En la lucha contra las operadoras cladestinas que aún siguen activas en Brasil, hay que ir al jugular. Y el flanco vulnerable del juego ilegal es su sistema de pagos y canales financieros.
Por eso, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) publicó una ordenanza el viernes que busca apretar los tornillos: el nuevo reglamento les da a las instituciones financieras y de medios de pago 24 horas para denunciar cualquier caso sospechoso de apuestas ilegales con cuotas fijas.
Es más, estas entidades deberán rechazar las apuestas ilegales y no podrán ejecutar los depósitos o ganancias financieras de apostadores que juegan a través de operadores no autorizados a funcionar en Brasil, de lo contrario podrán ser sancionadas.
La ordenanza regula la ley 14.790 del 2023 que ya prohibía las cuentas transaccionales que contienen el dinero y los premios de los apostadores: “Los establecimientos de acuerdos de pago no pueden mantener cuentas transaccionales de operadores ilegales ni realizar operaciones de depósito y pago de primas.”
El mercado negro sigue fuerte en Brasil. En los primeros dos meses de este año, se registraron más de 6 millones de visitas a sitios de apuestas ilegales, supuestamente bloqueados por el gobierno. En muchos casos son sitios web operados desde China. Pese a que sólo representan el 1% del total de 2.000 millones de visitas al mercado legal brasileño en ese período, estas plataformas podrían haber movido alrededor de R$70 millones (US$12 millones), según estimados de Aposta Legal, que monitorea al sector de juego.
El jefe de la agencia reguladora SPA, Secretario Regis Dudena, ya había enviado en febrero 22 notificaciones a instituciones financieras y de pago advirtiéndoles que estaban siendo utilizadas por operadores de apuestas ilegales.
“La nueva medida, junto con la eliminación de los sitios web y los anuncios publicitarios ilegales, será un refuerzo fundamental en la lucha contra quienes quieren actuar sin autorización y para la protección de los apostadores, ya que pretende impedir que estos sitios web, que ponen en riesgo la economía y las finanzas de las personas, puedan recibir recursos financieros, cerrando el cerco a las actividades ilegales”, afirmó Dudena.
Las obligaciones de la nueva ordenanza no se apartan de la legislación y normativa vigentes para combatir el lavado de dinero, el financiamento del terrorismo y las armas que siguen aplicándose por igual.
La ordenanza de la SPA sobre sanciones aclara que el regulador puede imponer una multa de entre 0,1 % y 20 % de los ingresos, con una sanción máxima de R$ 2.000 millones de reales (US$352 millones).
