Colombia: Gobierno mantiene impuesto de 19 por ciento a jugadores online


La Procu­raduría avaló el decre­to pres­i­den­cial que establece un IVA del 19 % sobre las apues­tas y jue­gos en línea en Colom­bia, siem­pre que los recur­sos recau­da­dos se ori­en­ten a apo­yar a la región del Cata­tum­bo, una zona gol­pea­da por el con­flic­to arma­do. Según el organ­is­mo, la medi­da es con­sti­tu­cional y ade­cua­da, ya que su propósi­to es respal­dar ini­cia­ti­vas human­i­tarias y de seguri­dad en esa área del país.

En cuan­to a la indus­tria, el IVA ha afec­ta­do tan­to a los usuar­ios como a los oper­adores. Según un informe de SBC, la imple­mentación del impuesto provocó una caí­da del 30 % en la activi­dad del sec­tor durante el primer mes de vigen­cia.

A su vez, los jugadores están optan­do por realizar sus apues­tas en sitios no reg­u­la­dos en el país, lo cual podría gener­ar un gran con­flic­to en un mer­ca­do que aún bus­ca con­sol­i­darse y posi­cionarse. 

En el mis­mo informe, Fecoljue­gos infor­mó que el pre­supuesto men­su­al des­ti­na­do a apues­tas online en platafor­mas reg­u­ladas —que rond­a­ba entre 150.000 y 250.000 pesos colom­bianos— se redu­jo en un 50 %, dejan­do al sec­tor en un esta­do de incer­tidum­bre y reflex­ión.

Los oper­adores locales se han vis­to oblig­a­dos a ofre­cer bonos de bien­veni­da muy altos para poder com­pe­tir con los sitios ile­gales.

De cara al futuro, el impacto del IVA del 19 % sobre las apues­tas online en Colom­bia podría con­ver­tirse en un pun­to de inflex­ión para la indus­tria, obligan­do a los actores del sec­tor y al Gob­ier­no a repen­sar el mod­e­lo reg­u­la­to­rio.

Si bien el obje­ti­vo de finan­ciar ini­cia­ti­vas en regiones vul­ner­a­bles como el Cata­tum­bo es loable, el ries­go de incen­ti­var el uso de platafor­mas ile­gales rep­re­sen­ta una ame­naza sig­ni­fica­ti­va para la sosteni­bil­i­dad del eco­sis­tema legal.

En este con­tex­to, Colom­bia deberá encon­trar un equi­lib­rio entre recau­dar impuestos y man­ten­er la com­pet­i­tivi­dad del mer­ca­do reg­u­la­do, posi­ble­mente explo­ran­do mecan­is­mos de com­pen­sación fis­cal o incen­tivos para oper­adores que pro­mue­van el juego respon­s­able.

Una evolu­ción pos­i­ti­va del mar­co nor­ma­ti­vo podría con­sol­i­dar al país nue­va­mente como un ref­er­ente region­al en reg­u­lación inteligente y desar­rol­lo sostenible del iGam­ing.

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