Aumento impositivo al juego en Brasil crea rechazo e inseguridad


El reciente anun­cio del gob­ier­no brasileño de ele­var del 12% al 18% el impuesto sobre los ingre­sos bru­tos del juego (GGR) para las apues­tas deporti­vas en línea ha gen­er­a­do una fuerte reac­ción de rec­ha­zo en el sec­tor.

Las aso­cia­ciones de la indus­tria del juego se pro­nun­cia­ron enér­gi­ca­mente con­tra el aumen­to prop­uesto, argu­men­tan­do que el sec­tor ya apor­ta sig­ni­fica­ti­va­mente a las arcas públi­cas: 4.000 mil­lones de reales en impuestos y con­tribu­ciones sociales, además de 2.400 mil­lones de reales en tasas de licen­cias en lo que va de 2025.

El Insti­tu­to Brasileño de Juego Respon­s­able (IBJR) cal­i­ficó la medi­da de ina­cept­able y advir­tió que podría invi­a­bi­lizar las opera­ciones de muchas empre­sas que han con­fi­a­do e inver­tido en el mer­ca­do reg­u­la­do brasileño. La prop­ues­ta, según el Insti­tu­to, gen­era inse­guri­dad jurídi­ca y ame­naza los ingre­sos públi­cos.

Aso­cia­ciones como IBJR y ABRAJOGO han aler­ta­do que este esce­nario podría socavar el pro­ce­so de reg­u­lar­ización del que va en buen camino y corre el riego de provo­car una migración tan­to de oper­adores como de jugadores hacia platafor­mas clan­des­ti­nas que aún rep­re­sen­tan la mitad de los sitios de apues­tas.

Con­sul­ta­dos por iGam­ing­Fu­turo, ejec­u­tivos de empre­sas autor­izadas a oper­ar en Brasil dec­li­naron comen­tar el aumen­to de la car­ga impos­i­ti­va, dicien­do que la decisión del gob­ier­no ya era un hecho, ya esta­ba toma­da y pre­firieron no comen­tar.

“Esto es un prob­le­ma muy serio,” dijo un ejec­u­ti­vo de un oper­ador que pidió per­manecer en el anon­i­ma­to.

“En lugar de incen­ti­var el mer­ca­do reg­u­la­do, lo están sofo­can­do. Las platafor­mas no autor­izadas se están mul­ti­pli­can­do cada sem­ana, y con una car­ga fis­cal acu­mu­la­da que ya supera el 40%, resul­ta casi imposi­ble oper­ar de for­ma rentable y sostenible,” se que­jó.

Y señaló que la políti­ca fis­cal actu­al no solo desin­cen­ti­va la inno­vación y la com­pe­ten­cia leal, sino que tam­bién fomen­ta el crec­imien­to del mer­ca­do negro: “Las com­pañías serias no pueden sobre­vivir en estas condi­ciones, mien­tras que las no reg­u­ladas seguirán expandién­dose.”

El aumen­to es parte de un nue­vo paque­te fis­cal prop­uesto por el Min­is­te­rio de Hacien­da para com­pen­sar la caí­da de ingre­sos tras el rec­ha­zo leg­isla­ti­vo al aumen­to del impuesto financiero IOF.

Actual­mente, el sec­tor de apues­tas en línea en Brasil ya enfrenta una ele­va­da car­ga fis­cal que incluye, además del impuesto a los ingre­sos bru­tos de juego (GGR), otros impuestos como PIS/COFINS, ISS y trib­u­tos cor­po­ra­tivos. Según cál­cu­los del sec­tor, la car­ga impos­i­ti­va total super­aría el 50% de los ingre­sos, lo que ame­naza seri­amente la via­bil­i­dad de oper­ar bajo el mar­co reg­u­la­to­rio vigente.

El caso de Brasil recuer­da a expe­ri­en­cias en país­es europeos como Italia, España y Sue­cia, donde políti­cas fis­cales exce­si­vas sobre el juego online provo­caron el efec­to con­trario al esper­a­do: una caí­da en la recau­dación y un auge de platafor­mas ile­gales.

De man­ten­erse esta ten­den­cia en Brasil, los exper­tos advierten que el país corre el ries­go de des­man­te­lar el pro­gre­so logra­do has­ta aho­ra en la reg­u­lación de un mer­ca­do que, en sus primeros meses de operación for­mal, ya ha apor­ta­do miles de mil­lones de reales al fis­co.

El desafío para el gob­ier­no será encon­trar un equi­lib­rio entre la necesi­dad de aumen­tar ingre­sos fis­cales y la urgen­cia de pro­te­ger un eco­sis­tema de apues­tas que ape­nas empieza a con­sol­i­darse.

Si no se ajus­ta el rum­bo, el sec­tor podría enfrentarse a un pun­to de inflex­ión que lo devuel­va a la infor­mal­i­dad y socave la cred­i­bil­i­dad del mar­co reg­u­la­to­rio brasileño.

A prin­ci­p­ios de 2025, los oper­adores con licen­cia pagaron R$30 mil­lones cada uno por una licen­cia de cin­co años, lo que rep­re­sen­ta más de R$2.300 mil­lones ya recau­da­dos por el gob­ier­no. La plan­i­fi­cación e inver­sión de la indus­tria se basaron en la tasa impos­i­ti­va vigente del 12%. Cualquier cam­bio a mitad del con­tra­to, argu­men­ta el IBJR, soca­va el equi­lib­rio económi­co y financiero del acuer­do y ero­siona la con­fi­an­za en el mar­co reg­u­la­to­rio.

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