por Aquila Global Group S.A.S.
Desde su rol, Pineda lidera la gestión integral de los asuntos legales de la compañía, además de estar al frente del diseño e implementación del sistema de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT y sus equivalentes internacionales).
En una conversación con IGF, Pineda compartió su visión sobre el mercado colombiano, los desafíos regulatorios, los mecanismos de monitoreo y el crecimiento que ha experimentado tanto la industria como Wplay en los últimos años.
También abordamos lo que depara el futuro para la regulación del juego en línea en el país, en un contexto donde el iGaming continúa rompiendo barreras y desafiando antiguos tabúes.
IGF: ¿Cuáles son los mayores desafíos legales que enfrentas al operar en Colombia?
IP: Para mí, el mayor desafío es lograr un equilibrio real entre el cumplimiento estricto del marco normativo y los objetivos comerciales de la operación. Colombia es un país con un régimen regulatorio riguroso en materia de juegos de suerte y azar, y eso exige que cada decisión de negocio esté alineada con las normas vigentes.
Mi rol consiste en asegurar que el crecimiento comercial se dé dentro de los límites que establece la ley. Creo firmemente que es posible innovar y competir en el mercado sin renunciar al cumplimiento normativo, y esa ha sido siempre la base de mi gestión.
IGF: ¿Cómo equilibras el crecimiento comercial con la cautela regulatoria en Colombia?
IP: Desde mi rol como Oficial de Cumplimiento y Directora Jurídica, asumo la responsabilidad de garantizar que el crecimiento del negocio se desarrolle dentro de un marco de cumplimiento normativo riguroso, sin perder de vista las necesidades comerciales.
Acompaño al equipo desde la fase de estructuración de cada iniciativa, asegurándome de que los riesgos regulatorios sean identificados y gestionados de forma anticipada. No se trata de limitar, sino de habilitar el desarrollo comercial mediante soluciones jurídicas innovadoras, claras y viables.
IGF: ¿Cómo monitoreas el comportamiento continuo de los jugadores para detectar posibles problemas de juego o fraudes?
IP: Como Oficial de Cumplimiento, una de mis principales prioridades es asegurar un monitoreo constante y efectivo del comportamiento transaccional y conductual de los jugadores. Para ello, contamos con equipos especializados que utilizan herramientas analíticas avanzadas e inteligencia artificial, lo que nos permite identificar patrones, detectar anomalías y anticipar posibles conductas fraudulentas o indicios de juego problemático.
Aplicamos modelos de segmentación de riesgo basados en variables como la frecuencia y el monto de los depósitos, el tiempo de conexión y los cambios abruptos en los hábitos de juego. Este enfoque nos permite mantener un control estricto y alineado con los más altos estándares regulatorios, garantizando así la integridad del sistema, la protección del usuario y el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales.
IGF: ¿Cómo gestionas la relación entre tu equipo interno de cumplimiento y los proveedores de tecnología o afiliados externos?
IP: Mi equipo de cumplimiento opera bajo una premisa fundamental: el cumplimiento normativo no es negociable y debe integrarse de forma transversal en toda la cadena de valor.
Por eso, mantenemos canales de comunicación activos y estructurados con todos nuestros proveedores y terceros, lo que nos permite realizar un seguimiento constante, verificar su alineación con los requerimientos regulatorios y exigir, cuando corresponde, los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento.
Esta labor se complementa con una supervisión rigurosa de las relaciones contractuales y una gestión preventiva de los riesgos.
IGF: ¿Cuál es tu estrategia para gestionar la seguridad de los datos, especialmente en lo relacionado con los sistemas de pago y la información de los usuarios?
IP: Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de nuestros usuarios es una prioridad estratégica, porque de ello depende no solo el cumplimiento normativo, sino también la confianza del usuario y, en consecuencia, la credibilidad de la empresa.
La seguridad de la información es un pilar fundamental para sostener la reputación de una operación como la nuestra, altamente expuesta a riesgos tecnológicos y regulatorios.
Contamos con un Oficial de Seguridad de la Información que monitorea de forma permanente posibles amenazas o vulnerabilidades, lo que nos permite anticipar y mitigar riesgos de manera preventiva.
Adicionalmente, todos nuestros contratos, tanto con proveedores tecnológicos como con terceros vinculados a la operación, incorporan cláusulas específicas sobre protección de datos y confidencialidad, exigiendo el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales aplicables.
IGF: ¿Cuál es tu enfoque para gestionar las relaciones con los reguladores del juego: reactivo o proactivo?
IP: Mi enfoque es absolutamente proactivo. Considero que la relación con el regulador debe construirse sobre la base de la transparencia, la disposición permanente al diálogo y el cumplimiento oportuno.
No espero a que surjan requerimientos para actuar; por el contrario, me anticipo a los cambios normativos, participo activamente en espacios técnicos cuando se convoca al sector y mantengo una comunicación constante y respetuosa con Coljuegos.
Desde el área jurídica y de cumplimiento, trabajamos para que cada entrega, informe o certificación no sea una obligación aislada, sino parte de una estrategia integral que refuerce la confianza del regulador en nuestra operación.
Esta postura no solo nos permite prevenir sanciones o reprocesos, sino también posicionarnos como un operador serio y comprometido con el cumplimiento y el desarrollo legal y sostenible del sector.
IGF: ¿Qué papel juega el equipo legal en el desarrollo de producto, especialmente al lanzar nuevas funciones o mecánicas de apuestas?
IP: Desde mi doble rol como Oficial de Cumplimiento y Directora Jurídica, el equipo legal participa activamente en la construcción y revisión de los acuerdos de confidencialidad (NDA), contratos comerciales y demás documentos jurídicos necesarios para la vinculación de nuevos proveedores o nuevos productos.
Esta intervención permanente permite facilitar la integración de los aliados tecnológicos dentro de un marco contractual claro y alineado con las exigencias regulatorias del sector.
A su vez, desde el área de cumplimiento, lideramos el acompañamiento en los procesos de certificación técnica ante laboratorios autorizados, garantizando que los nuevos productos o proveedores cumplan rigurosamente con las condiciones establecidas por Coljuegos.
También somos los responsables de gestionar directamente las solicitudes formales de autorización para la incorporación de nuevos juegos y proveedores ante el regulador, asegurando que cada implementación se realice con el aval previo correspondiente y dentro del marco normativo vigente.
IGF: ¿Cuál es tu mayor preocupación legal o de cumplimiento en el horizonte para el mercado colombiano?
IP: Mi mayor preocupación está relacionada con la predisposición y el desconocimiento que aún persisten en torno al sector de juegos de suerte y azar en línea.
A pesar de que esta es una industria altamente regulada, con operadores debidamente autorizados y vigilados permanentemente por el Estado, sigue existiendo una percepción negativa que muchas veces se traduce en decisiones normativas o fiscales que no consideran las particularidades técnicas y operativas del sector.
Como Oficial de Cumplimiento y Directora Jurídica, he visto cómo este desconocimiento puede derivar en cargas desproporcionadas, barreras para la innovación o incluso en la falta de mecanismos eficaces para diferenciar a los operadores legales de los ilegales.
Por eso, creo que uno de los principales objetivos es seguir fortaleciendo el relacionamiento con el regulador, aportar en procesos de construcción normativa y posicionar al operador como un actor comprometido con el cumplimiento, la transparencia y el desarrollo responsable de la industria.